El lunes 2 de enero por la tarde, fue liberado el productor ganadero campesino jujeño, Facundo Velázquez. Tras quedar en libertad, relató a este medio que el mediodía del sábado 31 de diciembre fue demorado por efectivos de la policía jujeña. Un grupo de hombres no uniformados descendió de una camioneta blanca y se acercó a él mientras se encontraba almorzando en un puesto de comidas regionales en la zona de Reyes, al noroeste de la ciudad de San Salvador. “Supuestamente me convocaba una fiscalía por un tema de usurpación. Como el que nada debe nada teme, accedí a ir con ellos. Me llevaron a la delegación de Asuntos Complejos de Jujuy”, contó el productor.

Los efectivos le explicaron que el agente fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Patrimoniales, Walter Hugo Rondón, solicitaba su presencia. Aclararon también que no contaban con una orden judicial de detención, es decir, Velázquez nunca recibió de los efectivos una notificación formal que le informara por qué estaba siendo demorado. 

El procedimiento policial del 31 al mediodía fue por “supuesta usurpación”, contó Velázquez. Se relaciona con una disputa judicial que enfrenta la familia campesina desde hace varios años por la propiedad veinteñal de la porción de territorio que habita desde principios de siglo XX (1930). La pequeña finca ganadera familiar se encuentra en un sector próximo a la ruta nacional 9, dentro de un catastro de alrededor de 500 hectáreas. La zona es conocida por Altos de Yala y, según información que detalla la Dirección General de Rentas de Jujuy, el titular del padrón donde se encuentran las parcelas ganaderas campesinas es Wenceslao Snopek. Velázquez tiene información que ese catastro fue adquirido por la familia Snopek por los años 60 del siglo pasado.

La demora del mediodía antes de Año Nuevo derivó finalmente en la privación de la libertad Facundo Velázquez por más de dos días. Permaneció detenido en la Comisaría 1, ubicada en el centro de la ciudad de San Salvador, hasta la tarde del lunes 2. Ese día el juez Jorge Zurueta, del Juzgado de Control 2 del Poder Judicial jujeño, rechazó el pedido de detención. Mientras tanto, durante el fin de semana del Año Nuevo, la policía jujeña secuestró su vehículo, su celular y tuvo acceso a la documentación que llevaba consigo al momento de ser trasladado a la Agencia de Asuntos Complejos. “Tenía una carpeta con información de la casa de mi abuela (por María Teresa Marcos)”, contó Velázquez. “Los planos de la prescripción (veinteñal), papeles de jucio de prescripción, actas de escribanos, boletas de pago. Me la devolvieron al salir, igual que el celular y el vehículo, pero revisaron todo”, denunció. La familia lleva adelante un juicio por propiedad veinteñal bajo el expediente 172797/21.

Velázquez se contactó con su familia mientras manejaba su vehículo y era escoltado por efectivos que iban en una camioneta de la Policía provincial. Fue entonces que la madre de Velázquez se comunicó con el abogado de ENDEPA, Franco Aguilar. Sin embargo, durante el procedimiento en la Agencia de Delitos Complejos, Velázquez permaneció solo. “Empezaron a buscar vueltas y en un momento me informaron que yo tenía una denuncia por lesiones leves. Justamente nosotros tuvimos intentos de usurpación”, detalló. La intromisión en su territorio campesino fue realizada por el dueño de una cadena de estaciones de servicio y un abogado de la inmobiliaria Roca. “Cuando me iban a dar la libertad”, prosiguió, “el fiscal dió la orden de que permanezca detenido porque, supuestamente, yo tenía tres causas más. Nada de eso era cierto”.

La tarde del domingo 1 de enero, este medio se contactó con la Comisaría 1 jujeña. Un efectivo, sorprendido por la consulta periodística, derivó la llamada a la Agencia de Asuntos Complejos. En esa dependencia, una oficial informó que “el abogado del detenido contaba con toda la información sobre la situación de Velázquez y que el fiscal Walter Rondón se había contactado con el abogado”. La referencia aludía a las publicaciones periodísticas que circularon en medios digitales jujeños el 31 de diciembre y el 1 de enero en las que se afirmaba que Rondón no contestaba las llamadas del abogado de Facundo Velázquez.

Más detalles de una privación ilegítima

Franco Aguilar, abogado de la familia campesina, contó a este medio que la tarde del 31 de diciembre le informaron desde la Agencia de Delitos Complejos (ADC) que se privaba de su libertad a Facundo Velázquez “aparentemente por averiguación de antecedentes”. En Jujuy existe una disposición policial que permite que por 24 horas una persona pueda ser detenida por averiguación de antecedentes. Cuando se enteró de la demora de su cliente, Aguilar intentó contactarse telefónicamente con el fiscal Rondón, sin suerte el último día del año. “Nunca existió una orden de detención que notificara a mi cliente. Tampoco hubo una orden por escrito de secuestro del automotor”, se quejó.

En la ADC le informaron que existía un expediente contra Velázquez, sin mediar más detalle. Con ese código, el abogado presentó un habeas corpus virtual en el sistema del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. No obtuvo respuesta el sábado de fin de año, tampoco cuando generó un nuevo habeas corpus el primer domingo del año nuevo. Ese 1 de enero, Rondón sí respondió al abogado. Le informó que su cliente “tenía varios expedientes”, sin especificar cuáles ni el contenido de ellos. 

“Así llegamos al lunes 2 de enero”, prosiguió Aguilar. “Me presenté en la fiscalía y me informaron que justo le estaban informando (a Velázquez) la causa de imputación. Cuando reviso los papeles, encuentro que la orden de detención no existía. Pregunté por qué estuvo detenido. Me respondieron que sí se había librado una orden de detención, pero la habían enviado al juzgado para que se expida y que ese juzgado la había rechazado”. La orden fue librada un sábado de vísperas de año nuevo al mediodía y el Juzgado de Control 2 se expidió el lunes.

El Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Jujuy hizo pública la detención del campesino por las “dudosas circunstancias” en que fue privado de su libertad. El comunicado del Movimiento relató el nudo del problema que jaquea a la familia Velázquez. “Facundo, junto a su abuela doña María Teresa Marcos, vienen defendiendo su tierra en los cerros de Yala, donde viven y desarrollan su producción ganadera hace décadas. La defienden de sectores de poder, herederos de Wenceslao Snopek, donde tienen intereses inmobiliarios la Empresa ROCA y su cómplice, el vice gobernador Carlos Haquim, vecino del lugar, que le impide permanentemente el paso para beneficiar a la empresa inmobiliaria”.

Los Velázquez utilizan un camino de acceso a tu territorio que atraviesa las propiedades del vicegobernador de Jujuy y varios integrantes de la familia Snopek. “Es un camino vecinal de 350 metros con dirección suroeste, desde colectora Ruta Nacional 9 hasta llegar a la vivienda”, detalla ese documento. La información sobre la ubicación de la residencia del vicegobernador jujeño sobre el acceso de la familia campesina a su vivienda, fue cotejada en la capa catastral parcelaria de acceso libre disponible en el geoportal del gobierno jujeño y la base de datos abierta de la Dirección General de Rentas de esa provincia.

Un informe sobre antecedentes de María Teresa Marcos (abuela de Facundo Velázquez) realizada por la delegación Jujuy de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en marzo de 2021, detalla que “la familia tiene posesión de la tierra, viviendo y trabajando la misma desde el año 1930 aproximadamente, con una sucesión de cuatro generaciones continuas y siendo descendientes directos de habitantes establecidos en la zona a principios del siglo”. María Teresa Marcos, de 74 años, “nacida y criada en ese campo, es hija menor de cuatro hermanos de Juan Marcos y Sergina Farfán de Marcos, ya fallecidos. Ambos progenitores dieron inicio a la posesión y a la vida productiva en esta tierra”. El informe relata además que “desde sus inicios, vivieron y trabajaron de la explotación ganadera en estas mismas tierras. También se dedicaron al cultivo de flores y a la elaboración de queso para la venta ambulante en la calle”.

“Creo que hay intereses inmobiliarios, porque están haciendo movimientos de tierra más arriba”, contó Facundo Velázquez en la entrevista con Salta/12. “A nosotros nos dijeron que no nos querían aquí porque le bajábamos el precio a la tierra”. Velázquez se refería al representante legal de la inmobiliaria Roca. Este medio se contactó con esta firma. Informó que no posee un proyecto urbano en Altos de Yala y dijo desconocer la situación que atraviesa la familia campesina Velázquez.

Facundo Velázquez sospecha que todo el procedimiento de demora y privación ilegítima de su libertad el fin de semana de año nuevo, “fue para amedrentarnos, para meternos presión y doblegarnos porque defendemos nuestra tierra. Lo que viví se pareció mucho a un secuestro”, concluyó tras recuperar su libertad el primer lunes de 2023.