Se cumple una semana de recibida la notificación de la justicia jujeña de la expropiación de los terrenos de posesión ancestral de la familia indígena de Pablo Cruz Mojoya en el pequeño pueblo de Caspalá, con el fin de construir una cancha deportiva nueva.  Mañana miércoles se cumplirán dos meses de la represión que sufrió el pueblo por parte de efectivos de la Policía de la provincia cuando defendían la histórica cancha ubicada en un terreno comunitario, donde el gobierno de Jujuy dispuso construir una escuela, aunque ya se contaba con otro predio para ese fin. 

El gobernador Gerardo Morales avanza con sus proyectos en este pueblo, uno de los 10 más lindos del mundo, sin consultar a la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá. Oficialmente, la provincia habla de dos obras: la escuela en el terreno de la cancha comunitaria y otra cancha en un predio que expropió a un poblador originario. Sin embargo, en pobladores de Caspalá creen que el interés del gobierno es avanzar con proyectos turísticos.

Desde al represión del 18 de noviembre el gobierno siguió avanzando. Por un lado, suspendieron por 180 días de forma expres a la vocal Rosa Apaza, que integraba la Comisión Municipal, órgano de gobierno local. El oficialismo la acusa de generar hechos de violencia el 18 de noviembre, cuando el pueblo defendía la cancha de la comunidad. 

El clima social en el pueblo no es bueno, hay mucho temor y los pobladores dicen que también hay persecución laboral. Cuatro trabajadores fueron notificados por el Ministerio de Educación de que se les iniciarán sumarios administrativos por haber participado de la manifestación del 18 de noviembre pasado. Ese día fue feriado en la provincia de Jujuy, es decir que los trabajadores no dejaron sus tareas para participar de la protesta del pueblo, que intentó resistir la destrucción de la cancha construída por ellos mismos. 

La Comunidad Kolla Caspalá recibió durante el viernes y sábado últimos a la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de Jujuy, instancia en la que evaluaron la grave situación ante la violación de los derechos indígenas reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales que son ley en el país. Es por ello que exigieron al estado provincial el cese de la violencia en el pueblo, que se respeten los derechos indígenas, la devolución de las tierras a la familia Cruz y que se les paguen los daños que han provocado destrozando su territorio con maquinarias.

Varios integrantes de la comunidad caspaleña estuvieron durante la mañana de ayer en San Salvador de Jujuy haciendo público el conflicto que enfrentan a 250 kilómetros de la capital jujeña. Allí donde está enclavado, en los valles de altura, el pueblo de Caspalá desde el pasado 18 de noviembre ha perdido la armonía y sus habitantes dan cuenta del temor que sienten por el atropello de la Policía y funcionarios municipales que cuentan con el apoyo del gobierno de Morales.

Las comunidades se encuentran juntando firmas para elevar notas al gobernador, al vicegobernador Carlos Haquim, al presidente del Superior Tribunal de Justica, Federico Otaola, y a la ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy, Natalia Sarapura.

"Hay racismo"

Lucía Apaza, presidenta de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, relató las desventuras que viven en el pueblo: “siguen avasallando nuestros derechos, de ancianos y niños, nos han arrancado plantas autóctonas como sermonía, frutales, esas raíces sostenían unas lajas y con una tormenta eso se va a desplazar“, contó sobre el desalojo de la familia Cruz. "Las consecuencias de los destrozos de la máquina de Vialidad en el territorio son graves, pedimos que un profesional vea el terreno y sobretodo porque es un lugar sísmico”, advirtió.

En el terreno de Cruz, el gobernador Morales quiere construir una cancha nueva, aunque el pueblo ya tiene su cancha comunitaria. El terreno de la familia Cruz Mojoya fue expropiado, la orden del juez Sebastián Damiano establecía un plazo de diez días para el desalojo. Esa orden judicial no fue cumplida por el juez de Paz, Pablo Apaza, quien no consideró necesario esperar los diez días y apenas notificaron a la familia, las maquinarias destrozaron sembradíos, andenes y terrazas ancestrales de cultivos de la familia.

"Los caspaleños hemos votado a Morales y nos ha dado una patada. ¿Así quiere ser presidente de la Nación?", lamentó Lucía Apaza. "Quiero que sepan que no podemos tener una persona que destruye todo, no solo en Caspalá, sino en varias partes de la provincia y aprovechándose de las comunidades indígenas", expuso en la plaza Belgrano, refiriéndose a la falta de voluntad de diálogo por parte del primer mandatario provincial.

"En Jujuy no somos escuchados los indígenas. Acá está claro que hay una división política y hay racismo, así lo entiendo yo”, afirmo Lucía.

Desterrado de su pueblo

A la plaza llegó convaleciente Pablo Cruz Mojoya, a quien le expropiaron el terreno en Caspalá mientras él estaba internado en el Hospital “Dr. Pablo Soria”, ya que por la presión que venía sufriendo de parte del estado provincial su salud terminó afectada. Contó que está tratando de acordar con su abogado las medidas legales a seguir. "El gobierno no me hizo ninguna propuesta", dijo. "Según ellos, tasan la propiedad y depositan el dinero, pero no me dijeron nada", agregó antes de denunciar que "Los que trabajan en el Ministerio de Pueblos Indígenas fueron allá -a Caspalá- a presionar a mis hijos, a la presidenta de la Comunidad para que convenza a la familia y firmen. No han firmado, aún así siguen allá con las máquinas destruyendo”.

Con muestras de preocupación, Cruz Mojoya dijo que esa “es la única casa que tengo, si dicen que van por el total de la expropiación. No tengo otra casa. Si van a Caspalá van a ver que abajo hay sembradíos, y son tierras fiscales. A esas las respetan y yo pago impuestos, tengo planos y me expropian. Mi casita es una de las más antiguas, es una reliquia, pero el gobierno no lo ve así”, expresó. Y confesó que “si esto no tiene solución" tendrá que "dejar el pueblo sacar a mis hijos de la escuela. No tengo otra casa”, insistió. 

“Al comisionado Natividad Apaza, al gobernador, no les importa desalojarnos, ni mi salud, ni lo que diga el pueblo, solo les importa el expediente, así le dicen. Caspalá es un lugar turístico y ellos reconocen el alto valor económico que tiene el pueblo por eso hacen esto. Por eso no les importamos”, lamentó. 

También estuvo Lidia Balcarce, hermana de Sixto Balcarce, encargado del Registro Civil en Caspalá, quien estuvo desaparecido por 25 días luego de que viviera una situación de persecución y violencia laboral. “Está con psiquiatra, estuvo con la psicóloga, está medicado, más tranquilo, se encuentra en Humahuaca con sus hijos", contó Lidia. Recordó que hicieron una denuncia formal porque su hermano "estaba muy presionado en su trabajo”, a tal punto que “desde la Comisión Municipal le hicieron llegar una nota (exigiéndole) que justifique los días no trabajados con fecha de 17 de octubre y él estaba trabajando”.

Lidia añadió que su familia está amenazada por personal de la Comisión Municipal: “nos dicen que hacemos falsas denuncias y no es así, dicen que mi hermano se fue por problemas familiares y no es así. Me entero que él había realizado exposiciones de lo que estaba pasando en el trabajo”, afirmó.