Los directivos del Instituto Arturo Enrique Sampay presentaron ayer una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y otros cuatro funcionarios “por abuso de autoridad y administración fraudulenta” a raíz del acuerdo que firmó la estatal Arsat con la firma estadounidense Hughes. La denuncia recayó ante el juez Daniel Rafecas con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, quienes ya habían recibido una presentación similar realizada por un grupo de diputados opositores. En este caso, la presentación lleva las firmas de Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti. Además de Macri, los abogados denunciaron a Marcos Peña, jefe de Gabinete, Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones, Rodrigo de Loredo y Henoch Aguiar, presidente y vicepresidente de Arsat, respectivamente.
El domingo por la noche el programa televisivo Economía Política de C5N reveló detalles del acuerdo que De Loredo firmó con Hughes el 29 de junio durante el último viaje que realizó a Washington. Incluso en el programa se aseguró que la maniobra supone la privatización de la firma propiedad del Estado Nacional. En base a lo dicho en el programa, en la denuncia se afirma que el gobierno privatizará de manera ilegal la mayor parte de Arsat en beneficio de Hughes.
En la presentación los denunciantes advirtieron que “la hipotética existencia de un pre-contrato que tenga este objeto” debe contar con el “previo acuerdo del Congreso de la Nación Argentina” y que en el precontrato difundido por televisión el pasado domingo “no se menciona en ninguna de sus cláusulas”. En ese contexto, los denunciantes solicitaron a la Justicia que “controle la legalidad del procedimiento para que se advierta, investigue y castigue esta conducta delictiva”.
Los denunciantes sostienen que la Carta de Intención suscripta entre Arsat y Hughes, operada sin la autorización del Congreso de la Nación, tal como lo requiere el artículo 10 de la Ley 27.208, configura una hipótesis de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), como así también un quiebre de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentinas, (articulos 75 y 116 de la Constitución), y la consecuente lesión al deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 de la carta magna).
Además, el Instituto Sampay formuló “un llamamiento a los senadores y diputados a fin de que preserven las potestades que la Constitución Nacional les confiere, que no pueden ser usurpadas por ningún otro poder del Gobierno Federal, en resguardo de la soberanía nacional y del Estado de Derecho fundado en la división de poderes”.
El lunes pasado Arsat desmintió que el convenio suponga la privatización de la compañía. “La carta de intención firmada con la empresa Hughes no prevé, bajo ningún motivo ni circunstancia, la privatización de Arsat ni de ninguno de sus activos”, aseguró a través de un comunicado titulado “Arsat seguirá siendo propiedad del Estado Nacional”. Allí asegura que la carta de intención firmada con Hughes es un paso en pos de un acuerdo comercial, similar a otros que ya celebró la compañía durante la gestión actual. A su vez, el presidente Mauricio Macri defendió el martes el acuerdo entre Arsat y Hughes al decir que permitirá “potenciar la capacidad tecnológica del país y en particular de la empresa Invap”.
“Les digo a los muchachos de Invap que no se preocupen, van a seguir trabajando, y estamos buscando cómo potenciar mejor su trabajo”, sostuvo Macri al enfatizar que la construcción del satélite se realizará en sus instalaciones. “Cuando llegamos al gobierno, teníamos un satélite en órbita vacío. Se deben lanzar cuando primero se ha comercializado una gran parte. Pero en los últimos años hemos hecho cosas raras, como por ejemplo, centrales que se inauguran y después no funcionan, como en Santa Cruz”, expresó el presidente. Sin embargo, cuando le preguntaron si el acuerdo necesitaba la aprobación del Congreso, como establece el artículo 10 de la ley 27.208, Macri evitó dar precisiones. “No lo tengo tan claro. Esto es un acuerdo sobre un satélite que tiene un carácter comercial y no tecnológico. Recién comienza. Es una carta de intención”, concluyó.
