Una serie de medidas antiaborto anunciadas por una región dirigida por la derecha y la extrema derecha generaron polémica en España, por lo que el gobierno central garantizó que evitará una vuelta a tiempos "negros" para los derechos de las mujeres.
En España, referente en materia de derechos de las mujeres en Europa, el aborto se despenalizó en 1985 y se legalizó en 2010.
Las medidas, anunciadas el jueves por la consejería de Sanidad del gobierno de Castilla y León, incluyen ofrecer a la madre gestante apoyo psicológico y acceso a escuchar el latido del feto a partir de la sexta semana de embarazo, así como vigilar que se respete a los médicos que por objeción de conciencia se nieguen a practicar abortos.
"Son medidas provida para tratar de que todos los padres y madres que quieran continuar con el embarazo de la mujer puedan seguir", explicó el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, del partido de extrema derecha Vox. "Si son útiles para que solo un niño que iba a ser abortado pueda nacer, habrán hecho que todas las consecuencias negativas de participar en un gobierno (...) merezcan la pena", agregó García-Gallardo, quien dijo que las medidas fueron consensuadas con su socio en el gobierno regional, el Partido Popular (PP, conservadores).
Castilla y León, una región rural de 2,4 millones de habitantes ubicada al norte de Madrid, se convirtió en abril de 2022 en la primera región española con un gobierno con miembros de la extrema derecha desde el fin de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). La polémica cobró mayor fuerza a menos de un año de las elecciones generales de finales de 2023, en las que, según encuestas, ganaría el PP pero necesitaría del apoyo de Vox para gobernar.
"El gobierno tiene que actuar contra esa propuesta", afirmó este viernes en la radio pública RNE la vicepresidenta española, Nadia Calviño, al criticar que haya "comisarios de la virtud de las mujeres" que quieran retrotraer al país "a los tiempos más negros de nuestra historia".
Aunque gobierna en Castilla y León, la dirección nacional del PP buscó tomar distancia. Cuando el partido "no esté de acuerdo (con algo) lo va a decir y va a rectificar las políticas que otros quieran imponer, si consideramos que son equivocadas", dijo sin más precisiones en la cadena Antena 3 uno de sus portavoces, Borja Sémper.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez promovió reformas legales para reforzar el derecho al aborto, como por ejemplo impedir el acoso de activistas antiaborto frente a clínicas donde se realizan las intervenciones. Asimismo, amplía el acceso al aborto en hospitales públicos y permite a menores a partir de 16 años a abortar sin autorización de los padres, en una ley que debe recibir próximamente luz verde del Senado.
