"En Santa Fe ya llevamos cerca de 200 nacimientos", dice a Página/12 Raúl Dalla Fontana, médico, único colaborador de Grávida que habló con los medios en estos días. Lo dice en tono de celebración porque para esta asociación civil el devenir de una mujer que quería abortar y tuerce su decisión es una bandera. Dalla Fontana atendió por videollamada a la nena de 12 años que, abusada por su padre, tenía un turno para realizarse un aborto el lunes en el hospital Iturraspe y no concurrió. Fue hallada en una de las sedes de la organización de raíces católicas y cuando volvió a estar bajo la tutela del Estado ratificó su deseo de acceder a la ILE. En esta nota, un recorrido por el funcionamiento de la organización antiderechos que quedó en la mira.

Está vinculada a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Tiene más de 69 sedes en todo el país, con epicentro en San Pedro, provincia de Buenos Aires. En su web se presenta como "servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable". En su historia hay un antecedente grave, también en Santa Fe: en 2015 una de sus psicólogas se infiltró en el Iturraspe y consiguió que no abortara una menor de 12 años con retraso madurativo, violada por su padrastro.

La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-Santa Fe reclamó que se investigue su accionar. Otras organizaciones, legisladoras y legisladores pidieron informes al gobierno provincial para conocer cómo se sustenta económicamente y cuál es exactamente su actividad. Finalmente, al reclamo se sumó la Comisión de Géneros y Mujeres de la Cámara Baja santafecina. El gobierno provincial aclaró que no tiene convenios con la ONG y que pondrá a disposición de la Justicia la información que recabó en relación a su proceder en este caso.

Historia y referentes

Grávida fue fundada en 1989 por el entonces director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la diócesis de San Isidro, Juan Martín Reddel. Entre sus referentes, como consignó Soledad Vallejos en este diario días atrás, hay laicas voluntarias, religiosos y personal de salud. La conducen el sacerdote Bernardo Ruiz Moreno --quien en su LinkedIn se presenta como “asesor nacional” y en la web de Grávida aparece como “asesor espiritual fundacional”--, y una laica, Diana Florez del Castillo, "directora fundacional". 

En Santa Fe su principal referente es Emilio Perizzotti, hijo del represor Juan Calixto Perizzotti. Fallecido en 2019, Juan Perizzotti fue uno de los genocidas más sentenciados de la provincia. Entre los crímenes que cometió se encuentra el aborto forzado al que fue sometida, con sólo 17 años, Silvia Suppo, quien había sido violada durante su detención ilegal en la última dictadura cívico-militar. Emilio Perizzotti, al parecer formalmente encargado del Area de Atención de Casos de la ONG --en los hechos, director de la institución en la provincia--, fue policía. Vecinos suyos han asegurado verlo sacar a pasear a su padre en el baúl cuando estaba en prisión domiciliaria.

Raúl Dalla Fontana viene siendo, en el marco del conflicto, la voz de la entidad hacia el afuera. Formalmente no es socio de Grávida --"es todo informal y a pulmón"--. Atiende en su consultorio privado a las pacientes y "pacientitas" que le derivan. Cuenta, entre otras cosas, que hace 20 años que la ONG opera en la ciudad de Santa Fe y que en este momento tiene "entre cinco y seis" casos que le han derivado. Activistas y exlegisladoras lo recuerdan como parte del equipo de Salud que le negó el aborto legal y la atención contra el cáncer a Ana María Acevedo en 2006 y 2007 en el Iturraspe. Fue aquel un caso emblemático por el cual el gobierno provincial pidió perdón ocho años después del fallecimiento.

Una nota publicada por Uno, con firma de Bárbara Favant, reveló este viernes que hace 32 años es empleado del Ministerio de Salud provincial. El lo confirma. Por su pensamiento respecto del aborto dejó de trabajar en el área de maternidad e infancia y ahora se desempeña en la Secretaría de Entes Comunitarios. En el pasado fue asesor de Patricia Chialvo, cuando era diputada (2015 y 2019). Chialvo es actualmente secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, cartera que quedó a cargo de la niña de 12 años cuyo derecho a la ILE fue obstaculizado, en el marco de una medida excepcional de protección. Alicia Gutiérrez, exdiputada por el Partido Solidaridad e Igualdad, dijo que Dalla Fontana denunciaba de manera anónima ante la Justicia a legisladoras que estaban a favor de la ILE.

Modus operandi

La organización es parte del Área Pastoral del Cuidado de la Vida y la Niñez de la CEA, junto a otras cinco entidades: una de Cáritas ("Primera Infancia"), “El viñedo de Raquel”, “Proyecto Esperanza”, “Hogares del Abrazo Maternal” y el área de Niñez de la propia Conferencia Episcopal.

En su web aparece la siguiente definición: "servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable en la República Argentina". "Nos constituimos en centros Grávida al integrarnos en comunidades de servicio formadas por voluntarios capacitados para esta tarea. Nos dedicamos a acompañar y promover a la embarazada y a la mamá, orientando en el cuidado de su salud integral y la de su hijo", explican. Dalla Fontana sintetiza: "Ofrecemos ayuda cuando hay un embarazo problemático. Cuando la persona lo desea, para que tome la mejor resolución con toda la información que se le puede brindar". Dentro de los servicios hay visitas domiciliarias y capacitaciones especializadas para voluntarios que quieran colaborar en la sanación de "heridas del aborto".

Tras conocerse el caso de la niña en Garibaldi --localidad del departamento de Castellanos de donde es oriunda, como su familia-- se convocó a una misa en la cual quedó expuesta. Referentes de esta ONG la convencieron para que se quedara en sus instalaciones --en la Casa Hermanas de Betania, en el centro de la ciudad-- y desistiera de abortar el día en que estaba pautado. "'Salir al encuentro', como ellos le llaman, se da cuando se enteran de que una mujer va a abortar. Tienen personas infiltradas en equipos de Salud o se enteran mediante una parroquia o comunidad pequeña. Así, van y conversan con las personas. Varía la metodología. Tienen muchos voluntarios y vínculos políticos", desliza Mariángeles Guerrero, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-Santa Fe. 

A Grávida se le conoce un gravísimo antecedente dentro de la misma provincia, con otro modus operandi. En 2015, María Belén Catalano, una de sus psicólogas, se infiltró en el Iturraspe para convencer a la mamá de una menor con retraso madurativo para que no abortara. Era una niña de 12 años que había sido violada por su padrastro. La ONG consiguió su objetivo. Catalano, así como también Perizzotti, se habían hecho pasar por miembros de la Subsecretaría de la Niñez. El caso se hizo público recién dos años después. El Tribunal de Etica del Colegio de Psicólogos hizo la denuncia, lo que derivó en un apercibimiento por falta de ética y la suspensión de la matrícula a Catalano por seis meses. En octubre de 2017 la Cámara Penal de Santa Fe anuló la sanción. En marzo de 2021 la Corte Suprema de Justicia provincial revocó el fallo, por unanimidad, y ordenó dictar una nueva sentencia al tribunal subrogante. Se espera para este año. 

El bebé nació en el hospital Cullen. Fue puesto en adopción. Para Grávida el término del embarazo y el destino del niño fue una bandera. Llegó a los portales de noticias católicas del mundo. "Belén actuó a pedido de la mamá", justifica Dalla Fontana. Y continúa: "Yo fui al cumpleaños de 15 de la nena, quien decidió continuar con el embarazo y nos adora. Tenemos nuestra satisfacción de ver a los hijos. Cuando Grávida cumplió diez años se hizo una reunión masiva adonde fueron los nenitos que ellas (las pacientes) habían decidido abortar".

"En Santa Fe sabemos de la existencia de Grávida hace bastante tiempo, porque es una organización que hace folletería, ese tipo de cosas. El caso de Catalano fue una alarma, pero ya era vox populi que brindaba información falsa respecto al impacto en la salud de un aborto", recuerda Guerrero en diálogo con este medio. "Les dice a las personas que se van a desangrar, a morir; ofrece dinero, acompañamiento económico una vez que ocurra el parto", añade. Las promesas quedan en la nada. Guerrero concluye: "Entendemos que el vínculo entre la mamá y el bebé depende de la persona gestante. Ante eso, lo principal es la autonomía, sea para continuar o interrumpir el embarazo. La ley no significa ejercer un convencimiento, sino que haya una opción para la atención segura y el ejercicio de la autonomía. Lo que hace esta ONG es todo lo contrario: infligir miedo y presentar un panorama que no es real."

"El accionar en 2015 fue de agente secreto, espía, tipo mafioso. De secta fundamentalista. Hay organizaciones en cada provincia que hablan con las niñas de sectores bien vulnerabilizados, como fue en este caso. Las autoridades de la Iglesia deberían tomar medidas para impedir a las organizaciones religiosas este tipo de accionar. También creo que el Estado debería suspenderles la personería jurídica", señala Susana Chiarotti, abogada integrante de la Campaña en Rosario. 

En 2018, ante el plenario de comisiones de Diputados que llevó adelante las audiencias por la ley de IVE, Florez del Castillo contó que había logrado que una chica de 12 años que quería abortar desistiera. Eran los tiempos previos a la ley 27.610, y por entonces, Grávida y sus referentes solían utilizar la expresión "embarazos inesperados" y aseguraban que los asistían. En 2019 la ONG participó del intento de hacer que el Estado nacional financiara una “Red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, iniciativa presentada con un acto en el Congreso, que se frustró luego de que este diario diera cuenta del convenio que las entidades habían llevado adelante, violando normativas nacionales, con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo en esos tiempos de Carolina Stanley.

Financiamiento

Grávida obtiene su financiamiento mediante la Fundación Amigos de Grávida, que surgió en 2016. Según los logos que aparecen debajo de la portada de la web cuenta con fondos de "cooperación internacional" del Comité para Intervención Caritativa a Favor del Tercer Mundo, la Comisión Episcopal de ADVENIAT para los pueblos de América latina y el Caribe, Ayuda a la Iglesia Necesitada y Subcomité de Obispos para la Iglesia en América latina. Una de las preguntas que desató el caso es si recibe financiamiento del Estado a nivel nacional. Dalla Fontana dice que no lo sabe.

Bernardino Ävila


El reclamo por una investigación

La Campaña exigió a los "organismos estatales" que investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C, de la Ley Provincial 12.967 y su decreto reglamentario 619/10 (remite a no limitar los derechos de los niños). De haber sido así, reclama medidas como la inhabilitación de sus instalaciones en tanto "ámbito de cuidados institucionales con alojamiento". Otras organizaciones, legisladoras y legisladores enviaron una nota a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena. Pidieron saber las medidas adoptadas por el gobierno, el Poder Judicial y la Inspección General de Personas Jurídicas en torno al accionar de Grávida. También, conocer si existen aportes económicos o contrataciones de personal y servicios del Estado a Grávida. Finalmente, la Comisión de Géneros, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados exigió que "de confirmarse las acciones ilegales se inicien las medidas judiciales pertinentes".

La Justicia aguarda que tanto la madre como la niña estén en condiciones de declarar para contar qué sucedió el lunes cuando tenían el turno. En base a esa declaración analizará los pasos a seguir en relación a la institución.

"No hay vinculación entre el Estado provincial y esta organización, ni de tipo económica ni de otra índole", aclara a este medio la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Florencia Marinaro. Agrega que el gobierno provincial pondrá toda la información de esta historia "a disposición de la Justicia, que después determinará si da curso o no a la investigación". Consultada respecto del desempeño de Dalla Fontana en la cartera de Salud, responde: "Si fueran ciertas o no estas vinculaciones políticas o laborales para nada influyeron en la actitud del gobierno en la situación con la niña o situaciones análogas". 

Todo lo que dice el médico sobre el caso está en sintonía con el comunicado emitido el jueves por el Equipo Nacional de Coordinación de Grávida. Dalla Fontana niega todas las acusaciones. Según su versión, no hubo presión sino acompañamiento y asesoramiento --la presión, por el contrario, la ejercía el Estado--, y hubo un acercamiento "muy cordial" hacia la madre y la niña, quienes llegaron a Grávida por su "propio interés" y con "desesperación y temor" por lo que podría pasar en la realización de la ILE. En aquel comunicado, la organización justificó la captación al decir que fue para brindarles a la nena y su mamá "un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles". De este modo, negó haber "forzado" a ambas a encaminarse hacia una decisión.

"El discurso de Grávida va contra la salud pública argentina. Habla de las heridas del aborto cuando hablamos de una práctica segura, legal, bien vista por la Organización Mundial de la Salud, garantizada por el Estado. No podemos convivir en democracia con organizaciones que se manejan de forma oscurantista", plantea Guerrero. "Estos sectores se preocupan por la vida del feto pero no la del niño que nace o la niña que vive un embarazo forzado. Para ellos las mujeres somos incubadoras", sentencia Chiarotti, quien teme que la investigación quede en la nada por los lazos de Grávida con "sectores del poder judicial y legislativo". 

En cuanto a la situación de la niña, en la audiencia del viernes se informó que ya accedió a la ILE. Su padre está en prisión preventiva.

La responsabilidad del Estado

Más allá del accionar de Grávida, el caso dejó en el aire la pregunta de la responsabilidad del Estado en todo esto. ¿Podría haberse evitado lo que le sucedió a la nena? "El Estado actuó como una tortuga. Se enredó en hilos burocráticos. Lo que hizo fue pagarle el remis para que fuera a Garibaldi y volviera a la ciudad. Le dio el turno para varios días después. En un caso como este tiene que tener cuidado", dice Chiarotti, integrante del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​. "Hubo buenas intenciones pero un manejo muy lento. El protocolo se debe ajustar, hacerse con más compromiso, rapidez y efectividad", sugiere. Esta es la respuesta que aporta Marinaro: "Después de cada intervención que hacemos tenemos cosas que mejorar. En eso está el desafío constante. No es la primera vez que esto sucede, y no debería volver a suceder. Desde lo simbólico, la reacción instantánea del Estado deja un mensaje muy claro a este tipo de organizaciones o personas que quieren impedir derechos. No fueron impunes como en 2015".