Este viernes, diputados del Frente de Todos presentaron dos proyectos para iniciar formalmente el juicio político a los jueces de la Corte Suprema. Una de las iniciativas, redactada por el legislador cordobés Pablo Carro y su colega María Rosa Martínez, hace hincapié en las irregularidades en el manejo de la obra social de los trabajadores judiciales que está a cargo del órgano supremo de Justicia.
"No cubrieron los cargos, no se controla, no se hacen informes. (Juan Carlos) Maqueda delegó su firma a una sobrina de él que no tiene título alguno, ni niguna especificidad laboral. Hay montones de irregularidades", denunció Carro en AM750.
Además, el diputado calificó de "disparatado" que la propia Corte esté al control de la prestación de salud de los trabajadores judiciales: "Hay inspecciones que ellos mismos mandan a hacer, auditorías que reflejan una demanda de mayor control y transparencia sobre el manejo de los recursos que ellos mismos incumplen".
En ese sentido, Carro explicó que esto fue derivando en los últimos años en muchos juicios contra el órgano supremo de Justicia por incumplimientos.
Por otra parte, el legislador cordobés aclaró que aunque Maqueda es, en la práctica quien está a cargo de la obra social, el juicio político se iniciará a los cuatro supremos porque no existe ningún registro formal de que fue designado para esa tarea.
"No hay ningún papel que lo mencione específicamente, ni que diga desde qué momento hasta qué momento, sino que hay un mail que Maqueda le manda al resto de los miembros de la Corte diciéndole que hay que hacer algo con la obra social y donde da cuenta de que está a cargo. Pero sin actos administrativos", detalló el también secretario general de la CTA de Córdoba.
Por último, concluyó: "Es un elemento más en el conjunto de despropósitos que ha sido el comportamiento de la Corte estos últimos años".
