“Es gravísimo, es una cachetada para el sector minero”, declaró Alberto Castillo, presidente de Recursos Energéticos y Mineros de la provincia de Salta (REMSa) ante la consulta de Salta/12 sobre la ley riojana que lleva el número 10.608. “Las inversiones buscan reglas claras y seguridad jurídica”, continuó. El funcionario subrayó que los proyectos mineros se planifican a largo plazo, por lo tanto, “no pueden aparecer normativas como la ley de La Rioja que vienen a suspender, incluso a caducar, permisos ya otorgados. Está muy mal planteada, porque es una provincia que no tiene licencia social minera”, opinó.
El titular de REMSa subrayó que “no está comprobado que exista litio en territorio riojano”. Recordó que el litio se concentra sólo en tres provincias argentinas y que Salta tiene “el 60 por ciento del recurso y la mayor cantidad de salares”. Sobre el contenido de la norma sancionada por la Legislatura riojana a mediados de diciembre de 2022, discrepó rotundamente. “La Rioja no puede dictar este tipo de medidas. La verdad que sigue un camino contrario a la posibilidad de atraer futuras inversiones”, insistió.
“El gobernador Gustavo Sáenz, con los de Jujuy (Gerardo Morales) y Catamarca (Raúl Jalil) vienen trabajando duro defendiendo las autonomías y jurisdicciones provinciales sobre los recursos”, continuó Castillo. “Hubo una embestida nacional, que quiso declarar recurso estratégico al litio y nacionalizarlo. No pudo porque la Constitución Nacional se lo impide. Siguen los intentos por declararlo un recurso estratégico, que significa someter a nivel nacional el control de la producción del recurso a un organismo que determine con quién, cuándo y cómo se va a explotar. Tira por abajo la facultad que tienen las provincias sobre sus recursos”, argumentó.
“Sin embargo, ¿La Rioja tiene la facultad de manejar un modelo diferente? ¿es viable proponer un modelo distinto?”, repreguntó este medio. “Para nosotros no es viable, porque las provincias y el Estado nacional, cuando determinan un modelo de producción que está basado en la inversión, no pueden cambiar las reglas de juego. No pueden hacerlo de un día para el otro”, respondió. “Ni en éste sector, ni en otros, porque atenta contra la seguridad jurídica”, insistió.
¿Licencia social minera?
El concepto que marcó el presidente de REMSa durante la entrevista con Salta/12, representa otro espacio de disputa simbólica. Más precisamente, la “licencia social para operar” es una idea que marcó un nuevo paradigma en la relación industria y sociedad. Tuvo, sí, distintas interpretaciones. Las explica un documento elaborado por el gobierno nacional en mayo de 2022 para responder a las preguntas más comunes en temas mineros.
“En el 2004 la Organización de las Naciones Unidas desarrolló la noción, con el fin de que las empresas que realicen actividades en un territorio determinado cuenten con el consentimiento de las comunidades locales”, detalla la publicación. “Algunos enfoques entienden a la licencia social para operar como el consentimiento que las comunidades dan a un proyecto a lo largo de su vida, independiente de la licencia legal”, indica el documento. “Este enfoque teórico tiene como eje el 'permiso'. Sin embargo, nuevos escenarios y actores (...) demandan relaciones bidireccionales, participativas y dialógicas entre empresa y sociedad”.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades originarias jujeñas que actualmente combaten la exploración del litio en su territorio, comentó a este medio que la licencia social minera no forma parte del Código de Minería argentino y se vincula con dos conceptos. “Primero, la participación que se le dé a las comunidades en particular y la sociedad en general. Segundo, contar con la aceptación de ambas en sus territorios. Después aparece otra interpretación dentro de la línea de la responsabilidad social empresaria”, detalló. En ese campo “ese discurso transformó la visión de la licencia social y el mensaje minero buscó convencer que la minería no es mala, sino todo lo contrario: beneficiosa. Hoy está consensuado que las mineras han incorporado la noción. Por eso contratan sociólogogos y otros profesionales para intentar vincularse con las comunidades en los territorios donde desarrollan la minería”, agregó Chalabe.
Otros paradigmas, otros caminos posibles
Bruno Fornillo, es un reconocido investigador de la geopolítica del litio, que además dirige el Grupo de estudios en Geopolítica y bienes comunes. En Jujuy, participa del encuentro en defensa de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una región de la Puna andina donde los pueblos originarios resisten la embestida estatal y empresarial para explorar y explotar litio. Sobre el caso puntual de La Rioja, opinó que declarar al litio recurso estrategico “es un dato alentador, porque postula la necesidad que se suspendan todas las concesiones en todo el territorio nacional”, dijo. Aunque criticó que la norma no contemple el ambiente y a las comunidades indígenas.
Fornillo sostuvo que “durante la última década, la cuestión litio fue debatida, cuestionada y transformada en buena parte de la región, pero no así en Argentina”. Recordó que ese proceso, “despertó movilizaciones, debate público nacional y generó una transformación para bien. Pero en Argentina, en cambio, tiende a consolidarse la presencia de las grandes corporaciones extractivas en el territorio”. Recordó el caso de México, donde la administración de Andrés Manuel López Obrador declaró recurso estratégico al litio y propuso reveer las concesiones. “No está siendo tan efectiva en estos momentos, pero al menos, existe una legislación transformadora”, comentó.
Citó luego el caso del Estado Plurinacional de Bolivia durante las administraciones de Evo Morales. “Directamente, nacionalizó todo. Ahora tienen el problema que quieren ingresar empresas privadas para manejar la técnica de extracción. Pero lo valioso, es el proceso de las comunidades locales para el control estatal del litio”, contó. Finalmente, recordó el caso de Chile. “En 2014 hubo mucho debate nacional, acusaciones de corrupción sobre las empresas de litio. El gobierno de Michelle Bachelet creó una comisión nacional, que sugirió una serie de transformaciones que modificaron los contratos con las empresas. Por eso, actualmente pagan el 40 por ciento de ganancias (regalías), destinan fondos para investigación, también para las comunidades, y deben vender el 25% del litio en el país”.
Sobre la viabilidad de este tipo de medidas en el horizonte mediato argentino, el diputado nacional por Salta Lucas Godoy (FdT), resaltó la importancia de interpretar al litio como recurso estratégico. A su entender, el mineral es clave en la diversificación energética y ya cumple un rol a nivel mundial. “Nación debería regular los cánones mineros (por las regalías)”, opinó. Por otro lado, “declararlo recurso estrategico no debería retrotaer las concesiones que ya se otorgaron, aunque sí analizar posteriormente el proceso de extracción del recurso y de agregado de valor, donde las provincias y Nación juegan un rol”. A diferencia del titular de REMSa, el legislador salteño sostuvo que cambiar la condición del recurso en los estados provinciales “no significa vulnerar los derechos sobre los recursos naturales que tienen las provincias. Creo que debe continuar la discusión, para pensar definitivamente al litio como un mineral estratégico”.
