“Desde hace casi tres décadas que planteo que las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos deben ser cumplidas. Tanto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en mis clases en Georgetown o la UBA. Sé que hay otras opiniones. Pero en ese sentido, yo considero que las visitas de los organismos internacionales deben estar principalmente orientadas a buscar mecanismos para que se cumpla con las decisiones”. Así respondió el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, ante una consulta de Páginai12 respecto de la resolución de Naciones Unidas que reclama la “libertad inmediata” de la dirigente social Milagro Sala porque considera que su arresto es arbitrario. El funcionario se diferenció de esta manera de las respuestas que está dando al tema el gobierno nacional, que van –según se trate de información oficial o de trascendidos– desde desligar toda la responsabilidad del hecho en la justicia de Jujuy hasta rechazar de plano el planteo de los organismos internacionales. Mientras circulan los mensajes diplomáticos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, debió afrontar ayer en París un nuevo reclamo  sobre Sala, esta vez de organizaciones francesas y franco-argentinas de derechos humanos con las que se reunió en la embajada argentina en París. 
El gobierno nacional informó oficialmente ayer que ante el reclamo de la ONU por la detención de Sala, dispuesta por la justicia de Jujuy, se enviaron “esas inquietudes” al Superior Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación y a la Fiscalía de Estado de Jujuy. Y que “la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un exhaustivo informe elaborado en base a la información provista por organismos pertinentes de la provincia de Jujuy”.
Según el comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, la respuesta del Gobierno es que “es incorrecta la interpretación acerca de la continuidad irrestricta en prisión de la señora Sala, dado que la Fiscalía General de la Acusación de Jujuy ha instruido a los fiscales actuantes en las causas a que les soliciten a los jueces a cargo un análisis crítico de la situación, a fin de ratificar o revisar las órdenes de prisión preventiva dictadas contra Milagro Sala, y examinen exhaustivamente si se modificaron o persisten los presupuestos y situaciones que llevaron en su oportunidad a postular la adopción de dichas cautelas a la libertad ambulatoria de la Sra. Sala”. El gobierno nacional señaló que “es la justicia de la provincia de Jujuy la que deberá resolver dichos pedidos”. Esto se agrega a la invitación que Avruj ya hizo a la CIDH y a los expertos de la ONU para que visiten el país. Como señaló Cantón, las visitas deberían estar destinadas a corroborar el cumplimiento del reclamo de la ONU, pero el Gobierno espera que en el país los organismos internacionales cambien su postura sobre el tema. 
El comunicado de Cancillería se elaboró luego de que trascendiera a través del diario La Nación que la respuesta a la CIDH y al Grupo de Trabajo de la ONU consistía en señalar que dejar en libertad a la líder de la agrupación Tupac Amaru “implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación” judicial que se le sigue por malversación de fondos y que rechazaba cualquier opinión que implicara revisar la decisión de mantenerla presa. Desde el Gobierno nacional intentaron mostrar que el mensaje no tenía ese espíritu, pero no desmintieron esa información ni pusieron a disposición el contenido del informe, al que no  pudieron acceder todavía los peticionantes, es decir, el CELS, Andhes y Amnistía Internacional, las agrupaciones de derechos humanos que se presentaron en los organismos internacionales y deben ser notificados de las respuestas del Estado. De todas formas, de la información oficial se desprende que el gobierno nacional quiere desentenderse del problema y poner el foco sobre la provincia de Jujuy. “El gobierno nacional insiste en deslindar responsabilidades y sus responsabilidades son indelegables. La responsabilidad ante la comunidad internacional es del estado nacional”, señaló a Página 12 Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Sala. “Dicen que la solución debe venir desde la justicia jujeña cuando el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU señaló que se trata de una justicia parcial, que no imparte justicia. Dicen que tienen que solucionar el problema quienes provocaron las arbitrariedades. Esto no puede ser así y el estado nacional lo sabe”, agregó la abogada. 
De hecho, es el gobierno de Mauricio Macri el que está asumiendo el costo político por la detención de Sala. A los reclamos de la CIDH y del grupo de Detención Arbitraria de la ONU se sumó el del Comité contra la Discriminación Racial del mismo organismo internacional y el planteo que hizo el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su visita a la Argentina. Ayer, Avruj volvió a escuchar un reclamo. En una reunión en la embajada argentina en París, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), Hijos Paris, France Amérique Latine, Amnesty International Francia, Association de Familliers de Français Disparus en Argentine y el Collectif Argentin pour la Mémoire le entregaron centenares de firmas pidiendo la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur obtenidas en una campaña que actualmente se desarrolla en Francia sobre este caso. Las organizaciones relataron que le señalaron a Avruj que en el punto 119 de la resolución de la ONU, el grupo de Trabajo expresa interés en visitar la Argentina para “implementar la recomendación”, es decir la liberación de Sala y no para estudiar la situación, lo que ya fue hecho. “Se demostró que la decisión de la ONU es una obligación, contrariamente a lo señalado por Avruj, que considera que esa decisión es solo es una opinión”, afirmaron quienes participaron del encuentro. Cantón, que antes de asumir como secretario de derechos humanos bonaerense fue secretario ejecutivo de la CIDH, lo sabe. Pese a que formalmente no es un tema de su jurisdicción, el funcionario fue consultado por el gobierno nacional en su calidad de experto. Su opinión fue que había que cumplir la resolución de la ONU. Hasta ahora la había manifestado en privado, pero mientras el gobierno nacional y el de la provincia de Jujuy no dan señales de tener voluntad para avanzar en ese camino, la ratificó ante este diario.