De los 27 puntos del temario que el Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, hay al menos uno que generó tensión en Juntos por el Cambio y su postura de bloquear toda la actividad parlamentaria hasta que el Gobierno desista del juicio político a la Corte Suprema: es el proyecto de ley para modificar el Presupuesto 2023 para debatir cómo hará frente el Estado Nacional al amparo de la propia Corte que obliga a aumentar los fondos coparticipables destinados a la Ciudad de Buenos Aires. Si JxC impide el debate del proyecto, el oficialismo podría insistir en que no puede cumplir con el fallo hasta que el Congreso asigne las partidas presupuestarias correspondientes.

La letra final del proyecto todavía no está definida y en eso continúa trabajando el ministro de Economía, Sergio Massa. Por eso, los diputados del Frente de Todos prefieren no hablar públicamente del tema. En Juntos por el Cambio tampoco quieren adelantar postura. Mientras tanto, algunos oficialistas consideran que la vía para destrabar la situación pasa por fuera del Palacio Legislativo, en una negociación entre los gobiernos nacional y porteño. Algo que, por ahora, no está encaminado.

La iniciativa lleva el número 21, entre las 27 que el Ejecutivo incluyó en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias, previstas desde el 27 de enero al 28 de febrero, con solo una descripción técnica: “Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N°11.672”.

La iniciativa busca instrumentar los mecanismos que le permitan al Tesoro recaudar los fondos para pagarle a la CABA el incremento de coparticipación que decidió la CSJ al aceptar el amparo solicitado por el gobierno porteño, aunque aun no dio a conocer su fallo sobre el fondo de la controversia. Tras un primer rechazo a la decisión de los cortesanos, el Gobierno ofreció pagar la deuda en bonos, pero el alcalde Horacio Rodríguez Larreta lo rechazó. En simultáneo, Casa Rosada planteó la necesidad de discutir en el Congreso una ley que modifique el Presupuesto 2023 para definir de dónde saldrán los recursos para afrontar la decisión judicial.

El debate del proyecto debe comenzar por Diputados, la Cámara legislativa donde la paridad de fuerzas le permitió a JxC –que arrastró a gran parte del resto de la oposición— trabar una serie de proyectos considerados prioritarios por el Gobierno. Allí radica la fuerza con la que el interbloque cambiemita impone su decisión de paralizar el Parlamento mientras el oficialismo insista con el juicio a los cortesanos.

Desde el principal interbloque opositor prefirieron no responder a las consultas de Página/12. Tampoco contestaron si el proyecto que busca saldar la deuda coparticipable al gobierno porteño podría ser la llave para destrabar la actividad legislativa.

En las filas del oficialismo, mientras, guardan su interpretación para cuando se conozcan el texto y los fundamentos del proyecto. Algo en lo que Massa todavía trabaja puertas adentro del Ministerio de Economía. Incluso, en su reciente gira por Entre Ríos para dar a conocer medidas de su ministerio, no soltó ni a los propios detalles del proyecto.

No fueron pocas las versiones sobre que Massa tendría sus propios canales de negociación con la oposición, en busca de abrirle paso a la solución del conflicto con CABA y en paralelo a dos proyectos que considera fundamentales para su ministerio. Uno es el blanqueo de bienes y capitales no declarados en el exterior, tras el acuerdo que selló con los Estados Unidos para el intercambio de información fiscal. La otra es la ley de agroindustria, en la que también estaría de acuerdo JxC.

Con un casi nulo diálogo entre oficialismo y oposición en el Parlamento, y mucho menos alguna instancia de negociación abierta, varios diputados del FdT consideran que las pocas posibilidades para destrabar el conflicto pasan por fuera del Palacio Legislativo.