Al menos 16 personas resultaron heridas en las últimas horas por enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que quisieron tomar un aeropuerto en la ciudad peruana de Juliaca, en el sur del país. La represión se produjo en el marco de las protestas que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
La Defensoría del Pueblo confirmó que cuatro efectivos y 12 civiles terminaron con lesiones por los choques en la frustrada toma de la terminal aérea Inca Manco Cápac, que igualmente fue cerrada temporalmente por motivos de seguridad.
Según el medio local RPP, los manifestantes llegaron a la terminal lanzando piedras y otros objetos con la idea de ingresar a la pista de aterrizaje, y en ese intento quemaron además un coche policial, mientras que los efectivos respondieron con gases lacrimógenos.
Los heridos fueron trasladados al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde también se dirigió un representante de la Defensoría del Pueblo para verificar las atenciones que reciben y reconstruir lo ocurrido.
El centro de salud informó en un comunicado subido en su cuenta de Facebook que dos de los cuatro policías internados "se encuentran en estado crítico, a la espera de ser evacuados a Lima en una ambulancia aérea por presentar traumatismo cervical y traumatismo ocular".
"Asimismo, un civil herido de bala se encuentra en el área de trauma shock, con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente por parte del personal de salud. Los demás heridos se encuentran estables y algunos ya fueron dados de alta", añadió. El hospital pidió además "respetar la labor del personal de salud" al denunciar que una ambulancia que ayudó a socorrer a los heridos recibió el "apedreamiento por parte de los manifestantes".
Por su parte, el operador Aeropuertos Andinos de Perú confirmó el cierre temporal del aeropuerto debido a las protestas antigubernamentales: "Inca Manco Cápac de Juliaca ha suspendido sus operaciones desde hoy ante los actos de violencia suscitados y la falta de seguridad en sus inmediaciones que ponen en riesgo la seguridad de nuestro equipo y pasajeros".
Un mes convulsionado
Las protestas comenzaron hace un mes tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, decidida por el Congreso unicameral luego del intento de disolver ese órgano en un contexto de disputas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, un maestro rural que tras ser destituido fue detenido para ser investigado por rebelión y permanece bajo prisión preventiva por 18 meses. Las violentas protestas se desataron principalmente en el centro y sur del país, donde el exgobernante tiene apoyo, y fueron duramente reprimidas por policías y militares, lo que desató un generalizado repudio, incluso de organismos internacionales.
El Ministerio Público de Perú (Fiscalía) dispuso ayer realizar diligencias previas para atender las denuncias presentadas contra Boluarte y dos ministros de su gabinete por las muertes de civiles durante esas protestas que se mantienen, pese a que el nuevo Gobierno decretó el estado de emergencia.
La iniciativa responde a las denuncias penales presentadas en diciembre por cuatro abogados del departamento sureño de Ayacucho, donde ocurrieron la mayoría de las muertes.
Unos 63 bloqueos "con tránsito interrumpido" se mantienen este sábado en nueve regiones del país en el cuarto día de la nueva ola de protestas retomadas tras la tregua por las fiestas de Año Nuevo. Así lo informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que precisó además que hay 13 autopistas nacionales afectadas.
