Ante la arbitrariedad con que el Gobierno prevé distribuir el refuerzo presupuestario de 2017 para las universidades –de las 55 instituciones nacionales, la propuesta del oficialismo sólo beneficia a 21–, los rectores llevaron sus reclamos al Congreso para modificar la situación. Las autoridades académicas se reunieron con legisladores de la Comisión de Presupuesto del Senado para pedir un reparto equitativo de los 1029 millones de pesos correspondientes a la llamada “planilla B” del presupuesto. Tras las gestiones de los rectores, los senadores analizan diferentes alternativas.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Guillermo Tamarit, dijo a este diario que hasta ahora hay tres posibilidades. La más negativa sería que ya no se pueda volver atrás –para no paralizar la aprobación del presupuesto nacional– y que la planilla quede como está. Otra variante sería que el Poder Ejecutivo tuviera en cuenta a las universidades que quedaron excluidas y asigne fondos para equilibrar el financiamiento. La tercera opción sería que se apruebe otra ley para compensar el desfasaje.  
“Propusimos hacer una ley correctiva, dejando la misma asignación como refuerzo para las universidades, pero para que se distribuya mediante el modelo de pautas objetivas del CIN, porque está consensuado por todas las universidades. Tirar para atrás el presupuesto sería mucho más complejo”, explicó a PáginaI12 Ana Jaramillo, recorta de la Universidad Nacional de Lanús, quien fue la encargada de realizar la exposición del caso antes los senadores, en representación de 24 universidades, en su mayoría conducidas por sectores afines al peronismo. Por su lado, los rectores cercanos al bloque radical también iniciaron gestiones en la Cámara alta.
La senadora María Ester Labado, del FpV, presentó un proyecto para que los 1029 millones sean distribuidos entre las 55 universidades nacional con el modelo acordado por el CIN. “La autonomía universitaria ha enfrentado siempre restricciones de diversa índole –se argumenta en el proyecto–. En particular por su fuerte dependencia de los aportes del Tesoro, y por la forma discrecional de su distribución, tornando vulnerable las posibilidades de un desarrollo independiente, sustentable y verdaderamente autónomo. El artículo 12° tal como se encuentra en la Ley de Presupuesto es una muestra clara de la restricción recién nombrada, cuando los montos asignados a las universidades no fueron consensuados ni derivados del CIN.”
Un senador del FpV contó que se están analizando diferentes opciones para evitar una distribución injusta de los recursos, aunque reconoció que es muy difícil crear una nueva ley asignando más presupuesto. Como alternativa, sugirió que parte del presupuesto del Ministerio de Educación sea transferido a las universidades excluidas, o que se mantenga el monto de 1029 millones pero repartido entre las 55 universidades –ahí apunta el proyecto presentado por Labado–. Además, no descartó que la discusión pueda retomarse en 2017, ya que estos refuerzos siempre son girados una vez avanzado el año. 
La discusión presupuestaria se mezcló en los últimos días con el malestar que generó en el CIN la denuncia masiva de un fiscal contra 52 universidades, por supuesta malversación de fondos, sin presentar pruebas ni indicios. “Están intentando desprestigiar a la universidad pública –advirtió Jaramillo–. Empiezan a decir que en las universidades hay ladrones y, con esa lógica, está bien recortar el presupuesto, para qué les van a dar fondos si roban.”

Informe: Gastón Godoy.