Al supuesto hackeador de Marcelo D'Alessandro lo había contratado Patricia Bullrich

En su desesperado intento por tapar la guerra de Juntos por el Cambio (JxC), los legisladores opositores intentaron adjudicarle el hackeo del celular de Marcelo D’Alessandro a una mesa militar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En el apuro apuntaron a RGR (se preserva el nombre y apellido por la Ley de Inteligencia), un profesional de doble apellido español, que fue designado por Patricia Bullrich el 9 de marzo de 2018 en el cargo de Coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo de la Dirección de Investigaciones de la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad, la cartera que presidía Bullrich. 

El hombre trabajó con la presidenta del PRO hasta el final del mandato. O sea, antes era un profesional de primer nivel y ahora lo tildan de hackeador de la interna opositora. El otro supuesto integrante de la inexistente mesa militar de la AFI es RR un profesor de historia rosarino, referente de la agrupación tradicional de Agustín Rossi, el titular de la AFI, y que lo viene acompañando en todos los cargos a los que accedió Rossi. 

Ni uno ni otro son militares. Ante la pifiada, los diputados opositores anunciaron un nuevo pedido de informes que será tratado por la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Mientras tanto, salió al rescate el procesado fiscal Carlos Stornelli, quien impulsó una investigación que apunta a Rodolfo Tailhade adjudicándole a él la operación de inteligencia de los hackeos. Stornelli pidió numerosas medidas de prueba, nacionales e internacionales, algo que llama la atención teniendo en cuenta que cuando el imputado era Gerado Milman apenas escribió tres páginas a desgano. 

Bullrich designó oficialmente al supuesto hackeador

En la carrera por amortiguar el escándalo y con letra de exjefes de Inteligencia, la oposición presentó un primer e improvisado pedido de informes. Mencionó la existencia de una mesa militar que habría concretado los hackeos. El texto no aporta ni la más mínima evidencia.

Pero lo curioso es que uno de los dos protagonistas de la mentada mesa trabajó durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri en el Ministerio de Seguridad. No lo designaron a las escondidas: su nombramiento está publicado el 9 de marzo de 2018 con el Nivel B, grado 0, “autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del Sistema de Empleo Público”.

El puesto en el que lo puso Bullrich no era menor. Se venía la reunión del G20 en Buenos Aires y se requería alguien de cierto nivel para la investigación del terrorismo. Sin embargo, a quién trabajó en ese momento con la presidenta del PRO ahora le achacan ser responsable de la incursión en el celular de D’Alessandro. 

En verdad, es un acting: todos saben que se trata de la interna Macri-Bullrich-Rodríguez Larreta.

Va de nuevo: otro pedido de informes

En la semana que pasó, los diputados opositores presentaron otro pedido de informes. No tiene ingredientes distintos al primero ni prueba alguna. La Comisión Bicameral, que preside Leopoldo Moreau, tratará el nuevo pedido y decidirá si corresponde mandarlo a la AFI. 

A diferencia del primer pedido, enviado por Moreau a Rossi de inmediato, a raíz de las filtraciones, esta vez el texto será evaluado en una reunión plenaria y recién después se enviaría a la AFI. El encuentro se va a hacer cuando vuelva la actividad parlamentaria.

Una causa judicial de gente amiga

Como parte de las cortinas de humo, D’Alessandro presentó una denuncia como víctima del hackeo. Como es obvio, no apuntó ni a Macri ni a Bullrich.

Al tratarse de época de feria judicial, Stornelli subroga al fiscal Eduardo Taiano. En realidad debía intervenir Carlos Rívolo que se excusó porque figura en el listado de contactos frecuentes de D’Alessandro, lo que ya pinta las familiaridades. 

La subrogancia terminaba el viernes. De manera que Stornelli corrió a presentar el requerimiento de investigación, tampoco contra su amigo Macri ni contra Bullrich, sino contra Rodolfo Tailhade, el diputado del Frente de Todos. 

Cuando Stornelli tuvo que impulsar la acción contra Milman -encontraron a una joven muchacha, manejando el auto de una empresa privada, pero con tarjeta azul a nombre del diputado- escribió tres breves páginas. Y había cancha para avanzar: las designaciones de las jovenes muchachas, las facturas descomunales, los gastos inexplicables. En cambio esta vez pidió un largo listado de medidas. Los amigos se ven en las malas.

Como jueza del caso estaba, esta semana, María Eugenia Capuchetti, cuestionada por trabajar para un Instituto que comandaba D’Alessandro. Más amigos en el convite. De todas maneras, el expediente quedará a cargo de Daniel Rafecas a partir de la segunda quincena de enero