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Con cientos de apoyos —que incluyen a senadores, diputados e incluso funcionarios—, el Comité por la Libertad de Milagro Sala le reclamó al presidente Alberto Fernández que firme el indulto para la dirigente social. El pedido llegó cuatro días antes de que se cumplan siete años de la detención de la líder de la Túpac Amaru –coincidentemente con el ascenso a la gobernación de Jujuy de Gerardo Morales–. La situación de Sala se agravó hace casi un mes después de que la Corte Suprema dejara firme una condena a trece años de prisión, lo que dio pie a nuevos reclamos de Morales para que sea trasladada a una cárcel común.
“Como defensor de la calidad institucional y de la justa aplicación del derecho, usted acompañó a Milagro Sala en circunstancias de gravedad. Es ahora como Presidente de la Nación Argentina, que le estamos exigiendo un compromiso mayor con la inmediata libertad de la compañera”, escribieron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala en una carta dirigida a Fernández. “El indulto a Milagro Sala será el acto más elocuente en esta defensa y otro gesto esperado para restituir el equilibrio de poderes en la República y la posibilidad de la equidad en la sociedad argentina”, completaron.
La nota estaba por llegar a manos del Presidente, comentaron desde el Comité a Página/12. El petitorio lleva firmas de peso. Entre otros la acompañan la senadora nacional Juliana Di Tullio y la senadora bonaerense María Teresa García, dos mujeres con llegada directa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De la Cámara de Diputados están Mara Brawer, Hilda “Beba” Aguirre, María Rosa Martínez, Juan Marino y Blanca Osuna. En diciembre, otros integrantes del Frente de Todos en la Cámara Baja ya le habían hecho llegar su pedido a Fernández para que indulte a Sala. Lo mismo había reclamado el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, referente de La Cámpora.
La ministra de Mujeres bonaerense Estela Díaz firmó la solicitud. Lo mismo Marita Perceval, recientemente designada responsable de Políticas de Género dentro de la Cancillería. También adhirieron el exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, el legislador Claudio Morresi y Roberto Salvarezza, presidente del Directorio de YPF Litio.
Además de Alejandro “Coco” Garfagnini —coordinador de la Túpac—, acompañan el petitorio el Grupo de Curas en la Opción por los pobres, el Llamamiento Argentino Judío, la Interesindical de Derechos Humanos, distintas filiales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), distintos sindicatos y comisiones internas, Justicia Legítima–Mendoza, la Asociación de Ex Detenidos Desparecidos (AEDD), Graciela Daleo, Eduardo Tavani y María Elena Naddeo, entre cerca de 1000 firmantes.
Para la semana próxima, la mesa de organismos de derechos está gestionando una reunión con el Presidente, ya que el lunes se cumplirán siete años de la detención de Sala por ser parte de una protesta social contra el gobernador Morales. Por el momento, no hay precisiones sobre el encuentro.
El 22 de diciembre pasado, Fernández recibió a referentes del movimiento de derechos humanos, encabezados por Taty Almeida, Lita Boitano, Vera Jarach e Iris Avellaneda, entre otros. En ese momento, como publicó este diario, el Presidente se comprometió a evaluar alternativas para conseguir la libertad de la dirigente social que actualmente está en prisión domiciliaria —tras un reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos—.
Durante ese encuentro, hubo momentos de tensión cuando el Presidente recordó lo que ya había dicho públicamente: que la Constitución le prohíbe indultar a Sala porque las causas que tramitaron en su contra lo hicieron en tribunales provinciales y no ante los estrados federales, que son en los que tendría jurisdicción el mandatario nacional.
Los argumentos para pedir la liberación de Milagro Sala
“Lo que estamos pidiendo en este momento lxs ciudadanxs es que la autoridad presidencial defienda a su sociedad de la discrecionalidad, la injusticia y el abuso de poder”, dice la nota que distribuyeron este jueves desde el Comité para la Libertad de Milagro Sala.
Desde ese grupo reivindicaron el rol que jugó Fernández —cuando acababa de derrotar a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales— a la hora de proteger la vida de Evo Morales tras el golpe de Estado de 2019 y a la hora de denunciar el lawfare como hizo al visitar a Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel. Ahora, le reclaman que actúe en consecuencia frente a la situación de Sala, cuya detención describen como arbitraria e ilegal.
Dentro de los argumentos que desde el Comité le dieron a Fernández para que conceda el indulto a Sala están que:
El Poder Judicial en Jujuy es un apéndice del gobierno de Morales, lo que incluso generó que se presentaran proyectos para intervenirlo en el Senado de la Nación;
La persecución contra Sala se centró en armar causas o en exhumar las prescriptas —como en el caso de los huevazos contra Morales, que había ocurrido en 2009—;
Los tribunales jujeños ignoraron las pruebas ofrecidas por los abogados de Milagro;
La Corte se tomó más de dos años para analizar las nulidades que había planteado la defensa de la líder de la Túpac y finalmente no se adentró en su estudio. Fue en el caso de las cooperativas conocido como Pibes Villeros, en el que Sala recibió una condena a trece años de prisión y se terminó caracterizando a la organización que dirige como una asociación ilícita. “Se esperaba que el máximo tribunal cumpliera su rol de control de la legalidad y revisara las nulidades presentadas por la defensa dando cuenta de las manifiestas irregularidades que rodearon el proceso. Por el contrario, una vez más la Corte, —en la que debería descansar la seguridad jurídica de la Nación—, actuó subordinada a intereses político partidarios subalternos situando a la Argentina en condiciones de ser reconvenida por organismos internacionales”, escribieron.
Pocos días después de que un tribunal federal porteño condenara a Cristina Fernández de Kirchner, la Corte rescató el caso de Milagro Sala para firmar el rechazo. Frente a esa cerrazón, la única llave la tiene el Presidente con el indulto —entienden—.
En el pedido, recordaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación —dirigida por Horacio Pietragalla Corti— declaró que la Corte había convalidado el lawfare al confirmar la condena en la causa Pibes Villeros. Por otra parte, destacaron el dictamen de Gabriela Carpineti, directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que sostuvo que, al intervenir la Corte, se federalizó la cuestión, lo que habilitaría al Presidente a indultar a Sala. En la misma línea, remarcaron que se pronunció el constitucionalista Eduardo Barcesat.
