Tal como estaba previsto, el oficialismo presentó formalmente en el Congreso de la Nación el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia “por mal desempeño” en sus funciones. Acusa que sus últimos fallos sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, deja “en riesgo” al estado de derecho y “afecta seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.
También cita los chats que desataron el escándalo institucional dentro del Poder Judicial y que revelaron la relación directa miembros íntimamente allegados a la Corte y funcionarios de Juntos por el Cambio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”, dice el texto.
Esto implica que “han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
El escrito de 84 páginas fundamenta la legalidad, pertinencia y la viabilidad del pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal, citando a los más prestigiosos constitucionalistas que analizaron que esa posibilidad no atenta contra el orden republicano, tal como lo denuncia la oposición de Juntos por el Cambio que se niega a prestar quórum y amenaza con paralizar el Congreso.
Los citados a la Comisión de Juicio Político
El proyecto presentado por el oficialismo pide que sean citados a la Comisión de Juicio Político los cuatro jueces de la Corte Suprema denunciados: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Además, los legisladores del Frente de Todos requirieron que presten declaración testimonial más de 40 personas, entre las que están los protagonistas de los "chats del lawfare": Silvio Robles, asesor de Rosatti, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad porteño en uso de licencia.
En el texto, los diputados sostienen que deben ser citados además "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".
También fueron convocados una serie de gobernadores, varios de los cuales impulsaron el juicio político a la Corte junto al presidente Alberto Fernández. Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
A la lista se suman figuras del derecho como Baltasar Garzón, Damián Loretti y Andrés Gil Domínguez y distintos organismos de derechos humanos.
Mal desempeño
El proyecto de juicio político apunta a "arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional" por la forma en que la Corte decidió tomar el control del Consejo de la Magistratura.
Agrega que en el fallo sobre la coparticipación, los cuatro integrantes del tribunal dictaron "una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Rosatti y los chats del lawfare
El escrito hace hincapié en los mensajes que se conocieron entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, Director General de la vocalía de Rosatti.
"Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura", afirma el proyecto.
Según el pedido de juicio político, esos mensajes dan cuenta "de los métodos mafiosos con los que se opera desde el seno mismo de la Corte Suprema, en especial desde su presidencia, a cargo de Rosatti".
"Queda evidenciada la maniobra ilegal del Dr. Rosatti, según la cual, en
primer lugar asume, de manera irregular, la presidencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la
Magistratura, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente
derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y
acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las
mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las
facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación. Todo ello
orquestado junto a la alianza política opositora al gobierno, específicamente
junto a D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad del jefe de gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta", señala el escrito.
