Era un viaje de rutina que se convirtió en un infierno. A pocas horas de haber llegado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, procedente de La Paz, lugar donde reside, el abogado Jorge Tellería fue secuestrado y torturado por un comando ultraderechista que lo abordó en plena calle a muy pocos metros de las oficinas centrales de Impuestos en esa ciudad.

Quienes atraparon a Tellería lo llevaron amordazado hasta una quinta (pequeña hacienda) donde se lo golpeó, quemó los brazos con cigarrillo y para que no pudiera huir le realizaron cortes en la planta de los pies. La información que querían saber sus captores tenía que ver con claves de ingreso al sistema de Impuestos Nacionales Bolivianos.

Era la tarde del 30 de diciembre y al percatarse que, a pesar de haber ingresado en la laptop del abogado, no había forma de conseguir datos confidenciales de la entidad cobradora de impuestos, ni mucho menos alterar información ahí existente, Tellería fue llevado hasta la ciudad y abandonado en la puerta de una embajada.

Este es el testimonio de la víctima otorgado a la Agencia Boliviana de Noticias ABI: “Me ahorcaron, me apuñalaron, me quemaron, me rociaron con diferentes tipos de combustible: gasolina, diésel, clefa. Me robaron mi celular, laptop, pese a que me dijeron que no me quitarían mis cosas. Como no quería darles las claves de mi celular, llamaron a los de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista, dependiente del Comité Pro Santa Cruz Nota de redacción), quienes llegaron en una vagoneta celeste y me meten ahí. Me pusieron una capucha y me llevaron a una quinta. Me suben al segundo piso, me hacen sentar en una silla. Me queman los brazos, me cortan en los dedos. Mojaron una manta y me la pusieron en la cara para provocarme ahogamiento al menos en tres oportunidades. Me apuñalaron en las plantas de mis pies para que no pueda escapar. Lo único que quería en ese momento era volver con mi familia, al lado de mi pequeño hijo. Eso me ayudó a sobrevivir”, contó Tellería.

Los unionistas llamaron a la esposa de Tellería para confirmar toda la información que obtuvieron mediante la tortura. Cuando se dieron cuenta de que el abogado no tenía la información clasificada que buscaban, lo sacaron del lugar.

Tellería fue auxiliado y llevado a un hospital de emergencia. A mediodía del sábado 31 de diciembre arribó a La Paz donde lo esperaban su esposa y sus padres, quienes exigieron justicia.

El último día del 2022 se pudo apreciar las fotos del abogado torturado que fue trasladado hasta la sede de gobierno. En ellas se ve las heridas, pero también se logró fotografiar a sus captores. La Policía investiga a los delincuentes.

La ligazón camachista

Y también se indaga sobre la posible relación de este grupo con claro entrenamiento paramilitar y el camachismo. La pista está en las deudas que tiene la familia de Luis Fernando Camacho y él mismo con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Producido el golpe de Estado en noviembre de 2019, el ahora gobernador de Santa Cruz y flamante preso en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, negoció la dirección nacional del SIN para que esta recayera en manos de uno de los subgerentes de su empresa de seguros: Mario Nava Morales,

Recuperada la democracia se restableció a Mario Cazón en la dirección de Impuestos y éste denunció a su antecesor de tiempos de la dictadura añista: “Luis Fernando Camacho puso a Mario Renato Nava Morales Carrasco como presidente del SIN en el gobierno de facto, hoy sigue siendo funcionario de Camacho en una de sus empresas, específicamente en la Empresa Sociedad Boliviana de Inversiones. Fue subgerente Corporativo Tributario, hoy, sigue siendo su funcionario”.

Agrega que: “En su gestión Mario Renato Nava Morales Carrasco anuló tres fiscalizaciones en Santa Cruz, y las investigaciones de Impuestos Nacionales, han detectado desviaciones en el comportamiento tributario (del NIT) del Señor Luis Fernando Camacho. Y eso establece que debemos generar una orden de fiscalización como lo hacemos todos los días a las personas y a las empresas”.

Actualmente, el caso se encuentra en la última instancia judicial en la ciudad de Sucre.

Pero además el gobernador de Santa Cruz y su familia también tienen un juicio por incumplimiento de contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a través de su empresa SERGAS que era la encargada de la distribución de gas a Santa Cruz. La empresa estatal pide 11,5 millones de dólares de indemnización.

Sigue el dinero

El actual ministro de gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció que, en los días del golpe, fuertes sumas de dinero se movieron en las cuentas bancarias de Camacho y su familia y que uno de los beneficiarios fue el por entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, el hombre que destapó el escándalo del contrabando de armamento no letal enviado por Mauricio Macri al gobierno de Jeanine Añez.

Que el acto ilegal esté bancarizado muestra hasta qué punto los actores del golpe se sentían impunes. De todas maneras los depósitos fueron fraccionados para que no ingresa al control de las autoridades.

Horas antes de las declaraciones de Del Castillo, en Miami, un juez condenaba a 70 meses de prisión por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a Arturo Murillo, el hombre fuerte de la dictadura añista.

Autoridades bolivianas dicen que lo anunciado es apenas la punta del iceberg pues se investiga a empresarios y propietarios de medios de comunicación que financiaron el golpe.

El 2020, Página 12 denunció irregulares vuelos realizados al Brasil por el avión presidencias el 11 de noviembre cuando no existía presidente en Bolivia. La hipótesis es que fue a recoger dinero, instrucciones y armas del bolsonarismo.