![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ernesto-tiffenberg.png?itok=w9enEvbg)
Un ingeniero construye varias casas. Se cae la mitad. Si se comprueba que fue por su culpa perderá la matrícula. Puede defenderse, claro, pero nunca se le ocurriría alegar que no pueden juzgarlo por su ejercicio profesional. Un juez de la Corte escribe varios fallos. Una buena cantidad son parciales y tienen dramáticas consecuencias. Si el Congreso considera que eso es cierto perderá su puesto. Puede defenderse, claro, y lo primero que alegará es que no pueden acusarlo por su ejercicio profesional.
Parece injusto, pero eso es lo que sostienen Juntos por el Cambio y todos los medios y asociaciones de jueces y abogados alineados con la oposición, abroquelados para evitar de cualquier manera el Juicio Político planteado por el Gobierno contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, empezando por su presidente Horacio Rosatti.
“Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias”, repiten todos los periodistas que solo aplaudieron cuando los jueces no fueron juzgados sino extorsionados y despedidos por haber firmado fallos que no le gustaron al gobierno de Mauricio Macri. Pero ese lugar común es solo eso, un lugar común que se convirtió en mito de tanto repetirlo.
Una forma rápida de ponerlo en duda es recordar que existe el delito de “prevaricato”, que se produce cuando un funcionario judicial dicta un fallo “a sabiendas de que es injusto o contrario a la ley”. Por ejemplo, Cristina Kirchner pidió que se investigue por prevaricato al fiscal Diego Luciani justamente por las falsedades que utilizó durante su alegato en el juicio de Vialidad.
Si el sistema judicial puede entonces utilizar el contenido de las sentencias para enjuiciar y condenar, ¿por qué no podrían hacerlo los legisladores al analizar las responsabilidades de los cortesanos cuando hasta los propios Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda ya determinaron, en fallos anteriores, que “no puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial”.
El traspié de Straface
El doctor Alfonso Santiago es miembro Titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y presidente de su Instituto de Derecho Constitucional. El 23 de setiembre de 2021 fue nombrado por la Legislatura “personalidad ilustre de la Ciudad de Buenos Aires” por iniciativa del entonces diputado Gonzalo Straface. Gonzalo es uno de los Golden boys del gobierno porteño, hermano de Fernando Straface, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta. Nadie podría suponer que galardonaría a alguien contaminado de kirchnerismo.
Quizás Straface no lo supiera, pero Santiago es el investigador argentino que más ha estudiado los argumentos a favor y en contra de responsabilizar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, y cinco años antes de convertirse en “personalidad ilustre” había publicado un libro sobre el tema, “La responsabilidad de los jueces por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales”, que ilumina el proceso que se está abriendo sobre la Corte.
El estudioso no pierde de vista que “la principal tarea de los jueces es el dictado de sentencias, de ahí que la causal de mal desempeño guarda estrecha relación con su contenido”. Y aunque considera que lo normal es “la irresponsabilidad política de los jueces por el contenido de sus decisiones”, hay tres casos de excepción: “el desvío de poder, el error judicial reiterado y el error único con consecuencias gravísimas”.
En otras palabras, Santiago convoca a distinguir los fallos que implican una “cuestión opinable” (siempre que sea fundada en criterios jurídicos) de las “sentencias injustas”, aquellas que carecen de “toda interpretación razonable”. Dentro de esta categoría distingue el “error judicial” fruto de la negligencia y aquellos en que “el juzgador busca beneficiar o perjudicar a alguna de las partes, o a sí mismo”, utilizando decisiones “que se apartan inexplicablemente del derecho, que persiguen fines fuera de la ley, falta de imparcialidad, adopción de medidas en general y cautelares en particular irrazonables, infundadas, cambios de criterios jurisprudenciales sin fundamento fáctico ni jurídico”.
Una descripción que más de un miembro de la Comisión de Juicio Político se verá tentado a utilizar para caracterizar el derrotero de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Los otros privilegios de los jueces de la Corte
Las diferencias entre los jueces y los ingenieros (o los médicos o cualquier trabajador calificado que arriesga su matrícula al ejercer su profesión) no terminan en su pretensión de impunidad. Hay otras mucho más cotidianas e irritantes.
La más conocida es la exención al pago del impuesto a las ganancias, pero disfrutan además de prerrogativas exclusivas que multiplican sus ingresos. Como otros trabajadores, reciben un 2% de aumento por año de antigüedad, pero en el caso de los jueces ese cómputo se calcula desde el día que se recibieron y no del que fueron nombrados.
Como bien señala el experto en derecho previsional Miguel Fernández Pastor, si alguien se recibe de abogado a los 25 años y llega al Poder Judicial a los 50, desde el primer día cobra un 50% más de sueldo.
Se supone que los integrantes de la Corte se jubilan a los 75 años (algunos consiguieron extender su periodo mucho más allá) por lo que podrían duplicar sus ingresos. Y allí no terminan las prebendas, los jueces reciben el 82% móvil del sueldo más alto de su carrera, aunque hayan ocupado ese puesto un solo día.
La suma del poder público
A esas ventajas suma otra incomparable: como todos los intentos de recortar sus privilegios acaban judicializándose, impiden que cualquiera iniciativa que consideren amenazante pueda convertirse en realidad. Y esto aplica tanto para para las prerrogativas económicas como para las desembozadas operaciones políticas.
Sin ir más lejos, el propio Presidente hizo pública su impotencia en un caso tan límite como el de Carlos Stornelli. “Hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos, o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada”, se lamentó Alberto Fernández que enseguida describió “un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales”.
La descripción no puede ser más ajustada a la realidad, pero pronto queda diluida en el incesante aluvión mediático que reclama por los supuestos avances oficiales contra la “independencia” de una justicia que cada día gana más poder de decisión en el terreno político, económico y electoral.
A los que les parezca exagerada esta afirmación sobre el creciente lugar que ocupa el menos democrático de los poderes del estado basado en su alianza con los poderes fácticos, les convendría recordar cómo, muchos años antes de que en Argentina y toda América latina se empezara a hablar de Lawfare, la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, suspendió el recuento electoral que transformaría en presidente al demócrata Al Gore y le dio el control de la Casa Blanca al republicano George Bush.
Un motivo más para encender la luz de alarma de cara al decisivo 2023.
