Apenas unas horas después de que se publicara la convocatoria a extraordinarias, la bancada oficialista en la Cámara de Diputados oficializó la presentación del pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. En el escrito de 410 páginas, les diputades del Frente de Todos no solo se valieron de las acusaciones por "mal desempeño" que ya habían presentado el presidente con los gobernadores, sino que le sumaron dos condimentos con el objetivo de ampliar la investigación: el fallo "Muiña" del 2x1 para genocidas y las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. Una vez que comience el proceso de investigación, la Comisión de Juicio Político convocará a comparecer a una treintena de testigos, entre los que se incluye a Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles (los protagonistas de los chats filtrados). En la iniciativa, les diputades piden también citar a los cuatro jueces de la Corte. Si bien en el FdT hay expectativa de poder ver desfilar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por los pasillos de la comisión, los supremos no estarán obligados a asistir. 

410 hojas, 35 testigos invitados, 18 piezas de archivo documentales, 13 pedidos de informes a organismos públicos e incontables disquisiciones doctrinarias: el proyecto oficial de pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema ingresó formalmente a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados y envió la señal de largada que faltaba para que comience el proceso de destitución. La primera reunión de la comisión de Juicio Político, que preside Carolina Gaillard, será el 26 de enero (una vez que haya finalizado la cumbre de la CELAC y la visita de Lula). 

En este primer encuentro el oficialismo buscará aprobar la "admisibilidad" de las denuncias que se realizan en todos los pedidos de juicio político contra jueces de la Corte que se hay en la comisión (hay, incluso, uno de la Coalición Cívica). El FdT cuenta con 16 de les 31 diputades integrantes de la comisión, por lo que se descuenta que no tendrá problema para aprobar el sumario que dará inicio a la investigación. Existieron varias conversaciones informales entre la conducción del FdT y les integrantes oficialistas de la comisión para asegurarse que así fuera. 

La lista de testigos

Una vez que comience el proceso de recolección de pruebas, se citará a testigos y especialistas a comparecer en la comisión. Según sostiene la iniciativa, se exigirá la presencia de unas 37 personas que estarán obligadas a presentarse. Dos nombres encabezan el listado: el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Y es que una parte importante de la investigación estará centrada en el contenido de los (supuestos) chats que los tienen como protagonistas. Para el FdT, la "espuria convivencia" entre ambos es una prueba cabal de la forma en la que la Corte Suprema coordinaba fallos judiciales con el gobierno porteño para beneficiar a Juntos por el Cambio (y a Horacio Rodríguez Larreta en particular). 

También serán citados Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti en calidad de denunciados. La diferencia es que, de acuerdo al reglamento interno de la comisión, los supremos pueden decidir ausentarse y enviar, en cambio, un escrito de defensa. Cabe destacar que no son muchos los dirigentes oficialistas que crean que vayan a terminar compareciendo. 

En el caso de los testigos, en cambio, estos sí están obligados. El plato fuerte será la presencia de D'Alessandro y Robles, pero también estarán convocados algunos dirigentes -como los 11 gobernadores que suscribieron el pedido original de juicio político, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el ministro Eduardo "Wado" De Pedro-, así como también juristas -Eugenio Zaffaroni y el español Baltasar Garzón- y peritos. Serán citados también funcionarios de la Corte Suprema y las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Será un proceso largo. A las testigos mencionados habrá que sumarle, en los próximos días, los expositores que Juntos por el Cambio también quiera agregar al debate. Y es que si bien el interbloque opositor no dará quórum, sí planea meterse de lleno en la discusión parlamentaria una vez que esta comience. Les 14 legisladores de JxC que integran la comisión -cuyo vicepresidente es el lilito Juan Manuel López- comenzarán a reunirse por zoom para discutir la estrategia. 

El incipiente calendario de trabajo de la comisión, mientras tanto, anticipa que les diputades se reunirán dos veces por semana, en encuentros que comenzarán a la 1 de la tarde y podrá extenderse hasta después del anochecer.

Los fundamentos del proyecto

"El juicio político que se promueve es un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional –el Congreso de la Nación– con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial", explican, al comienzo de los fundamentos, les 15 diputades que firmaron el pedido de juicio político. 

Si bien las principales figuras que trabajaron en el texto fueron Carolina Gaillard y el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, la selección final de los nombres obedeció a dos principios: representación federal y no formar parte de la comisión de Juicio Político (de modo de evitar cuestionamientos). Encabeza la lista de firmantes el diputado Eduardo Valdés.

La base de hechos que fundamentan el pedido de remoción de los supremos son los mismos que ya habían sido sostenidos en el documento firmado por el presidente y los gobernadores. Esto es: 

-El fallo con el que la Corte benefició a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa de los fondos coparticipables: "Una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad", sostienen en el texto.

-El fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y la imposición, por default, de la composición de la derogada ley del 90': "El Alto Tribunal avanzó sobre las facultades de otro Poder del Estado, generando un desequilibrio institucional de claras consecuencias: la toma por asalto de un órgano constitucional", denuncian. Son varias las acusaciones referidas al juego de sillas del CdM, como la que refiere a la acordada que prohibió la división del interbloque del Frente de Todos en el Senado.

-El vínculo del vocero de Rosatti con el gobierno porteño. Esta acusación apunta solo al presidente de la Corte Suprema a partir de los supuestos chats filtrados entre Robles y D'Alessandro: "Los chats publicados por la prensa dejan al descubierto que han existido maniobras coordinadas en las que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política", sostienen. 

2x1 y Obra Social del Poder Judicial

A las acusaciones ya presentes en el proyecto del Ejecutivo, les diputades decidieron sumar dos elementos más. El primero refiere a la resolución del "caso Muiña", en el cual Rosatti y Rosenkrantz (y Elena Highton) dispusieron que era aplicable el beneficio del 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad. La resistencia popular al fallo fue tan grande que el Congreso terminó sancionando una ley que prohibía aplicar este beneficio para el caso de delitos de lesa humanidad, llevando a que la Corte tuviera que volver sobre sus pasos. Solo Rosenkrantz mantuvo su postura original "en un ostensible desprecio por la sensibilidad ciudadana", acusan desde el FdT. Esta denuncia ya había estado presente en un pedido de juicio político que había realizado la diputada oficialista Vanesa Siley contra Rosenkrantz en 2020.

El otro elemento que se sumó a la acusación tiene que ver con las irregularidades detectadas en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial, que está bajo el control de la Corte Suprema. En el 2021, la obra social se vio envuelta en distintas denuncias penales vinculadas a su gestión y administración de fondos. Y, en el proyecto, el FdT hace responsable a la Corte de los "desmanejos" detectados. 

Esta última denuncia motivó también la presentación de un segundo pedido de juicio político que lleva la firma de María Rosa Martínez y Pablo Carro. En este proyecto, la diputada del FdT acusa a los jueces no solo por "mal desempeño" sino también por eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Según pudo saber Página/12, el objetivo de esta doble presentación en simultáneo obedece al interés del oficialismo de hacer hincapié en la denuncia por la obra social. 

"Nosotros bregamos porque las instituciones funcionen. No estamos en contra de la Corte, sino que defendemos su institucionalidad. El juicio político no es a la Corte, sino a los miembros del tribunal. La comisión avanzará y dictaminará si avanzar o no con la investigación", resumió Carolina Gaillard a Página/12.