El juez federal Daniel Rafecas procesó a seis militares retirados que integraron la Plana Mayor del Regimiento de Infantería I “de Patricios” durante la última dictadura. Para el magistrado, fueron responsables de casi un centenar de secuestros y desapariciones que se produjeron dentro de la entonces Capital Federal –hoy Ciudad de Buenos Aires–. Además, Rafecas dio por acreditado que esa guarnición militar también fue utilizada como centro clandestino durante los años del terrorismo de Estado.

En los años ‘70, los militares cuadricularon el mapa del país para administrar mejor la represión, la tortura y la muerte: lo dividieron en cuerpos, zonas, subzonas y áreas. Existía, por ejemplo, la subzona de la Capital Federal, que estaba dividida en seis diferentes áreas. Una de esas áreas, la II, estaba bajo la dirección del Regimiento de Patricios, que, además, por esos años funcionaba como el asiento de la comandancia del Primer Cuerpo de Ejército.

La subzona de la Capital Federal estuvo al mando de Jorge Carlos Olivera Róvere, que fue juzgado en uno de los primeros juicios que se hicieron desde la reapertura de los procesos de lesa humanidad tras los casi 20 años de la vigencia de las leyes de impunidad. En ese proceso, se analizaron los casos de víctimas que fueron secuestradas en la Capital Federal y que, en la gran mayoría de los casos, no se pudo saber a qué centro clandestino de detención habían sido llevadas.

Después de la investigación sobre los llamados “jefes de áreas”, quedó en claro que eran ellos quienes liberaban las zonas para que los secuestros pudieran llevarse a cabo –independientemente de si se podía acreditar o no a qué campo de concentración eran trasladadas las víctimas–. ¿Qué significaba liberar las áreas? Permitir que incluso otras fuerzas u otras jurisdicciones pudieran hacer operativos de gran magnitud –que podían incluir desde helicópteros, camiones, cortes de luz– sin que se provocara un enfrentamiento entre las fuerzas represivas. A esto había que sumarle una situación extra, según apunta la resolución de Rafecas: cuando los familiares de las víctimas iban a denunciar, no querían tomarles las denuncias.

Como ya fueron juzgados el comandante de la subzona y los jefes de área, Rafecas descendió un peldaño más en la responsabilidad y, por eso, procesó a quienes integraron la Plana Mayor del Regimiento de Patricios. Entre ellos, están Jorge Rubén Farinella (73) –que era el oficial de Personal (SI)--; Ramón Manuel Vega (76), Carlos Washington Urqueta (76) y Héctor Sergio Mónaco –que se desempeñaban como oficiales de Inteligencia (S2); Héctor Roberto Ranfagni (72) –que ejercía como oficial de Operaciones (S3) y Alfonso Agustín Reuther (86), que estaba a cargo del área de Logística.

Para Rafecas, ellos seis funcionaron como un eslabón entre quienes daban las órdenes y los autores materiales. A ellos los responsabilizó, según los casos, por un total de 99 secuestros: entre ellos se encuentran los que se produjeron por la liberación de las zonas y los de las ocho personas que se pudo acreditar que estuvieron privadas de la libertad en los edificios en los que funcionaban tanto el Regimiento de Patricios como el Comando del Primer Cuerpo.

“La responsabilidad de los jefes de Área –y, en el caso concreto, de las Planas Mayores que los asistían en forma inmediata– se basaba en la necesaria conducción descentralizada en la supuesta ‘lucha contra la subversión’, que implicaba no solo la interacción y la coordinación de la Plana Mayor con su Jefe; con las autoridades que habrían de llevar a cabo los operativos en el marco del área liberada, y con las autoridades policiales que debían no interferir en los sucesos, sino que aparte tales acciones debían ser reportadas al Comando de Subzona en la medida en que tales mandos requirieran información u otras medidas al respecto”, explicó Rafecas en el fallo de 576 carillas. “Tal esquema sitúa a la Plana Mayor del Regimiento de Patricios, con su respectiva Jefatura, como un eslabón de suma importancia en el esquema de represión llevado a cabo durante la dictadura”, completó.

El represor que se dice víctima

Cuando lo indagaron a Vega, él dijo que no entendía por qué Rafecas lo detenía. Se indignó y afirmó que fue el único militar que, en plena dictadura, había denunciado el “terrorismo de Estado” y el “genocidio”. De hecho, fue más allá al afirmar: "Yo no era un victimario, soy una víctima de lo que sucedió".

Lo cierto es que, en 1976, Vega fue tratado en el Hospital Militar Central por un colapso psiquiátrico. Los papeles –analizados en 2012 por el equipo de relevamiento del Ministerio de Defensa– muestran que sufría lo que se conoce como “fatiga de combate”. ¿Por qué? Porque, según él mismo explicaba ante los médicos y ante sus superiores, se había iniciado en la llamada “lucha contra la subversión” en 1969.

Según su legajo, Vega fue a reprimir las manifestaciones obreras del Cordobazo. “En la noche del 1 de junio del ‘69 pone fuera de combate a diez policías de la provincia”, puede leerse en su documentación personal. Después participó en la represión de La Calera en la misma provincia y posteriormente fue seleccionado para integrar una “compañía antiguerrilla”. Por esos años, también accionaba con la Policía Federal Argentina (PFA) y era el oficial del Ejército con más lanzamientos –como paracaidista–.

A principios de 1976, fue destinado al Regimiento de Patricios y se hizo cargo del área de inteligencia. Según él mismo explicaba, armó operativos y se desempeñó como interrogador –léase como torturador–. Todo eso en algún momento le provocó insomnio, pesadillas y acidez. Demasiada carga para ser una víctima, como dijo en la indagatoria.

El centro clandestino

Para probar que Patricios funcionó como un lugar para detener y torturar –y no solo como un espacio de coordinación de la represión en la Capital–, Rafecas y la secretaria federal Albertina Caron no solo recolectaron los testimonios de las víctimas, sino que hicieron en septiembre pasado una inspección ocular con algunas de ellas y con integrantes de la organización civil Memoria Abierta –que ayudaron a entender posibles remodelaciones que se hayan hecho a más de 40 años de los hechos–.

Además, fueron fundamentales los testimonios que brindaron quienes estaban cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio (SMO) durante esos años en el Regimiento. Uno de los conscriptos contó que había escuchado que había gente detenida en el sótano y que los soldados solían jactarse de cómo torturaban y sometían especialmente a las mujeres que estaban secuestradas. “A la madrugada nosotros veíamos los camiones cuando entraban con gente de civil”, amplió. Otro excolimba relató que vio un traslado de personas y que se acercó a una chica que “estaba llorando aterrorizada”.