Pese a que la reforma del Consejo de la Magistratura fue incluida por el Gobierno en el temario de las sesiones extraordinarias, algunos sectores del Frente de Todos pidieron que el Presidente dicte un Decreto de Necesidad y Urgencia para reactivar al organismo. 

Previendo el rechazo opositor al proyecto -y en rigor al funcionamiento del Congreso-, y como una salida en el corto plazo para reestablecer el funcionamiento del Consejo, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del FdT, Teresa García, y el abogado y consejero Héctor Recalde coincidieron en reclamar un DNU que restablezca la actividad del organismo encargado del nombramiento, sanción y remoción de jueces. Desde el Ejecutivo niegan que el asunto esté en agenda.

“Creo que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura hay que resolverlo, si no hay voluntad de las partes, es facultad plena del Ejecutivo y una obligación hacerlo”, dijo Teresa García. En este sentido, recordó que el Consejo "no está constituido formalmente, porque falta la integración que se le niega al Senado. Hasta que no ocurra va a estar paralizado. Ahí cabe un DNU, porque hay necesidad y urgencia”.

La senadora apuntó contra los magistrados del máximo tribunal y afirmó que "estamos en un proceso de gravedad institucional muy grande", porque desde allí  "se desprenden fallos que terminan afectando la población”. En este sentido, destacó: "No creo que haya voluntad en el Ejecutivo para dictar un decreto que modifique la constitución de la Corte. Sí se está en condiciones de dictar un Decreto respecto al Consejo de la Magistratura".

En la misma línea se expresó el abogado e integrante del Consejo, Héctor Recalde, al afirmar que el DNU "establece lo que la ley no podría porque no tenemos la mayoría para imponerla". Aunque no opinó acerca de la voluntad política para llevar a cabo la medida, sí lo hizo desde el punto de vista jurídico al indicar que "hay posibilidad" de sancionar el DNU.

En los últimos días, el ministro de Justicia, Martín Soria había mencionado al pasar, ante una consulta periodística puntual, que estaba la potestad legal del Ejecutivo de dictar un DNU para la reforma del Consejo. Sin embargo, la vocera presidencial Gabriela Cerruti había rechazado luego que el tema se estuviera analizando en el Ejecutivo.