En Argentina solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes necesarios para jubilarse. Así, una moratoria previsional deja de ser una política excepcional para transformarse en una de tipo estructural que atiende a los objetivos del sistema de seguridad social argentino que busca garantizar una cobertura universal. El proyecto de moratoria jubilatoria que tiene media sanción en el Senado y fue impulsado por el kirchnerismo será debatido en sesiones extraordinarias para su sanción en Diputados en la segunda quincena de enero. Actualmente, la moratoria 2014 está suspendida.

En Argentina solo una de cada 10 mujeres en edad de jubilarse y tres de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes necesario, es decir más de 20 años lo cual viabiliza el trámite. Pero si se contabilizan más de 25 años de aportes, apenas siete de cada 100 mujeres y dieciseis de cada 100 hombres cumplen con lo requerido, según datos oficiales procesados por el CEPA a mediados de 2022 cuando se debatía la moratoria en el Congreso.

Jubilarse en Argentina en estos términos es prácticamente imposible y lo cierto es que aun alcanzar entre 18 y 12 años de aportes para ingresar en una moratoria, como lo exige la actualmente vigente (Ley 24.476), es una situación difícil de cumplir.

"El financiamiento es secundario"

La moratoria previsional permite al gran conjunto de la población acceder a un haber mínimo, de 50.124 pesos, al llegar a su edad pasiva. Sin la moratoria esa gente quedaría en la calle. Y esa es la discusión de fondo, según analiza el ex secretario de Política Tributaria Roberto Arias: “desde el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se apuntó a que el sistema previsional sea redistributivo, es decir que canalice recursos de otras fuentes de ingresos para asegurar que la mayor cantidad de personas reciba una prestación mínima”, y agrega: “lo mismo puede pensarse sobre el sistema de seguridad social en su conjunto, porque se busca que las prestaciones sean universales, en ese sentido la discusión sobre el financiamiento es secundaria”.

Para Juan Graña, investigador de Conicet en el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, el punto de partida es el mismo: “el Estado tiene un compromiso que hay que asumir, que es garantizar una vida digna a la población cuando se agota su fuerza laboral”. Cuando el Frente de Todos lanza un proyecto de moratoria que le permite a las personas completar los aportes faltantes para acceder a una prestación jubilatoria, se hace responsable de garantizar ese derecho más allá de que las condiciones de mercado laboral impiden de hecho al grueso de las y los trabajadores jubilarse en tiempo y forma.

La nueva moratoria permitirá jubilarse a 800.000 personas que no tienen los años de aporte reglamentarios y beneficiará especialmente a las mujeres que por estar a cargo de la mayor parte de las tareas domésticas tienen mayores índices de desempleo e informalidad. 

Esta moratoria viene a reemplazar a la última lanzada en 2014 y destinada especialmente al universo femenino con buen tino. Inclusive con datos más actuales, se advierte que la situación de las mujeres es más precaria: al mes de marzo de 2022 existían más de 1,5 millones de personas en edad de jubilarse sin los 30 años de aporte requeridos, y de ese total el 45 por ciento directamente no tenía aporte alguno, y de ese último total el 77 por ciento eran mujeres, según detalló el CEPA.

Escándalo y falta de quorum

La moratoria de 2014 reglamentada en la Ley 26.970 venció el 23 de julio de 2022 y fue prorrogada por decreto presidencial hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que fuera reemplazada por un nuevo proyecto aprobado por el Congreso. Como eso último no ocurrió, dada la sesión caída el pasado 1 de diciembre en medio de gritos y otros exabruptos de parte de diputados de Juntos por el Cambio que no bajaron a dar quorum, la moratoria perdió vigencia y miles de mujeres se quedan sin prestación. No ocurre lo mismo en el caso de los hombres que pueden ampararse en la Ley 24.476 de moratoria de 1995 que todavía sigue vigente, y deben cumplir el requisito de tener entre 12 y 13 años de aporte.

La nueva moratoria logró media sanción en el Senado en junio del año pasado y el 30 de noviembre obtuvo dictamen de mayoría en reunión de comisiones en la cámara de Diputados. El proyecto redactado por las y los senadores Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Juliana di Tullio y José Miguel Mayans será tratado en sesiones extraordinarias en la segunda quincena de enero. 

“Es un buen proyecto de moratoria”, sostiene Miguel Fernández Pastor, abogado y especialista en temas previsionales. La novedad de este proyecto, además que regulariza una mayor cantidad de años que las moratorias de 1995 y 2014, es “la inclusión de un plan de pagos para trabajadores activos que tienen pocos años de aporte, entonces es una moratoria que incorpora recursos y permite que luego puedan computarse esos años de servicios”, sostiene Fernández Pastor.

Marginación o "riesgo moral"

Para los diputados de Juntos por el Cambio las personas que acceden a una moratoria son privilegiadas. Con una mirada basada en un raro juego de valores advierten que la moratoria, en lugar de intentar reparar problemas estructurales del mercado laboral como la informalidad y la falta de continuidad, viene a incentivar el no registro de trabajadores. 

Para Luciano Laspina, presidente de la bancada del PRO en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, las moratorias inducen situaciones individuales de “riesgo moral”, es decir que hacen que los trabajadores elijan incumplir con el pago de aportes porque igual saben que cobrarán una jubilación. Un razonamiento que invierte el estado de las cosas ya que ningún trabajador elige sus condiciones laborales, y menos aun elige no tener derechos o, más aun, especular con no tenerlos para beneficiarse a futuro.

Otro argumento para justificar el rechazo al dictamen original fueron las críticas a la sustentabilidad del sistema, pero como sostiene Roberto Arias “el objetivo del sistema previsional no es estar en equilibrio desde el punto de vista financiero o económico, algo que además no ocurre en ningún país del mundo, sino que es garantizar una mejor y más equitativa cobertura, y  muchas cosas que pueden hacerse para financiar esto”.

Arias agregó que “el mayor problema de desfinanciamiento ocurrió durante el macrismo cuando la Corte Suprema de Justicia quitó el 15 por ciento de los fondos coparticipables que se destinaban a financiar a la Anses, piense que ahora el problema es por retirar 1,5 por ciento de los fondos a CABA”. También en 2017 Anses perdió el 20 por ciento de asignación específica del Impuesto a las Ganancias.

En el otro lado de la vereda, los legisladores del Frente de Izquierda, que tampoco firmaron el dictamen de mayoría y presentaron uno de minoría al igual que JxC, criticaron el abuso de normativas que conllevan a desfinanciar al sistema, gracias a las sucesivas rebajas de los aportes y contribuciones patronales con las que se benefician las grandes empresas en nombre de incentivar la producción. 

Fallas de estructura

Para el investigador Juan Graña, la estructura del sistema previsional “con pocos trabajadores activos por pasivos tiene que ver con la legislación laboral, y en Argentina esa relación empeoró progresivamente, porque hace años que el país no crece de manera sostenida: en el quinquenio entre 2003 y 2008 hubo estabilidad y crecimiento y el empleo formal aumentó”. La sostenibilidad del sistema se logra también porque la economía crece.

Entre las y los legisladores de JxC era tal el desentendimiento respecto de una realidad que atañe al grueso de los argentinos que llegaron a enfatizar en que la problemática que acarrearía la moratoria era que un millonario que jamás trabajó en su vida podía acceder a una jubilación. 

En ese sentido fueron preocupantes las alocuciones de las diputadas Laura Machado y Germana Figueroa Casas del PRO. Los jóvenes que integran Evolución Radical, un espacio cercano al PRO, propusieron en su dictamente de minoría abonar el 70 por ciento del haber mínimo a quienes no cuenten con los años requeridos de aportes. 

La propuesta fue criticada porque conduce a más empobrecimiento: es inferior a pensión universal para el adulto mayor (PUAM) que paga el 80 por ciento del haber mínimo. El sistema debería atender y no profundizar las inequidades que hereda del mercado laboral.