Desde Lima

Las muertes por la represión en Perú no cesan. En la noche del miércoles se reportó la muerte de un dirigente campesino en la región andina de Cusco por un disparo en el tórax durante las protestas antigubernamentales. Este jueves se confirmó en Juliaca, ciudad altiplánica de la región Puno, al sur de Cusco, el fallecimiento de uno de los heridos durante la represión a balazos del lunes que ha conmovido a esta ciudad, y al país. Se trata de un adolescente de 15 años, que recibió un disparo en la cabeza. Se eleva a 18 los fallecidos en Juliaca, todos por proyectiles de armas de fuego. Con estos fallecimientos, son 48 los muertos, 47 pobladores y un policía, desde que las protestas se iniciaron en diciembre luego de la destitución por el Congreso del expresidente Pedro Castillo. De los 47 ciudadanos muertos, 41 han caído por disparos de la policía y el ejército. Hay más de 600 heridos. Cifras de terror.

En el Congreso se aprobó este jueves formar una comisión investigadora de las muertes durante las protestas, con 71 votos a favor, 45 en contra y una abstención. El fujimorismo y otros legisladores de ultraderecha se opusieron. Ante la magnitud de las evidencias de una represión que ha disparado contra manifestantes, legisladores de centroderecha y derecha que respaldan al gobierno apoyaron la creación de esta comisión investigadora. Esta investigación parlamentaria se suma a la que hace dos días inició la Fiscalía.

El sur andino

Este jueves continuaban las movilizaciones populares, concentradas fundamentalmente en el sur andino, donde hay un paro indefinido. Hubo movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso en Cusco, Juliaca, Tacna, Abancay, Apurímac, Arequipa, Lima y otros lugares. En la provincia cusqueña de Espinar manifestantes ingresaron al campamento minero de la empresa Antapaccay y quemaron dos vehículos. Se reportaron 80 piquetes de bloqueos de vías que abarcan a 10 de las 25 regiones del país, fundamentalmente en el sur. Comunidades campesinas movilizadas tienen rol central en estas protestas. El sur andino está militarizado. En la región Puno hay un toque de queda desde las 20 hasta las 04 horas.

Al momento del cierre de esta nota, se iniciaba una movilización en el centro de Lima con las mismas exigencias de las protestas que han paralizado el sur del país: renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sanción para los culpables de las muertes causadas por la represión, el cierre del Congreso de mayoría derechista y el adelanto de elecciones para este año. Por la presión popular las elecciones se adelantaron de 2026 para abril de 2024, pero se demanda sean este año. También se exige una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori y la liberación de Castillo. 

En una gran banderola se leía “Que se vayan todos. Cárcel para los asesinos”. Se escuchaban consignas que llamaban “asesina” a Boluarte. Estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, partidos de izquierda, se sumaron a esta movilización, que al momento del envío de esta nota, cuando se iniciaba, era multitudinaria. La policía cercó la Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, para impedir el ingreso de los manifestantes. También bloqueó el acceso al Congreso. Pobladores de Puno, Cusco y otras regiones andinas anunciaron que en los próximos días se desplazarán a Lima para sumarse a las movilizaciones en la capital. El gobierno ha amenazado con más represión y con no dejarlos llegar.

Mientras en Lima se iniciaba esta multitudinaria movilización, en la ciudad de Cusco policías y pobladores se enfrentaban cerca al aeropuerto. La zona estaba cubierta por los gases lacrimógenos. Se escuchaban disparos. Los pobladores respondían a la policía lanzando piedras. El aeropuerto de Cusco, principal centro turístico del país, fue cerrado. El miércoles, un choque entre policías y manifestantes en el mismo lugar dejó el saldo de un muerto y más de cincuenta heridos. El dirigente campesino Remo Candia, de 50 años, fue asesinado por un disparo en el pecho cuando formaba parte de la masiva protesta en Cusco. Fue auxiliado por sus compañeros y llevado a un hospital, donde fue operado de emergencia, pero en la noche falleció. La policía atacó a los manifestantes cuando tomaron una vía que los llevaba al aeropuerto. Las autoridades señalan que el objetivo era tomar el aeropuerto, con lo que justifican la acción policial. El choque duró varias horas. El saldo, además de la muerte del dirigente Candia, fue 55 heridos, 16 de ellos por proyectiles de arma de fuego. Hay dos heridos en estado crítico. Hubo seis policías heridos al recibir impactos de piedras y otros objetos.

La dura represión policial contra los manifestantes en la ciudad de Cusco ocurrió al mismo tiempo que en la cercana ciudad de Juliaca decenas de miles tomaron las calles para rendir homenaje a los 17 muertos el lunes -cifra que ahora se ha elevado a 18-, por disparos de las fuerzas de seguridad. Pasearon los ataúdes con los fallecidos a los gritos de “asesinos” y “justicia”. Llevaban banderas peruanas, la wifala y banderas negras como duelo. En la plaza principal de la ciudad, que estaba colmada por la multitud, se rindió un homenaje a las víctimas de la represión. Varios de los fallecidos fueron llevados luego a sus pueblos desde donde habían llegado a Juliaca para sumarse a las protestas. Cuatro pobladores heridos en Juliaca fueron trasladados a Lima, todos ellos con impactos de proyectiles, se presume perdigones metálicos, en la cabeza, tres en la zona ocular y uno con el cráneo fracturado.

Durante el multitudinario homenaje a sus muertos, la población de Puno acordó continuar con las protestas y el paro regional. “No podemos tener paz cuando nunca nos trataron como ciudadanos, nos estigmatizaron (como terroristas y financiados por el narcotráfico, las acusaciones que el gobierno y la derecha han lanzado contra los manifestantes). Nos vamos a Lima. La huelga continúa, pase lo que pase”, señaló Aurelio Medina, transportista. El comerciante Cornelio Condori aseguró que el consenso es exigir la renuncia de Boluarte: “Acá nos mantenemos firmes y no levantaremos la huelga indefinida hasta que renuncie Dina Boluarte. Mataron y esto no se quedará así. No hay forma de dialogar después de tantas muertes”.

La Asamblea de Gobiernos Regionales, que agrupa a los gobernadores de las 25 regiones del país, se pronunció exigiendo investigación por las muertes durante las protestas y sanción para los responsables. Demandaron elecciones generales para este año. Los gobernadores de Puno, Cusco y Apurímac han pedido la renuncia de la presidenta. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dice en un comunicado, titulado “Alto a las masacres”, que el gobierno de Boluarte ha demostrado “un total desprecio de la vida” y afirma que la presidenta y sus ministros tendrán que asumir “su responsabilidad política y penal por esta masacre”.

Luego de una reunión del Consejo de Ministros este jueves, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, repitió que la presidenta no renunciará. Dijo que lamentaba las muertes, pero volvió a defender a las fuerzas de seguridad y criminalizar a los manifestantes. Con más de cuarenta pobladores y un policía muertos, Otárola quiso justificar la represión diciendo que la policía había sido atacada y se había defendido. El gobierno sigue apostando a la represión como su principal carta. Pero los más de cuarenta muertos y más de medio millar de heridos que hasta ahora ha dejado la represión, lejos de amedrentar a los manifestantes ha encendido más la indignación popular y las protestas.