El fin de semana sobrevoló un aroma a Mayo Francés en Laguna de Guayatayoc, en el norte de la provincia de Jujuy. Claramente no es París, tampoco 1968. El escenario de mediados de enero de 2023 fue el pequeño pueblo de San Francisco de Alfarcito, enclavado dentro de la cuenca de Laguna de Guayatayoc, en el departamento Cochinoca.
De Abra Pampa, sobre la ruta nacional 9, en automóvil hay que doblar hacia el Oeste para viajar por ruta provincial 11 hasta el pueblo andino. El caserío y su iglesia aparecen kilómetros al sur. Ese fue el espacio altoandino que congregó el fin de semana a distintos colectivos compuesto por artistas, intelectuales, abogades y escritores dispuestos a intercambiar experiencias en diferentes talleres. El objetivo: generar estrategias para enfrentar los espejismos de la transición energética que impone el norte global.
Las comunidades originarias kollas y atacamas que habitan los humedales de Salinas Grandes y esa laguna de nombre difícil pelean desde 2012 contra las transnacionales del litio y la entrega de terrirorios que ejecuta el Estado jujeño bajo la administración de Gerardo Morales. “Nosotros venimos luchando hace doce años. Pedimos que se respete el Convenio 169 (de la OIT) porque nunca fuimos consultados. No queremos al litio, porque nos lleva el agua. Simplemente queremos vivir en paz y en un territorio sano. Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc están en peligro”, manifestó Verónica Chavez, presidenta de la Comunidad Santuario de Tres Pozos, durante la conferencia de prensa previa al encuentro de San Francisco de Alfarcito que se desarrolló el viernes 13 en la sede de San Salvador de Jujuy, de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).
La primera entrega de territorios a las transnacionales del litio se concretó finalmente en diciembre pasado. Fue una maniobra que el gobierno jujeño ejecutó sin cumplir con el protocolo constitucional de la consulta libre, previa e informada o “Kachi Llupi” para las comunidades. A fines de 2022, el Poder Ejecutivo de Jujuy propició la licitación de siete catastros mineros diseminados en distintos puntos del territorio de esos dos humedales altoandinos. “Todavía no sabemos a quién adjudicaron los sobres. Seguramente tendremos que realizar una nueva presentación judicial para que (el gobierno de Jujuy) informe a las comunidades a quienes entregaron los territorios”, contó Alicia Chalabe, abogada del colectivo originario, en otro tramo del encuentro con periodistas.
Guayatayoc
El aroma a Mayo Francés viene por el ejercicio colectivo que se desarrolló en Alfarcito, durante las jornadas del sábado 14 y domingo 15. Los distintos talleres y propuestas de creación colectiva integraron a las comunidades en la construcción de un nuevo sentido común más crítico. “Hay que insitir en la existencia de un modelo de transición verde de tipo coorporativo que se está imponiendo de manera vertical sobre los territorios del litio. Incluye a las Salinas Grandes (y se ejecuta) sin una consulta genuina a las poblaciones, es decir, sin licencia social”, subrayó Maristella Svampa en diálogo con este medio. La socióloga, escritora y activista opinó que el modelo ecosocial actual “amplia las desigualdades sociales, étnicas y culturales. Por lo tanto, amplifica las zonas de sacrificio. Pedirles a las comunidades que piensen en un horizonte de transición energética me parece una falacia”.
Svampa fue muy concreta. “No hay una discusión a nivel público sobre qué tipo de transición necesitamos como país”. Recordó que la tendencia social que impera, lleva a aceptar el tipo de transición que proponen las corporaciones sin mediar reflexión alguna. El proceso ocurre “en alianza con los gobiernos”, que imponen su lógica en los territorios de la zona del litio. “En estos temas, sabemos que no hay grieta”, aclaró. “Tanto el gobierno (por la actual gestión de Alberto Fernández), como los sectores de la oposicion, insisten con las recetas del pasado, apostando a más extractivismo para pagar la deuda externa. Forma parte del círculo vicioso, que tiene que ver con la deuda ecológica”. Sin olvidar que hay más conciencia en la sociedad actual, consideró que “todavía falta generar ese nuevo sentido común contrahegemónico que apueste a la urgencia de las transformaciones ecosociales”.
Paso siguiente, destacó un espejismo común. “Muchos consideran, de modo equivocado, que la transición energética consiste solamente en el reemplazo de los combustibles fósiles por energías limpias. En realidad esa sería una transición incompleta, porque necesitamos transformar el perfil metabólico de nuestra sociedades”, dijo en referencia a los modelos de producción, consumo, y de generación de desechos. “Es una sociedad que todavía se basa en la idea que la naturaleza no tiene límites, y que efectivamente podemos seguir en esta lógica suicida del crecimiento infinito”. En su argumentación, Svampa calificó la transición energética como “de patas cortas e insustentable. No hay litio que alcance o minerales raros que alcancen, si seguimos insertos en el crecimiento infinito”.
Puntualmente, detalló dos componentes del tipo de transición que atravesamos. “Es corporativa, porque para las empresas y los gobiernos, junto a otros actores económicos y políticos que la sostienen, es una oportunidad de negocios, de acelerar un proceso de acumulación económica, incluso de posicionarse geopolíticamente”, explicó. “No están pensando en la transformación del perfil metabólico de nuestras sociedades, orientado a la justicia social y ambiental. No, de ninguna manera”, postuló enfática. “La transición corporativa busca dar beneficios a las empresas y a determinados actores políticos y económicos, e incluye a los gobiernos”. El segundo rasgo es el neocolonialismo. Aparece al entender que “el Norte (es) quién se beneficia extrayendo (nuestros) recursos estratégicos, (mientras) el Sur exporta las commodities, garantizando la transición energética de los países del Norte. Crean mayor devastación socioambiental y mayor criminalización en las poblaciones”.
En otro tramo del diálogo con este medio, explicó otro componente del algoritmo de la transición corporativa: sus narrativas ecosociales. Una es catastrófica y distópica, “no ve otro horizonte que el ecocidio o el colapso”, detalló. Otra es tecnocrática y capitalista, “es la que está sentando las bases de la transición energética dominante. No propone una transformación estructural del modelo de producción y de consumo. El perfil metabólico de nuestra sociedad es insustentable”, subrayó. Su posición más optimista se ubicó en las narrativas relacionales, que se basan en el cuidado del otro, de la naturaleza, de los otros seres vivos no humanos. “Están vinculadas a discursos y categorías que manejan los pueblos originarios, como el buen vivir y el derecho a la naturaleza”, explicó. “También se asocian a los feminismos ecoterritoriales que en América Latina ponen especial énfasis en la conexión e interdependencia de todos los seres vivos en funcion del cuidado”.
Para Svampa, las narrativas relacionales son pieza clave del arte comprometido, crítico y solidario. “El arte puede ayudarnos a dar visibilidad a la situación que atraviesan comunidades como las altoandinas, que se encuentran tan encapsuladas en los territorios”, destacó. A su entender, el arte es un portal “que ayuda a pensar, construir, y percibir la posibilidad de otros horizontes que se distancian de la sociedad actual. En esa línea”, continuó, “la narrativa de los pueblos originarios, de los feminismos ecoterritoriales y el arte comprometido, pueden sentar las bases de una visión diferente de la transición ecosocial. Una que dé lugar a una hoja de ruta para una transición justa y solidaria”. Junto a Bruno Fornillo (del grupo de estudio en geopolítica y bienes comunes) y Melisa Argento (intelectual activista de los bienes comunes), Svampa compartió la mañana de domingo en San Francisco de Alfarcito el taller “Claves para la transición ecosocial, litio y comunidades indígenas”.
Derechos de la naturaleza y extractivismo
“Si decimos que una empresa tiene derechos, no nos parece una locura. Pero si propongo que la naturaleza tiene derechos, porque nos sostiene y nos da vida, seguro sí parece una locura ¿no?”. El que interpela es Enrique Viale, abogado y escritor que integra colectivos como la Asociación de Abogados Ambientalistas o la Alianza Global por los Derechos de la naturaleza. “Sabemos lo que están sufriendo las comunidades de Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc”, expresó, en referencia a la entrega de sus territorios.
Luego ennumeró rasgos básicos para entender los derechos de la naturaleza. “Tiene derecho a existir, a regenerarse, y a cubrir sus funciones vitales. Lo que hacen figuras extremas como el extractivismo, es romper sus funciones básicas”, explicó. Citó como ejemplo la relación entre minería extractiva y humedales altoandinos. “No hay duda que son humedales. Sin embargo, la duda la instala el lobby minero para que ninguna ley de humedales las limite en su actividad. Nosotros estamos muy preocupados por cómo se desarrolla la minería del litio en el norte argentino”, expresó en representación de los colectivos que integra. “Se realiza con absoluto desprecio por las comunidades locales y los derechos de la naturaleza”.
“El litio es el nuevo El Dorado”, añadió, comparando el mito de los conquistadores españoles con las actuales promesas alrededor del mineral. “Esa idea de una ciudad llena de riquezas, donde hasta el suelo era de oro, quedó instalada en el imaginario”. Justamente, otra narrativa mítica instala hoy su propia zona de promesas. “En el nuevo colonialismo verde, se asegura que nos va a salvar Vaca Muerta, después que va a ser el litio. Y cualquiera que lo discute, está en contra del desarrollo. En realidad, nuestros territorios son el altar de la transición energética para el Norte global. Se llevan los minerales casi en crudo, para que cada estadounidense tenga su Tesla propio”, argumentó en referencia a los automóviles eléctricos. “Han construido un relato de salvación de Argentina a partir del litio, cuando en realidad nos están entregando con la misma legislación de los años noventa”, recordó. “No cambió ni una coma. Y tampoco se animan (el gobierno nacional en relación al litio) a declararlo mineral estratégico”.
Enrique Viale compartió el taller del sábado 14 con Gastón Chillier. Se denominó “Marcos para pensar la cuestión ambiental: Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza”. Chillier, activista de derechos humanos y por la justicia ambiental, compartió su opinión con este medio sobre la fiebre del litio. “Tanto el gobierno nacional como los provinciales, siguen pensando a la Argentina solamente como fuente de materia prima en un modelo extractivista”. A su entender, es una interpretación que se aplica en el país hace 150 años. Desde entonces, “las violaciones a los derechos humanos de las comunidades son una variable menor dentro de esa visión”, explicó, “lo cual es doblemente grave para un país que ha sufrido violaciones sistemáticas a los derechos humanos” solo en el siglo XX.
Por la visión que institucionalmente aún impera en Argentina, para Chillier no es casual que el gobierno jujeño no aplique el Convenio 169 de la OIT en la Puna altoandina. “La provincia está obligada por los compromisos que el Estado federal firmó y ratificó con rango constitucional”, recordó. Explicó luego que Jujuy “no tiene autonomía para incumplir con todas las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene el Estado argentino”. Recordó además el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2020 condenó al Estado argentino (y salteño) en el caso Lhaka Honhat por la violación los derechos a la propiedad comunitaria y a la identidad cultural. “Además”, señaló, “por primera vez en la historia de esa Corte, también determinó que el Estado violó el derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua”, en referencia a la relación entre la extracción de litio y la utilización del agua de los humedales en ese proceso.
El encuentro del fin de semana en Jujuy marcó la continuidad de una relación entre la comunidad de investigación y el activismo ambiental de la Fundación Aerocene. La ong fue fundada en 2015 por el artista Tomás Saraceno y las comunidades altoandinas. El último encuentro ocurrió hace tres años, en enero de 2020. En ese momento, la escultura aerosolar “Aerocene Pacha” se elevó en Salinas Grandes. Ese globo elevó un mensaje propuesto por las comunidades altoandinas: “El agua y la vida valen más que el litio”.
El equipo de Aerocene organizó el debate colectivo del fin de semana. Reunió a miembros del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), entre elles Maristella Svampa, Enrique Viale, Gastón Chillier, Melisa Argento, Alejo Di Risio, y la abogada jujeña Alicia Chalabe. También a Bruno Fornillo, del grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y a la curadora Inés Katzenstein. Las escritoras y ambientalistas Claudia Aboaf, Gabriela Cabezón Cámara y Graciela Speranza se unieron al encuentro. Junto a Svampa, conforman el Colectivo Mirá, que propone otros modos de narrar la crisis ecológica.
Interpelar a la sociedad. Activarla sobre la urgente necesidad de construir autonomías que permitan a América Latina desprenderse de los caminos de la dependencia. Sin duda, un espacio contracultural y ecosocial emerge hace algunos años en Guayatayoc. Va por caminos que generen otros escenarios para una justicia social, ambiental, solidaria y comunitaria. Mientras tanto, las comunidades resisten los embates funcionales a la transición coorporativa y neocolonial del litio.
