Julieta Toledo es la Jefa de residentes de Ginecología y Obstetricia del Hospital Haedo, y narró el proceso cómo se vive dentro del hospital: "Cuando se presenta una paciente que quiere realizar una IVE, le damos turno para confirmarlo con una ecografía. En el consultorio trabajamos con un equipo de servicio social y salud mental. Charlamos, y frente al acuerdo de la paciente se ofrece el tratamiento dependiendo de la edad gestacional que posea" afirma Julieta.
"Siempre ofrecemos comprimidos, es decir, un aborto con pastillas. La paciente se va a su domicilio e inicia el tratamiento, obvio que se dan pautas de alarma y ella puede venir a la guardia para cuaquier situación que le llame la atención. Ella se va con un turno a una semana, en la que nos viene a ver con una ecografia hecha. Nosotros hacemos IVE, no ILE pues no contamos con el equipo necesario. Y lo que no podemos hacer, lo derivamos. Es como cualquier procedimiento", concluye.
"Después de tres años de gestión y dos de implementación de la ley, podemos decir que en la Provincia de Buenos Aires se garantiza el acceso al aborto de manera equitativa en todo el territorio provincial", señala Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva.
A dos años de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo, el gobierno bonaerense estima en un 98 por ciento el porcentaje de municipios de la Provincia que garantiza el derecho al aborto legal.
Buenos Aires 12 indagó sobre estos datos con la Dirección de Equidad de Género en Salud, además de consultar los testimonios de socorristas, médicos y pacientes que realizan la intervención o pasaron por ella, para registrar en qué medida se respeta el derecho de las mujeres a decidir después de dos años de implementación de la ley que tanto tiempo le costó al movimiento feminista.
El Ministerio de Salud bonaerense señaló que desde 2020 se incorporaron 133 centros de salud y hospitales a la Red de Acceso al Aborto, que cuenta, en total, con 539 establecimientos distribuidos en 132 de los 135 municipios de la provincia.
Una vez sancionada la Ley Nacional N° 27.610, que garantiza el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los objetivos que guiaron el proyecto de implementación de la normativa fueron, por un lado, priorizar una política de acceso centrada en la reducción de las inequidades territoriales y por otro, la ampliación del primer nivel de atención.
Hasta diciembre de 2020, el aborto era legal solo por causas establecidas en el Código Penal, artículo 86. Otro tipo de interrupción que no estuviera relacionado con el peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o por tratarse de un embarazo producto de una violación, era considerada ilegal.
Al inicio de la gestión del actual gobierno bonaerense no existían registros ni datos oficiales sistematizados sobre las interrupciones del embarazo, no por lo menos aquellos que fueran confiables y oportunos, insumo indispensable para la toma de decisiones y el monitoreo de la política pública. Por lo tanto, no era posible establecer la cantidad de ILEs que se realizaban en la provincia, ni su distribución en el territorio, ni cuales eran los establecimientos que garantizaban la práctica.
El primer objetivo después de la sanción de la ley fue construir un sistema de gestión, que permitiera tener información valuable sobre la cantidad de prácticas y características de ILE. A esos datos, se le agregó la IVE, el uso de misoprostol, la identificación y monitoreo de la red de establecimientos públicos que realizan la practica, la distribución de los insumos y solicitudes de acceso a la interrupcion del embarazo que llegan a través de la línea 0800 Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
"Desde marzo 2020 se registraron más de 72 mil situaciones de aborto, según los datos centralizados del ministerio de Salud bonaerense. Del total recabado, el 95 por ciento corresponde a interrupciones voluntarias y legales. Esto representa un aumento en el acceso al aborto dentro del sistema de salud en las doce regiones sanitarias de la Provincia de Buenos Aires", informó la Dirección de Equidad de Género en Salud.
"Entre el año 2020 y el 2021 hubo un aumento en el acceso de 131por ciento. Este aumento no significa que los eventos de aborto en la provincia se hayan duplicado, sino que, por el contrario, lo que se amplía significativamente es el acceso a la práctica en el sistema de salud, ya que todas las estimaciones de aborto superan ese número. Este proceso fue acompañado por el compromiso y trabajo de los más de 500 equipos de acceso al aborto distribuidos en 132 municipios y en las 12 RS", señaló.
Además de la falta de datos, los desafíos que presentaba el territorio de la provincia de Buenos Aires para la implementación de la ley era su profunda inequidad social en términos de salud reproductiva y sexual.
"Los desafíos que encontramos los habíamos identificado y empezamos a trabajar desde antes de la sanción de la Ley: la inequidad territorial para el acceso, la falta de insumos para brindar la práctica, la falta de equipos constituidos y capacitados, que se constituyeran en una red de atención y cuidado. Por lo tanto, se procuró generar las condiciones que permitieran a los equipos de salud de los diferentes niveles de atención de toda la provincia dar respuesta a la creciente demanda", afirman desde la Dirección de Equidad de Género en Salud.
Los municipios que no garantizan la IVE son Capitán Sarmiento, Lezama y San Miguel. Coronel Rosales fue el último municipio en incorporarse, por lo tanto estos últimos cuatro no figuran en el mapa oficial de establecimientos que ofrece el Ministerio de Salud PBA en su web.
Aunque casi todos los municipios ofrecen establecimientos donde las personas con capacidad de gestar pueden ejercer el derecho de autonomía sobre sus cuerpos, la realidad para muchas sociedades es otra. A lo largo del territorio provincial, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo dispar entre las localidades.
María Julia Constant integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en La Plata desde la colectiva feminista Las Azucenas. "En la ciudad de La Plata tenemos garantizada la aplicación de la ILE y la IVE en los hospitales provinciales, garantizados por les compañeres de la Red de los Profesionales de la Salud por el Derecho al Aborto. Antes de la ley ellos ya atendían la consejería pre y post aborto, y las interrupciones legales", afirma María Julia sobre su ciudad.
"La gran dificultad que tenemos hace mucho tiempo es lo que pasa en los centros municipales. De 47 CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), solamente atienden 5, y hasta hace poco eran solamente 3. El 80 por ciento de las interrupciones podrían atenderse en los CAPS, así que esa es la problemática fundamental que tenemos", afirma María Julia. "Esta dificultad hace que los hospitales provinciales se desborden y no se den a término los turnos, por la alta demanda. Por eso es importante que los CAPS estén acondicionados y obtengan presupuesto para esta ley".
"A nivel provincial y local otra de las cosas que nos parecen importantes es la capacitación en AMEU (Aspiración Manual Extra-Uterina) para que las personas gestantes puedan elegir entre ese método o con pastillas, como indica la ley. En muchos lugares de la ciudad de la Plata no se hace porque no hay profesionales que sepan realizarlo", concluyó.
Julia Gatica es la directora ejecutiva del Hospital José Ingenieros, que lideró desde 2007 la atención de las mujeres en situación de aborto. Además, forma parte de Profesionales por el Derecho a Decidir. Julia nota que la ley propició una suerte de "discriminalización" social del hecho de abortar. Sin embargo, aún encuentra obstáculos.
"Las dificultades para el cumplimiento son varias. En primer lugar, los profesionales que se escudan en la objeción de conciencia, que para mi es un espacio donde se esconden los cobardes. Dentro de la misma linea, las instituciones de salud y educación que tienen un "habitus" que propicia la repetición de prácticas negadoras de derechos. Los grupos religiosos o de culto que se oponen al aborto mostrando una posición inamovible, y los prejuicios y mandatos de la sociedad donde fuimos criados y vivimos, que enaltece a la madre y señala como deliencuente a las que no quieren serlo", afirma convencida.
En cuanto a los objetivos para este año, Julia espera poder consolidar la ESI en todo el territorio nacional (Ley 26.150 sancionada en 2006), además de afianzar los circuitos de entrega de métodos anticonceptivos y capacitar a los equipos de salud tanto de primer nivel (salitas) como de segundo nivel (hospitales).
Griselda Cifuentes forma parte de las socorristas de Bahía Blanca, que están a cargo del sur de la provincia de Buenos Aires y recibe el llamado de 16 localidades cercanas a la ciudad. "Para nosotras el panorama es bastante favorable, aunque en algunos municipios mas chiquitos de la zona, una dificultad muy grande que tenemos es luchar contra el personal de los centros de salud en asuntos de confidencialidad y secreto profesional. Muchas mujeres tienen miedo de acercarse y que se enteren sus conocidos, por eso prefieren viajar a Bahía Blanca donde quizás se sienten mas contenidas."
Por otro lado, Eugenia Francisca Ferrario es socorrista de la organización Socorro Rosa de Necochea-Quequén.
"Lo que entendemos de esta región de la provincia es que la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es despareja. Sigue estando vinculada a la voluntad de ciertos profesionales de la salud, a que no todos los centros de salud garantizan. Cuando hay un solo centro de salud que garantiza, y en enero se toma vacaciones, la cosa se complica", explica Eugenia de la situación de Necochea.
"Los profesionales y las profesionales de la salud todavía gozan de un poder intocable. Sobre todo en las ciudades chicas, donde el miedo a la estigmatización y la criminalización sigue siendo un tema. Eso hace que sea muy dificil denunciar maltratos u objeciones de práctica, más que de conciencia, porque siguen sin querer hacer cumplir la ley" continuó.
"Los objetivos para este año siguen siendo hacer vivir la ley, que la ley se cumpla. Seguir tejiendo redes para que a las personas con capacidad de gestar les sea más fácil acceder un aborto, en términos materiales y económicos. Que cada vez más profesionales de la salud tengan en su formación de grado formaciones específicas sobre aborto, y que esté cada vez más incluido en la ESI", concluye.
Este año, se firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para el desarrollo y posterior producción pública de la mifepristona, un medicamento que, combinado con el misoprostol, es definido como "esencial" por la OMS para llevar a cabo una práctica eficaz, segura y de calidad.
"Está demostrado científicamente que la combinación de Mifepristona y Misoprostol aumenta la eficacia de las interrupciones legales de embarazo (ILE/IVE), reportando tasas de éxito de hasta 98 por ciento, en comparación al uso exclusivo de Misoprostol, mediante el cual la variable de eficacia es de entre 80 y 85 por ciento", señalaron funcionarias de la Dirección de Equidad de Género. "En la Argentina no se comercializa ni existe producción pública de este medicamento, y únicamente hay una donación de combipack de la organización FOS Feminista que Nación distribuye en las provincias. Por eso, esta alianza del Ministerio de Salud de la Provincia con la UNLP para elaborarlo resulta estratégica y, considerando que en todo el país aún no se produce, permitirá avanzar en materia de soberanía sanitaria."
