Con su promulgación en el boletín oficial, este miércoles entró en vigencia la Ley provincial que permite e las administraciones locales avanzar con el control de sobre precios y productos en cada uno de sus territorios, y velar por la garantía de los acuerdos y las leyes nacionales al respecto.
“Desde ahora, los Municipios tendrán la facultad de controlar precios, defender los derechos de consumidores y consumidoras y ampliar el acceso a alimentos saludables en cada distrito”, dijo el senador provincial del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona, autor del proyecto.
En línea con lo anunciado a finales del año pasado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, Durañona celebró el rol de los gobiernos municipales de la provincia de Buenos Aires en las tareas de controlar el cumplimiento de los acuerdos establecidos de precios y la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores, a la vez que reivindicó la iniciativa de la diputada Gabriela Demaría, que también entró en vigencia este miércoles y que actualiza los montos de las multas para quienes no cumplan con los derechos de usuarios y consumidores. “Otra medida fundamental para seguir defendiendo a los bonaerenses en cada comunidad”, señaló.
Según informó la propia diputada, la modificación promulgada lleva el tope a “de 500 mil a 309 millones de pesos, con una fórmula móvil de actualización automática, que evitará su depreciación en el futuro”.
Esa ley, también incorpora la figura de “consumidores hipervulnerables”. Allí se contempla la existencia de “niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad, protegiendo los derechos de los colectivos más desfavorecidos en las relaciones de consumo”.
