Tal como ocurrió con el desalojo de la toma en la planta de PepsiCo, en Vicente López, el gobierno de María Eugenia Vidal había enviado esta mañana un ejército de policías bonaerenses a desalojar el acampe frente a la petroquímica Carboclor, en el partido de Campana, que hace diez días despidió a 148 trabajadores. A partir de la llegada organizaciones sindicales y legisladores, las fuerzas de seguridad, que se habían comprometido a “no reprimir”, se terminaron retirando después del mediodía. El lunes a las 14, funcionarios del gobierno provincial y los delegados mantendrán una reunión para tratar los reclamos de los trabajadores, que mantendrán el acampe. 

El pedido de los operarios y administrativos es el pago de la indemnización completa, debido a que la empresa les ofreció solamente el 50 por ciento. Por este motivo, desde hace diez días y ante la falta de respuestas positivas iniciaron un acampe frente a la entrada de la planta.

“Que la empresa pague lo que tiene que pagar. Si tomó la decisión de cerrar, no nos queda otro camino que aceptarlo. Pero que pague lo que corresponde”, recalcó Norberto Lubo, titular del Sindicato de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Campana.

Esta mañana, frente a la multitudinaria protesta obrera, un operativo de 500 miembros de Infantería de la Policía Bonaerense y de la Gendarmería rodeó al grupo de manifestantes. Para evitar cualquier embate represivo, trabajadores de otras empresas, dirigentes del sector y legisladores provinciales y locales llegaron rápidamente para acompañarlos. 

Carboclor es propiedad de la estatal uruguaya Ancap y cerró sus puertas a finales de mayo pasado tras una “grave situación financiera”, según lo expuso en la carta que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde operó hasta ese mes. El día que hizo esa comunicación también presentó ante el Ministerio de Trabajo un pedido de inicio de procedimiento preventivo de crisis para concretar los despidos. Pero ofreció el pago de la mitad de las indemnizaciones.

La compañía no despidió a la totalidad de los trabajadores. Se quedó con una veintena de ellos para terminar con el dispositivo de cierre. “No se va a ir del país –aseguró Lubo a C5N- sino que para su producción.” Por la dimensión de su infraestructura, “lo que va a hacer es dedicarse a la exportación: va a importar (materias), almacenar y luego venderla afuera”, sospechó el dirigente. “La bicicleta financiera de hoy da para que se haga esto y mucho más”, consideró.

El gobierno de María Eugenia Vidal envió hasta Campana una tropa de gendarmes y policías, pero ante la persistencia de la protesta, llamó a negociar. Lubo aseguró que “la gobernadora intervino y citó a una audiencia, que primero se esperaba a las 18 y, finalmente, fue pospuesta para el lunes a las 14.