Que no se repita. Ese fue el objetivo de la reunión de las diputadas de la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la provincia con autoridades provinciales para analizar lo acontecido con la niña de 12 años que fue secuestrada por la ONG Grávida para impedir que pudiera acceder a la interrupción legal del embarazo. La niña y su mamá habían pedido -y firmado el consentimiento- para el aborto. La diputada Lucila De Ponti, que preside la comisión, indicó que si bien se les indicó que se aplicaron los protocolos vigentes, hay procedimientos para mejorar. Su par del GEN, Mónica Peralta, habló de la necesidad de "mantener activas campañas de concientización y funcionamiento de las líneas telefónicas para denunciar situaciones de abuso"; mientras que Agustina Donnet señaló las "falencias" y apuntó a la herramienta que significará la Ley Vanesa para la investigación de abusos sexuales hacia las infancias.  Al mismo tiempo, se planteó la posibilidad de retirar la personería jurídica de la ONG, tras la investigación judicial en curso. 

El encuentro se produjo tras el pedido de informe que hicieron legisladoras y legisladores que integran la comisión de la Cámara baja, tendiente a conocer qué intervención tuvo el Estado y cómo fue la intromisión de Grávida. Así, ayer fueron recibidas por la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, y representantes de los ministerios de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad.

"Pudimos hablar con las funcionarias respecto a los tiempos y los protocolos que se implementaron y la actuación del Estado provincial. Como conclusión, se aplicaron los protocolos establecidos y la normativa se respetó", aseguró De Ponti; aunque planteó que "para un futuro o próximas situaciones que tengan un contexto de vulnerabilidad social y de complejidad tan grande, quizás haya que revisar algunas cuestiones para no dejar resquicio en el que puedan suceder cosas como las que se dieron con la acción de Grávida -denunciada por la provincia ante la Justicia- que a todas luces incurrió en la comisión de un delito". 

Sin dar detalles para no exponer a la niña, De Ponti apuntó a revisar acciones en torno a la situación de abuso -por el que está imputado el padre- "que no pudo ser detectada con anterioridad y que hubo un pequeño período de tiempo en el que esta ONG intervino". 

Al mismo tiempo, la diputada consultó si existía una relación de convenio o subsidio de la ONG con el Estado y desde las áreas respondieron "que no existe" y que "a partir de la investigación judicial se tomarán las medidas relacionadas con quitar la personería u alguna otra acción", indicó. Además, mencionó que negaron una filtración de información por parte agentes públicos. "Hay otra hipótesis de cómo Grávida se hizo de la información", dijo.

Por su parte, Peralta señaló que se trató de una "buena" reunión. "Lo que intentamos fue pensar que si la denuncia por violencia (de género que presentó la madre de la niña) fue en junio del 2022 y pasaron unos meses (hasta que se conoció el abuso), saber cómo se están implementando los protocolos, pese a que la denuncia no era de abuso, pero sí de violencia, contra el agresor. Saber cómo trabajan los equipos territoriales en una denuncia que se hace en la Comisaría de la Mujer y luego los equipos de la comuna colaboran. El punto está en qué fue fallando", planteó. 

Además, la legisladora del partido GEN pidió que "se mantengan activas las campañas de concientización, información y difusión de la línea 102" (sobre derechos de niños, niñas y adolescentes). También apuntó al contexto para que irrumpiera Grávida -antes del turno para la ILE- y a lo "fundamental de la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI)", para que no "se repita en otras situaciones". "Nos contaron (desde las áreas) que hace tres años se recorre la provincia para explicar el protocolo (por hechos de abuso) porque hay agentes u operadores territoriales que no lo conocen". 

En tanto, Donnet, del bloque Igualdad -que también acompañó presentaciones de organizaciones y con sus pares Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver y Carlos Del Frade-, consideró que "si bien hubo una actuación del Estado de acuerdo a la legislación, está claro que hay falencias". Donnet recordó que la familia de la niña venía teniendo un acompañamiento por la situación de violencia intrafamiliar, pero que el caso de abuso se detectó sobre fin de año. "Se hizo un recorrido de cómo se venía actuando y si no hubiera falencias no habría pasado lo que pasó". En ese sentido, apuntó a avanzar con la ley Vanesa -presentada el año pasado- que "no solo apunta a proteger a los agentes estatales que toman conocimiento de estas situaciones de vulneración de derechos y deciden denunciar, sino también a niñas, niños y adolescentes", señaló. "Lo que dicen es que sí hay un protocolo de actuación que gran parte de los agentes no conoce o no usa". Para Donnet, la Ley Vanesa junto con la ESI son "una herramienta fundamental". También apuntó a "la importancia del deseo de esa niña -que está a resguardo-, y en ese sentido quedó el compromiso y quedamos a disposición para seguir trabajando el caso".

Los hechos. El 19 de diciembre, la niña y su madre -oriundas de Garibaldi, departamento Castellanos, que venían con acompañamiento por el caso de violencia familiar- fueron a un control médico en el centro de salud, donde se les informó que la nena cursaba un embarazo. En ese momento, ella pudo hablar de los sometimientos de su progenitor. En paralelo a la denuncia se hizo el pedido de la interrupción del embarazo -con consentimiento firmado-, y se les dio turno al hospital Iturraspe. Como no asistieron, se inició la búsqueda de ambas, que luego fueron halladas en un espacio vinculado a Grávida.

En la Justicia, la fiscal Alejandra del Río Ayala imputó al padre de la niña por "abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo, la guarda y la convivencia", por lo que quedó en prisión preventiva; mientras que la fiscal Jorgelina Moser Ferro queda a cargo la denuncia presentada contra Grávida.