"Los 16 están firmes". La afirmación del diputado oficialista llegó apenas terminó la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión.
El proyecto se presentará hoy jueves y, aunque se basará en el documento firmado por el presidente y los 11 gobernadores, serán les diputades oficialistas quienes suscribirán el pedido de destitución. No se descarta, además, que el texto final incorpore nuevos elementos a la acusación. La verdadera señal de largada, sin embargo, la dará el Presidente con la convocatoria a extraordinarias, cuya publicación se terminó retrasando una semana pero se estima que habilitará el comienzo del debate para el 23 de enero.
"Buena reunión. Todos presentes. Muy participativa", resumió, instintivamente, una espada oficialista apenas finalizó el zoom con el resto de les integrantes de la comisión de Juicio Político. La reunión se había extendido durante más de dos horas y había funcionado como una primera instancia de trabajo para ordenar el esquema de actividad de la comisión, discutir lineamientos generales del proyecto que se presentará hoy y repasar las herramientas disponibles por el reglamento para ahondar en la investigación sobre el mal desempeño del Máximo Tribunal. "Impulsaremos un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino", aseguró el bloque oficialista a través de un comunicado que se publicó horas después del encuentro.
El zoom había funcionado, a su vez, como una estrategia de consolidación de los 16 votos que el oficialismo cuenta en la comisión. Y es que con una mayoría ajustada —16 de 31—, el FdT no puede correr el riesgo de que algún legislador pegue el faltazo y haga derrumbar el quórum. El incipiente calendario de trabajo anticipa una actividad intensa, de dos o tres reuniones por semana que pueden duras horas y horas. Si un día, une de les legisladores falta por cualquier motivo, las reuniones de comisión se quedarán sin número, ya que tanto Juntos por el Cambio —que cuenta con 14 diputades en la comisión—como el "Topo" Rodríguez —el único diputado del Interbloque Federal en la comisión— anticiparon que no colaborarían con el quórum.
Por este motivo es que, durante la reunión, se decidió oficializar el primer (y, por ahora, único) cambio: el de la diputada santafesina Vanesa Massetani. Si bien surgieron muchas especulaciones respecto a los motivos de su reemplazo —la legisladora responde a Sergio Massa, quien aún no ha dicho ni mú sobre el pedido de juicio político—, en el bloque oficialista aseguraron que el cambio de nombre tenía que ver con un problema de índole personal de Massetani. Puntualmente: un familiar de la diputada arrastra un problema de salud que conlleva un tratamiento que le impedirá dedicarle a la comisión todo el tiempo que demanda.
El encuentro virtual sirvió también para terminar de diagramar la presentación del proyecto. Y es que serán les diputades oficialistas —y no el Ejecutivo— les que suscribirán el pedido de juicio político para que, entre otros motivos, la vigencia de la iniciativa pueda extenderse durante tres años (ya que si fuera presentado por el Ejecutivo tendría solo un año de vigencia).
El proyecto final, a su vez, no será idéntico al firmado por Alberto Fernández y los gobernadores. Según pudo saber Página12, la conducción de la comisión analiza incorporar nuevos hechos a la acusación basándose en pedidos de juicio político presentados en el pasado. Uno de ellos fue presentado por Vanesa Siley en 2020 contra Carlos Rosenkrantz —en esa época era presidente de la Corte— por su actuación en causas de violación a los derechos humanos. No es el único: también está pendiente un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Este fue presentado, curiosamente, por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en 2017 —cuando Lorenzetti aún era presidente de la Corte— y fue ratificado nuevamente el año pasado. El FdT no perderá oportunidad para traerlo a colación durante el debate, buscando así meter una cuña en JxC.
La presentación de hoy jueves contará con la firma de un grupo de diputades oficialistas que no integran la comisión de Juicio Político. El objetivo es evitar cuestionamientos a la imparcialidad del proceso de investigación, ya que si bien el rol de la Cámara de Diputados es acusar —es el Senado el que juzga—, el bloque oficialista ya comenzó a recibir algunas críticas.
La última fue el pedido de apartamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de Juicio Político realizado por el diputado de Evolución Rodrigo De Loredo, quien denunció que la diputada entrerriana no podía "garantizar la objetividad del proceso" por declaraciones que había hecho en los medios. Desde el bloque, rápidamente, salieron a desmentirlo haciéndose eco de jurisprudencia de la Corte Suprema —firmada por el propio Horacio Rosatti— que rechaza recusaciones a los integrantes de un órgano de enjuiciamiento.
Todavía a la espera de la convocatoria de sesiones extraordinarias, el bloque oficialista especula con que el debate en comisión comenzará la última semana de enero. Será una actividad intensa para la que se espera que haya muchos invitados: constitucionalistas, peritos informáticos, especialistas y distintos testigos sobre el "mal desempeño" de los magistrados.
Ya está definido que se convocará a declarar al (ahora de licencia) ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al vocero de Rosatti, Silvio Robles, para que den cuenta de los chats en los que coordinaban acciones frente a fallos del Máximo Tribunal (como el de la coparticipación porteña y el juego de sillas del Consejo de la Magistratura). A diferencia del caso de los jueces de la Corte —que también serán convocados—, a Robles y D'Alessandro la comisión puede obligarlos a comparecer, por lo que en el FdT hay mucha expectativa sobre las repercusiones públicas que tendrá el proceso de investigación una vez que comience.
