Desde Londres

¿Quo vadis Reino Unido? El ministro de Finanzas Philip Hammond reconoció que el Brexit perforará las finanzas públicas y la Oficina de Responsabilidad Fiscal predijo menos crecimiento, más inflación y un salto en la deuda pública en la primera estimación oficial del impacto que tendrá la separación del Reino Unido de la Unión Europea (EU). En medio de este panorama sombrío la gerente general del circo, la primera ministra Theresa May, no acierta a dar una respuesta coherente respecto a este quo vadis británico.
En julio May dijo que “Brexit means Brexit”, manera de calmar las aguas y hacer la plancha a la espera de que su partido y un electorado polarizado bajaran los decibeles del referendo del 23 de junio. En octubre la primer ministro pareció inclinarse hacia el “Hard Brexit” (línea dura antiinmigratoria y completa separación de la UE) en vez del “soft Brexit” (mantener el máximo vínculo posible con la UE). Este lunes, ante los ansiosos empresarios del CBI (Confederación de la Industria británica), añadió una tercer variante: el “transitional Brexit”.
El “transitional Brexit” consistiría en un acuerdo provisorio cuando terminen los dos años de negociaciones que siguen a que el Reino Unido invoque el artículo 50. El acuerdo se extendería por unos cinco años mientras se negocia la laberíntica complejidad de un divorcio con la UE después de 43 años de matrimonio. “Nadie quiere estar al borde un precipicio. La gente quiere un poco de certeza sobre el futuro”, dijo May a los empresarios.
Con la vertiginosa velocidad que los caracteriza, los mercados reaccionaron al instante y la libra recuperó un poco del terreno perdido frente al dólar. El “mini” presupuesto que anunció el ministro Philip Hammond el miércoles ayudó a esta ligera recuperación de la divisa británica que desde el referendo registra una caída del 16% frente al dólar. El “minipresupuesto”, que es un anticipo del presupuesto del año próximo, contiene noticias alarmantes como que la economía británica caerá un 2,4% en los próximos cinco años y la factura para las finanzas públicas del Brexit ascenderá a 122 mil millones de libras (151 mil millones de dólares), pero los mercados, tan veletas como siempre, suspiraron con alivio porque Hammond anunció un fondo para obras públicas de 23 mil millones de libras y un fin de la austeridad que promovieron los conservadores desde que David Cameron ganó las elecciones de 2010.
Si con Cameron el objetivo mucho más retórico que real era un superávit fiscal para 2020, con Theresa May-Hammond se proyecta abiertamente un déficit de 21 mil millones de libras y una deuda que crecerá a 90% del Producto Interno Bruto (PBI). Aún así la reacción de los mercados parecen ganancia tan cortoplacista como las de unas fichas de ruleta. Los fondos para infraestructura anunciados son bastante modestos si se los compara con el tamaño de la economía (casi dos billones de libras): apenas por encima del 1%. Según el prestigioso y siempre crítico Institute for Fiscal Studies el salario real de los británicos en 2021 terminará por debajo del que tenían antes del estallido de 2008.
En esta realidad extremadamente volátil, la judicialización del Brexit es una posibilidad cada vez más fuerte. En diciembre habrá un audiencia final de apelación ante la Corte Suprema que dictaminará en enero si la decisión de invocar el artículo 50 para iniciar las negociaciones es prerogativa del ejecutivo (los tratados internacionales lo son) o del legislativo (la incorporación a la UE fue aprobada por el parlamento). A principios de noviembre la Alta Corte de justicia decidió que se trataba de una ley británica y no de un tratado, ergo, el parlamento debía decidir.
El dictamen dista de ser una mera formalidad constitucional en un país que no tiene constitución escrita. Si la Corte Suprema ratifica el fallo, el parlamento deberá debatir el tema. En teoría podría votar en contra de invocar el artículo 50, pero en la práctica no se opondrá al resultado de un referendo aunque sí podría condicionar qué tipo de Brexit negociará el gobierno. Las aguas están tan revueltas que ayer hasta el ex primer ministro laborista Tony Blair decidió que podía ser una oportunidad para salvar su reputación política, tan por los suelos debido a la guerra de Irak, y declaró que se “podría revertir el Brexit si los británicos concluyen que el costo es más grande que el beneficio”.
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