La Casa Rosada abrió el juego para evaluar el indulto durante la reunión que mantuvo el Presidente Alberto Fernández con los organismos de derechos humanos en diciembre. Allí les pidió argumentos. Aún así, hoy, alrededor del Presidente, toda opción parece cerrada: "(El Presidente) siempre dijo que el indulto era imposible porque se trata de un asunto provincial", insisten a su lado. Y en esa línea abunda uno de los abogados constitucionalistas que fue consultado por el mandatario: la facultad de un Presidente para indultar o conmutar penas rige para aquellas que fueron aplicadas en el ámbito de la justicia federal, no en el ámbito de la justicia provincial. Dice que esa facultad la tienen los gobernadores: "Como la condena a Sala provino de la justicia provincial quien podría hacerlo es Gerardo Morales", insiste. Y opina: "Para la opción del indulto tendría que haber una orden emanada de un informe particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o una sentencia de la CorteIDH". La CIDH se expidió sobre el tema pero respecto de la forma de la detención de Milagro, y también recuerda el especialista, aún "no lo hizo con respecto a la condena".
Sobre los argumentos del sistema internacional de protección de derechos humanos que podrían abrir la posibilidad de revisar esa posición, la Rosada considera que "es cierto". Pero, "para eso tendría que existir un informe que verifique que fueron violados los derechos de Milagro y ordene la reparación urgente del Estado nación". En ese sentido, barajan como alternativa que, habiendo agotado las instancias de jurisdicción interna --con el fallo que la Corte emitió en diciembre--, hay seis meses para acudir a la CIDH e iniciar un proceso contra el Estado argentino para que la condena sea anulada".
Un modo de prolongar los tiempos hasta el más allá, sacar la pelota fuera de la cancha, y, como diría Milagro Sala, no agarrar la lapicera. Parte de la disputa que comienza.
