En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos se encuentra atravesado por dos sensaciones encontradas. Por un lado, la inyección de energía que representan los preparativos para el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Será el primero en 20 años y la relación de fuerzas en el recinto no aplaca el entusiasmo que genera la perspectiva de exponer a los supremos en la trasmisión televisada del debate en la Comisión de Juicio Político. A vez, la reacción de Juntos por el Cambio al pedido de juicio político es lo que está oscureciendo el panorama para el resto de los proyectos que el Ejecutivo -y fundamentalmente el ministro de Economía, Sergio Massa- busca aprobar en las sesiones extraordinarias. La alianza opositora profundiza su bloqueo al funcionamiento del Congreso y pone en riesgo las posibilidades de sesionar durante el verano. 

"Veo difícil que la Cámara pueda funcionar". La frase -a veces "difícil" es reemplazado por "imposible"- fue repetida por al menos media docena de diputades del oficialismo y la oposición desde que se oficializó la convocatoria a extraordinarias. Si bien el Congreso está paralizado desde diciembre -cuando el desplante opositor llevó a que se cayeran tres sesiones por falta de quórum-, había cierta expectativa de que en febrero, una vez que se calmaran los ánimos, se pudiera retomar el diálogo. El pedido de juicio político y la decisión de JxC de negarse a tratar cualquier iniciativa mientras dure la investigación contra los supremos, sin embargo, terminó detonando esas expectativas. "No vamos a sentarnos a debatir con quienes quieren llevarse puesta a la Corte", reafirmó, por si quedaban dudas, el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo.

En total, el Ejecutivo propuso 27 proyectos para ser tratados en las extraordinarias que comenzarán el lunes 23. Exceptuando algunas iniciativas judiciales -como la ampliación de la Corte o la reforma del Consejo de la Magistratura-, la conducción de la bancada oficialista tiene una genuina esperanza de poder darles tratamiento a algunos proyectos, fundamentalmente los que arrastran cierta urgencia social, como la moratoria previsional. La última semana fue monopolizada por la presentación del proyecto de juicio político (y por la necesidad de ordenar internamente a la tropa del FdT que integra la Comisión de Juicio Político), pero, a partir de esta semana, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, comenzará a sondear a los titulares de los bloques opositores. Así como también a los presidentes de las comisiones que intervienen en el temario de extraordinarias. 

La prioridad estará puesta en los proyectos económicos. Encabeza el listado la ley de blanqueo, un proyecto que Massa trabajó junto al titular de Aduana, Guillermo Michel, y que apuesta a utilizar el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos como palanca para atraer los dólares de argentinos que están sin declarar en el exterior. Al igual que con el proyecto de "Monotributo Tech" o las leyes marco para la inversión en hidrógeno o GNL, el objetivo de Economía es ampliar la recaudación y fomentar el ingreso de dólares. En condiciones normales, muchos de estos proyectos pasarían sin grandes problemas el filtro de la oposición. La iniciativa que busca fomentar el desarrollo de la agroindustria, por ejemplo, cuenta con el respaldo de JxC. Pero el clima de guerra que se vive en Diputados ha ido bloqueando sistemáticamente su tratamiento.

Como siempre que JxC amenaza con un bloqueo legislativo, el ojo del FdT está puesto en el Interbloque Federal (IF), Provincias Unidas e, incluso, la izquierda. Los dos últimos interbloques ya habían acompañado al FdT en el último intento de sesión, cuando se buscó sancionar el plan de pagos de deuda previsional y la creación de un conjunto de universidades nacionales. El IF, en cambio, terminó plegando su estrategia a la de JxC bajo el argumento de que las dos principales coaliciones debían ponerse primero de acuerdo. En algunas ocasiones, cuando las votaciones están muy trabadas y hace falta terminar de convencer a los cordobeses que responden a Juan Schiaretti o a los "lavagnistas" bonaerenses, Massa suele intervenir en las negociaciones. Según una dirigenta que conversa diariamente con él, esta vez está resultando más difícil: "Estamos en un momento electoral. Y, evidentemente, en el Congreso el quórum lo manejan los medios", deslizó la diputada. En el imaginario oficialista todavía está muy presente la experiencia de la última sesión, caída cuando el bloque Evolución decidió no dar quórum. Un poco de historia: originalmente, Massa había acordado con Emiliano Yacobitti para que el bloque participara de la sesión -con el gancho de la creación de universidades- pero fue tal el nivel de presión interna y mediática que Evolución se sumó al bloqueo.

"Combinar el embate institucional con el tratamiento de otras leyes es un desafío para el Gobierno, difícil de lograr. Si Massa necesita aprobar leyes económicas es algo que debería reclamarle al Presidente, no a la oposición", dijo Alejandro "Topo" Rodríguez a Página/12. El tono descreído del presidente del IF abunda en la Cámara baja desde que Alberto Fernández anunció el juicio político a la Corte. No solo entre la oposición. La conducción del bloque oficialista, sin embargo, no pierde la esperanza y especula con el costo electoral que tendría, para la oposición, seguir paralizando el Congreso. "¿Van a joder a los jubilados que no se pueden jubilar? -se preguntó una espada del FdT- ¿Van a entorpecer la recaudación y la persecución a los que evaden? ¿Van a obstaculizar el funcionamiento del Congreso solo para defender a cuatro jueces?"