Bajo el título “Repudiamos este atropello a nuestro interior, a nuestro federalismo”, 17 intendentes e intendentas de las 18 comunas que tiene La Rioja, firmaron un comunicado respaldando la denuncia penal presentada por el gobernador Ricardo Quintela contra Silvio Robles y Marcelo D' Alessandro.

El documento fue firmado por 17 jefes y jefas comunales, con excepción de Inés Brizuela y Doria, quien gobierna la capital riojana por Cambiemos.

Quintela presentó el jueves 5 de enero denuncia penal contra Silvio Robles, director general de Vocalía del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al considerarlos posible responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.

“Las y los intendentes de 17 departamentos de la Provincia de La Rioja respaldamos el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como apoyamos la denuncia penal presentada por nuestro gobernador Ricardo Quintela contra Silvio Robles y Marcelo D' Alessandro”, expresa el comunicado.

El documento apela al espíritu federal de la Constitución Nacional “que claramente se expresa en el art. 129 de la misma”.

“Estamos ante una Corte Suprema de la Nación, que exhibe un fallo como ordenador ilegítimo e ilegal, de un avance contra todo el federalismo, condenando a nuestro sistema, representativo, republicano y federal; condenando a todo un país, es decir a sus 23 provincias y los municipios que componemos a cada una de ellas, a un poder unitario y centralista creado por una alianza entre el Poder Judicial y grupos económicos concentrados.

En este sentido afirman que el fallo de la Corte de la mano de una alianza entre el Poder Judicial y grupos económicos concentrados es un avance contra el federalismo. “Esto ha llevado a que los Municipios de la Provincia seamos perjudicados por la asignación de recursos de manera injustificada, sin argumentos ni fundamentos; dejándonos a las y los intendentes sin la posibilidad de mejorar la vida de vecinas y vecinos de nuestras comunidades”.

El documento reivindica la lucha de los caudillos riojanos en contra del centralismo. “Este atropello al federalismo, es un atropello a nuestra gente, a la lucha histórica de nuestros caudillos; a nuestro interior profundo de La Rioja”.

La denuncia

La denuncia presentada por el Gobernador de la Rioja señala que “la presente se motiva en base a los hechos de público y notorio conocimiento, referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y, persona de su máxima confianza desde hace años” señala la denuncia y agrega que “la connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales y de manera particular los pronunciamientos del Ministro de la Corte Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.

Además, se añade que “como se ve, la convivencia entre aquel espacio político y la Corte resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho, en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial, todos los cuales fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto Tribunal, Rosatti. Los chats publicados por la prensa dejan al descubierto que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política”.

El escrito plantea un modelo de corrupción diseñado estratégicamente entre el Ministro de Seguridad porteño devenido en operador de la Corte Suprema de Justicia y, el Director de Despacho de la Vocalía del Ministro Rosatti, señor Silvio Robles ergo operador para el gobierno de CABA, remarcando que “se puede apreciar como el entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones de favores que, trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político. El predominio de CABA y en particular del Partido PRO, es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos y jurídicos que confluyen en resoluciones judiciales, cuyo contenido se pacta por afuera del sistema legal y pretender regir las acciones de gobierno de los poderes constituidos”.

La nota hace hincapié en dos tipos de delitos: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público: El artículo 248 del Código Penal tutela el respeto y acatamiento, por parte de los de los funcionarios públicos, de las normas constitucionales y legales. En los acontecimientos que solicito se investiguen podría haberse cometido este delito en virtud de ser Julio Robles el actual Director General de la Vocalía del Ministro Horacio Rosatti. El tipificado por el artículo 248 del Código Penal es un delito doloso que exige la conciencia de la ilegitimidad o arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo. En consecuencia, por función pública estatal sólo cabe entender toda actividad que conlleve fines propios del Estado.

También se denuncia el Tráfico de influencias, “dentro del fenómeno de la corrupción pública es posible identificar a un grupo de comportamientos cuya finalidad consiste en influir en las decisiones de la Administración. Las conductas de tráfico de influencias, ya sea el tráfico propiamente dicho o el ejercicio de influencias, conculcan el principio de objetividad que debe regir las actuaciones administrativas, que en su vertiente subjetiva conforma el principio de imparcialidad al que están sujetos los funcionarios públicos”.

La denuncia finaliza con pruebas, una solicitud de allanamiento y solicita el secuestro de los teléfonos celulares para que sean peritados y poder reconstruir la información.