Desde Londres

Los sindicatos de servicios públicos acordaron un plan de lucha contra la reforma a la ley laboral conservadora que busca poner fin a 10 meses de conflicto laboral. Los sindicatos argumentan que las propuestas que impulsa el gobierno para suministrar servicios mínimos en seis áreas del estado (salud, educación, ambulancias, transportes, bomberos, seguridad fronteriza y sector nuclear) exacerbarán las disputas que deben resolverse con negociación y no con legislación. “El gobierno no tiene ideas, no tiene rumbo y está proponiendo leyes que son antidemocráticas, inviables e ilegales para poder despedir trabajadores en masa”, criticó Paul Nowak, secretario general de la TUC, la central de trabajadores.

El ministro de negocios, Grant Shapps, presentó la reforma a la ley laboral el martes en la Cámara de los Comunes. “Nosotros estamos de acuerdo con el derecho a la huelga, pero también debemos proteger la vida de los británicos y su derecho a ganarse la vida”, dijo Shapps. Las huelgas que comenzaron en el verano y afectaron al transporte aéreo, marítimo y terrestre junto a segmentos del sector privado y se extendieron este invierno a Salud, Educación, Servicios Fronterizos y Administración pública.

En el parlamento, Angela Rayner, número dos del principal partido de oposición, el laborismo, condenó la inacción gubernamental. “En mi distrito electoral un paciente murió hace poco mientras esperaba al servicio de ambulancia. Eso no ocurrió en un día de huelga. Fue un día normal y corriente del Servicio nacional de salud. El problema de fondo son las vacantes laborales que no se cubren por la baja paga que se ofrece. El ministro sabe que el NHS no puede reclutar las enfermeras y enfermeros que necesita y que lo mismo pasa con el sector de transporte. Los servicios públicos se encuentran en un estado de caos total y los conservadores no ofrecen soluciones porque ellos son el problema”, dijo Rayner.

Volver a los 70

La ola de huelgas actuales no se ven desde los 70. A diferencia de Francia que jamás ha aflojado en su dinámica sindical y de protesta callejera, la combatividad británica entró en un ocaso en la década del 80 con las reformas laborales de Margaret Thatcher, el cambio de modelo económico de industria a servicios y la victoria en la huelga minera de 1985, todo sostenido políticamente (no podíamos faltar) por el triunfo bélico de la Dama de Hierro en las Malvinas.

Las cosas han cambiado con la crisis del costo de la vida desde la guerra en Ucrania y los últimos 12 años de austeridad conservadora que trajeron un virtual congelamiento salarial frente al aumento de la inflación a más del 11%. Mientras en los 80 había un indudable desgaste público tras 15 años de planes de lucha que erosionaron la popularidad de los sindicatos, hoy muy pocos se acuerdan de aquella época: el grueso de la población se identifica o como mínimo entiende los reclamos de los huelguistas.

Este respaldo de la opinión pública en el tiempo a medidas de fuerza que generan caos y muertes (huelgas en salud) no está garantizado. Por eso en la reunión de distintos sindicatos del sector público el martes no hubo un pleno acuerdo respecto a la fecha de la acción en conjunto. Algunos consideran que el 1 de febrero es demasiado pronto para una medida de fuerza de esta naturaleza, otros temen que erosione el apoyo público que desde hace meses acepta con estoicismo quedarse sin trenes, subtes, aviones, ambulancias, maestros y enfermeras, mientras que los más combativos proponen llevar adelante la acción haya o no consenso con el resto sobre el día.

La reforma de la ley laboral que propone el gobierno tiene también sus complicaciones. En el parlamento debe ser aprobada por la Cámara de los Comunes y luego la de los Lores donde seguramente se le introducirán enmiendas. Si esto sucede, el proceso vuelve a empezar: debate y votación en la cámara baja y escrutinio en la de los lores. Con toda seguridad serán meses más que semanas para un conflicto candente: esta semana ha habido huelgas escalonadas en casi todos los segmentos del sector público.

No bastará con aprobar la ley gracias a la mayoría parlamentaria que tienen los conservadores. Los sindicatos anticiparon que llevarán el caso a la justicia porque se está violando el “derecho a la huelga”.

¿Quién pone la plata?

El argumento conservador desde el año pasado para negar un aumento que empate o gane a la inflación es el mismo: las arcas públicas están vacías. Con una deuda estatal que saltó del 60% al 100% desde la pandemia, con intereses mensuales que superan los 10 mil millones de dólares, el gobierno lamenta públicamente el impacto del costo de vida en el bolsillo de los trabajadores, pero pide moderación en los reclamos para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas y no contribuir a una espiral inflacionaria.

Esta semana el comité inter-partidario parlamentario sobre cuentas públicas dio una diferente perspectiva sobre el mismo tema con una dura crítica al gobierno y a la agencia recolectora de impuestos, el HMRC. Según el comité, el HMRC no recaudó unas 42 mil millones de libras (45 mil millones de dólares) el año pasado de empresas e individuos por falta de diligencia de sus agentes. “Esta cifra que se le debe al HMRC habría cubierto buena parte del agujero negro del gasto público”, señaló la presidenta del comité, la laborista Meg Hillier.

En las últimas dos décadas el HMRC se ha visto plagado del síndrome de la puerta giratoria que conecta el empleo en el sector público con el del más lucrativo sector privado. Los encargados de ese pilar de las cuentas públicas que es la recaudación impositiva dejan la administración nacional para pasar a multinacionales, grandes empresas o las “big 4”, las cuatro grandes compañías de contabilidad internacional que le hacen las cuentas a las corporaciones para minimizar los impuestos que pagan con una “política tributaria agresiva”.

La legislación británica de las últimas décadas también ofrece extraordinarias exenciones impositivas a los ricos, las corporaciones y el sector privado. Uno de los ejemplos más notorios es el llamado “non-dom”, una exención para los residentes en el Reino Unido que registran su domicilio permanente fuera del Reino Unido, sea porque nacieron en otro país o tienen padres que no son británicos. A diferencia del resto de los contribuyentes, los “non dom” solo pagan impuestos para los ingresos que tienen en el Reino Unido, pero no para el dinero que hayan hecho en otras partes del mundo. En sus filas se encontraba hasta hace poco la esposa del primer ministro Rishi Sunak, la billonaria Akshata Murty, que se vio obligada a renunciar al beneficio debido al ascenso político de su marido.

El miércoles pasado el laborismo forzó una votación sobre las exenciones impositivas de las escuelas privadas (unos dos mil millones de dólares). La mayoría parlamentaria de los conservadores frustró la iniciativa, pero quedó marcado uno de los campos de batalla política hasta las elecciones municipales de mayo y generales del año próximo. En estos tiempos de estrechez del gasto, inflación y aumento de las cuentas energéticas la recaudación impositiva y la desigualdad tributaria estará más que nunca en el tapete.