La comunidad del pequeño pueblo de Caspalá amaneció ayer con policías, incluso integrantes de la División de Infantería de la provincia de Jujuy, y maquinarias de Vialidad enviados para iniciar la construcción de una nueva cancha deportiva, lo que decidió el gobernador Gerardo Morales para avanzar en la apropiación de la cancha comunitaria, donde dijo que se construirá una escuela.
Con el objetivo de comenzar la construcción de la nueva cancha, el gobierno provincial notificó la expropiación del terreno de Genoveva Daniela Moyoja, como un epílogo doloroso de dos meses de angustia y temor de los habitantes del Pueblo Kolla de Caspalá, atravesados por la violencia institucional y de género del Ejecutivo provincial profundizada desde noviembre.
La familia Cruz, del Pueblo Kolla de Caspalá, fue despojada de sus terrenos de 3 hectáreas por decisión del estado provincial. Fue notificada ayer, si bien la orden al juez de Paz Pablo Apaza, que debe ejecutar el desalojo, otorga un plazo de 10 días para que la familia abandone el lugar. Sin embargo, sin esperar esos diez días, la maquinaria fue ingresada ayer mismo al terreno con sembradío, destruyéndolo.
La orden judicial está firmada por el juez habilitado en la feria, Sabastián Damiano, y está dirigida al juez de Paz Pablo Apaza, hermano del comisionado de Caspalá, Natividad Apaza. "Los ocupantes del predio individualizado precedentemente deberán proceder al desalojo del mismo en el plazo de diez (10) días de notificado el presente", afirma.
El oficialismo, y algunos diputados del PJ de la Legislatura de la provincia, aprobaron de manera expres la ley 6329, un proyecto del Ejecutivo provincial para que se construyan una escuela y una cancha sin el consentimiento del pueblo caspaleño. En todo este tiempo no hubo notificaciones a los propietarios de los terrenos que requiere el estado provincial.
Violencia e impotencia
Según contaron vecinos y vecinas de Caspalá, una abogada de apellido Ochoa, del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy, llegó al pueblo a dar cumplimiento a la orden judicial, para lo que avanzó con la familia Cruz a fin de que firme un acuerdo. En esta familia hay tres menores de edad. Los testimonios dan cuenta de la violencia institucional y de la impotencia de los lugareños: “El escrito no tenía sellos, y los hijos de don Cruz pedían plazo para que su papá se recupere”, contó Lucía Apaza, presidenta de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá.
Pablo Cruz, hijo de la dueña del terreno expropiado, tuvo que ser internado, tras un ataque provocado por la conmoción que sufrió con esta situación. El hombre sufrió un ataque depresivo y tuvo un derrame cerebral. Otro caso de la violencia que padece el pueblo impactó en Sixto Balcarce, trabajador municipal y responsable del Registro Civil del pueblo, quien se encuentra con tratamiento psicológico en la ciudad de Humahuaca. Balcarce estuvo desaparecido 25 días, la familia denuncia persecución laboral y amenazas por parte del comisionado Natividad Apaza.
“Es ilegal e injusto lo que hace el gobierno, yo tengo que defender a la Comunidad. En ese momento estaba un representante del juez que no se identificó, estaba el juez de Paz, el comisionado de Caspalá y los vocales, familiares de ellos. Le dije al juez de Paz: 'sos juez cuando se trata de tu hermano y cuando tenés que cuidar a la comunidad decís que no sos juez'. Renegué y me descompuse”, relató Lucía Apaza. Tan dolida estaba que no pudo sostenerse en pie y ella misma tuvo que ser retirada en camilla.
“No ha llegado ninguna notificación a nuestras manos", contó por la mañana Ramona, concubina de Pablo Cruz. Y cuestionó: "Es decisión de ellos y el juez de Caspalá, sale a favor (del oficialismo) porque no hace trabajo de juez, las personas que hacen denuncia no las recibe”.
El objetivo del gobernador Gerardo Morales es avanzar con la construcción de una escuela en la cancha de fútbol de la comunidad, los pobladores sospechan que en realidad la idea es destinarla al desarrollo de un proyecto turístico. Ese predio fue limpiado y acondicionado por la comunidad y es el lugar destinado para reunirse. El gobierno decidió en ese lugar levantar la escuela, para la que ya se había destinado otro terreno. En respuesta al reclamo de las personas que defendían la cancha comunitaria, el gobernador decidió expropiar otro terreno, y construir ahí una nueva cancha.
Con ese fin el oficialismo jujeño avanzó sobre las personas que se oponen a esta iniciativa. A fines de noviembre del año pasado los vocales oficialistas de Caspalá (que tiene Comisión Municipal) destituyeron a la vocal Rosa Apaza, en un trámite sumarísimo, acusándola de haber provocado violencia el pasado 18 de noviembre, cuando el gobierno provincial reprimió a los habitantes que defendían la cancha comunitaria. Rosa Apaza es opositora al oficialismo local y es una de las defensoras de la cancha.
El 18 de noviembre la comunidad caspaleña fue reprimida por la policía; hubo 14 heridos con balas de goma, además de afectados por los gases lacrimógenos, y cuatro personas que estaban en la cancha fueron detenidas.
Avance sobre los pueblos originarios
Caspalá se encuentra a 250 kilómetros de la capital jujeña por un camino sinuoso de gran atractivo. El pueblo, ubicado a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, tiene solo unos 300 habitantes, y ha sido elegido entre los diez más bellos del planeta por la Organización Mundial del Turismo.
Allí es donde Gerardo Morales, aspirante a candidato a la presidencia de la Nación, busca desalojar de sus tierras a habitantes indígenas. Morales pregona la paz, pero en las comunidades indígenas de Jujuy eso no sucede, ahora es Caspalá, antes fueron las comunidades de Collamboy, en Susques; de Querusiyal, en Tilcara; y las de La Quiaca Vieja; de Huichaira, de Volcán, entre otras.
Desde el 18 de noviembre, la tranquilidad de Caspalá se vio violentada por las fuerzas policiales que atropellaron a hombres y mujeres que pedían diálogo con el comisionado municipal. La comunidad no se opone a la construcción de una escuela, solo pide que se respete la propiedad que adquirió el pueblo para esa escuela.
Durante la tarde de ayer se pudo saber que funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) están en comunicación con funcionarios provinciales tratando de establecer un diálogo ante la grave situación.
El comisionado Natividad Apaza ha desatado un conflicto con la comunidad indígena por no haber cumplido con el derecho a la consulta libre, previa e informada. Tampoco se dio a conocer un estudio de impacto ambiental, y sobre todo no hubo diálogo con la comunidad. El comisionado oficialista llegó a este cargo público por el acompañamiento del voto del pueblo, pero desde noviembre la comunidad afirma que se siente traicionada por Apaza, ya que las decisiones que ha tomado van contra el pueblo, específicamente por la apropiación de la cancha de fútbol que es de la comunidad.
Después de la represión de noviembre, Morales recibió en la capital jujeña al comisionado municipal Natividad Apaza, familiares y vecinos que responden al oficialismo. Es allí donde el gobernador aseguró: "El lunes 28 de noviembre se iniciará la construcción de una nueva cancha para actividades deportivas y el 19 de diciembre se dará el inicio de obra para la construcción de la escuela secundaria, tal como estaba proyectado. Para tal fin se aprobará en los próximos días en la Cámara de Diputados la Ley para la correspondiente expropiación del terreno". Esa foto oficialista no representaba a todo el pueblo de Caspalá, y fueron los pobladores quienes desmintieron al comisionado.
No iniciaron la obra aún, pero se instaló el obrador, y varios policías custodian el predio. “Se burlan de nosotros, se ríen”, lamentó Lucía. Y a pesar de reconoció que “hay familias que nos acompañaban y otros tienen miedo de defender", ratificó: "Vamos a continuar esta lucha porque no hubo consulta ni antes ni después, que la justicia responda”.
