Gabriela Núñez, que trabajó como secretaria del presidente de la fundación Ganaderos del Sur de El Quebrachal, Álvaro Ortiz de Urbina, lo denunció penalmente por violencia de género en el ámbito laboral. Por la acusación, presentada en octubre del año pasado, intervino la jueza de Violencia Familiar y de Género Verónica Viarengo, quien dispuso la prohibición de acercamiento mutuo, aunque pasados tres meses, todavía no ha citado a la denunciante.
Según pudo establecerSalta/12, en diciembre se realizó una audiencia de conciliación entre la denunciante y el abogado de la fundación, Pedro Brizuela, y el tesorero, Tristán Montenegro, en la dependencia de la Secretaría de Trabajo del departamento Anta, pero fracasó.
La trabajadora se dio por despedida por entender que no tenía garantías para ejercer sus funciones en un ámbito laboral libre de violencias. Desde la Fundación señalan que ella presentó un manuscrito en el que manifestó que renunciaba.
La denunciante tiene 41 años y contó que denunció a su jefe luego de haber vivido varias escenas de maltratos y gritos en sus años de trabajo. La última, y que fue detonante, ocurrió el 13 de octubre pasado.
Según lo relatado por la trabajadora, el 12 de octubre del año pasado el presidente de la fundación le solicitó que hiciera una nota para publicar en un grupo de whatsapp de ganaderos ya que tenían una campaña de vacunación antiaftosa. Ella realizó el comunicado y lo mostró al coordinador de la campaña de vacunación, Rodrigo Saravia, para que lo autorizara. Con el visto bueno, al día siguiente compartió el texto por el canal que le había indicado.
Dijo que, sin embargo, Ortiz de Urbina estuvo disconforme con el texto y le señaló que no había escrito lo que él le había pedido. La denunciante indicó que Ortiz de Urbina llegó después de las 10 a la oficina, le preguntó por el comunicado, ella le dijo que ya lo había realizado, él se fue y luego volvió. "De forma agresiva, empieza con los gritos, me pregunta si había publicado en la radio también. Ahí no había pasado el parte, solo por whatsapp. Enojado, me pide que saque la nota”, relató. "Empezó a gritar, a decir ‘qué carajos me importa’, muy alterado. Abrió la puerta con todo y empezó a gritar de muy mala manera. Decía que no era lo que él pedía”, relató.
Núñez dijo que el reproche de su jefe se basaba en que no había consignado que el Senasa exigía que los productores dejaran actas firmadas, o a un encargado para firmar una declaración jurada sobre la cantidad de animales que iban a vacunar. El pedido de Ortiz de Urbina se debía a que el organismo días antes había realizado una auditoría y faltaban actas que no se habían cargado al sistema por omisión de algunos productores.
Sin embargo, la trabajadora consideró que su jefe debió pedirle la corrección de la nota en otros términos, sin maltratarla. "Quedé shockeada de tanto que me gritó, se me fue encima. No me dejó terminar de hablar, siguió gritando. Me quedé callada. En un momento parece que eso también le molestó. Se levantó de la silla y se me vino encima de mi escritorio. No sé si me iba a pegar pero atiné a agacharme. Me grita '¿en qué idioma querés que te hable yo a vos?', en una mano tenía el teléfono, hacía gestos”, contó.
Añadió que cambió la nota, la compartió de nuevo por whatsapp y su jefe le puso un emoticón de sonrisa. "Un descaro total, como si nada hubiera pasado. Me tomé un té de manzanilla porque tenía bronca y ganas de llorar", recordó.
Señaló lo paradójico de una escena que se suscitó a continuación, cuando fue un productor a la oficina, quejándose de que lo habían maltratado en la oficina del Senasa de la localidad vecina, Joaquín V. González. "Tristán (el tesorero) se cruzó y le dijo que hable con Álvaro (el presidente de la fundación) porque no podía ser que lo maltraten", recordó. La mujer dijo que se molestó porque "iban a defender a un hombre" de un supuesto maltrato mientras a ella la habían maltratado en la misma fundación.
"A las 13 cierro la oficina, luego subo al auto de mi marido, empiezo a llorar. Él trata de calmarme y me dice 'vamos a la comisaría y lo denunciamos'. Me fui a la casa, no pude comer, me tuve que tranquilizar, dormirme, cuando despierto a la tarde, le digo que vamos a hablar con Tristán. Pero no pude ir tampoco, estaba alterada", relató. Agregó que al otro día informó que no iba a trabajar más porque "no podía soportar los malos tratos". Recordó que cuando llegó el coordinador, Saravia, le dijo que no iba a trabajar más, quiso contarle el motivo pero no pudo, se puso a llorar y la otra secretaria tuvo que explicarle lo sucedido.
Ese 14 de octubre, Núñez realizó la denuncia en la comisaría de El Quebrachal. La mujer consideró que por esta denuncia puede sufrir represalias porque Ortiz de Urbina es un empresario influyente en la zona y por eso entiende que podrían cerrarle las puertas a la hora de buscar otro trabajo. También manifestó que tiene miedo de cruzarlo, que desde lo vivido quedó "asustada, con ataques de pánico", vive "encerrada", y no sale "ni a comprar el pan sola". "Es vergonzoso pasar por esto a la edad que tengo", manifestó.
Aproximadamente 10 días después de la denuncia, la trabajadora recibió una orden de alejamiento mutuo emitida por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Anta. Pasados tres meses, no la citaron ni le hicieron entrevista alguna desde la Oficina de Violencia Familiar y de Género.
Núñez contó además que algunos productores la llamaron por teléfono para preguntarle por qué no volvía a trabajar, y uno le sugirió que buscara un representante legal. Entonces ella contrató a la abogada Mónica Vera, quien mandó una carta documento a la fundación para que revea su situación laboral.
La trabajadora relató otros hechos que también estarían comprendidos dentro de la violencia de género. Según contó, en la audiencia del 23 de diciembre, el abogado de la fundación dijo: "no vengo a conciliar porque la niña renunció, bloqueó el sistema de la oficina perjudicando a los productores, se victimiza sin razón”. Además contó que el tesorero “Tristan dijo que levantar la voz no es violencia".
La exsecretaria reclama una indemnización. “Este señor me ha destruido psicológica y económicamente”, manifestó respecto a Ortiz de Urbina.
Consultado por Salta/12, Brizuela aclaró que trabaja para la fundación desde hace varios años, pero no es el abogado particular del presidente, e indicó que este sería el tercer juicio laboral que afronta, en caso de que se inicie. Los otros dos fueron de otras secretarias.
Respecto a Núñez, el abogado señaló que el mandato que tiene de los productores era dejarle un cheque con la liquidación final, que se venció porque no lo fue a cobrar. Explicó que negaron la indemnización porque "ella renunció en una carta manuscrita. A los dos meses manda un telegrama de despido".
El letrado dijo que se comprometieron a reemplazarle el cheque a la exsecretaria. "Ella se da por despedida pero la fundación nunca la despidió. Ella presentó una renuncia al coordinador de la fundación", sostuvo. Ortiz de Urbina fue consultado por Salta/12, pero no respondió. El abogado indicó que se encontraba de vacaciones en Brasil.
