Desde la noche que ganó la presidencia, con la opositora venezolana Lilian Tintori como invitada vip a su búnker, Mauricio Macri tomó el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro como su principal posición política en materia internacional. Hoy, según anticipó ayer el canciller Jorge Faurie, Macri buscará que los países miembros del Mercosur apliquen a Venezuela el Protocolo de Ushuaia, entendido como cláusula democrática, algo con lo que viene insistiendo desde que asumió.
Faurie aseguró que si el presidente Maduro mantiene la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y no abre un canal de diálogo con los sectores de la oposición para convocar elecciones “libres y transparentes” se aplicará el Protocolo de Ushuaia, paso establecido “cuando uno de los estados ha alterado la condición de democracia”. “Estamos haciendo un esfuerzo para tratar de persuadir a Venezuela a mantener una esperanza de diálogo que es el paso que el Protocolo de Ushuaia establece cuando uno de los estado ha alterado la condición de democracia”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.
De acuerdo a la versión del canciller, “los cuatro Estados miembros del bloque regional” están dispuestos aplicar el protocolo de Ushuaia aunque admitió que dentro de las delegaciones que participan en el encuentro hay países que “tienen libres posiciones” y no compartirían la aplicación de la medida que dejaría al país caribeño afuera. Es decir, que en verdad la postura no era unánime.
Con una agenda complementaria, los primeros presidentes en llegar a la Argentina fueron la chilena Michelle Bachelet y el uruguayo Tabaré Vázquez. Chile no es miembro pleno del Mercosur por lo que Bachelet esquivó definirse sobre Venezuela. “La integración es clave”, respondió cuando la consultaron. En cambio, Vázquez fue claro en cuanto a que la posición de Uruguay era por la no intervención de terceros en los conflictos internos de otros países. Lo reiteró ayer en la Universidad Nacional de Cuyo donde le otorgaron un honoris causa (ver aparte). “Uruguay tiene una posición muy clara. Nosotros la consideramos una política que es de Estado en nuestro país”, afirmó.
