Durante tres siglos, la tala en la Amazonia fue realizada a baja escala por poblaciones tradicionales. Pero desde que los gobiernos militares entraron en la selva la actividad se incrementó hasta alcanzar tasas alarmantes. Los intentos llevados a cabo durante las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff para frenar el avance indiscriminado de las actividades ilegales se vieron contrarrestados por la administración de Bolsonaro, que allanó el camino nuevamente para la deforestación y los incendios.

La explotación de la madera es una de las actividades más antiguas de la Amazonia. Comenzó hace alrededor de 300 años y, hasta mediados del siglo pasado, era realizada a baja escala a lo largo de los principales ríos -principalmente en el Bajo Amazonas- y practicada por poblaciones tradicionales.

En las décadas del 50 y del 60 comenzaron a establecerse las primeras empresas madereras en la Amazonia. “Realmente se convirtió en un problema a partir de la construcción de carreteras”, explica Marco Lentini, investigador y coordinador de proyectos del Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (IMAFLORA). Los gobiernos militares que tomaron el poder a partir de 1964 buscaron integrar la Amazonia a través de la construcción de grandes carreteras principales, tanto de norte a sur como de este a oeste.

La muestra más clara de la “apertura de la selva” fue la construcción de la ruta Transamazónica, que comenzó en 1970 y actualmente atraviesa Brasil desde el Estado de Amazonas hasta Paraíba.

La deforestación alrededor de la nueva red de caminos permitió la expansión de la industria maderera, que dio lugar al surgimiento de la actividad agrícola ganadera, concentrada en la cría de ganado vacuno y las plantaciones de soja. “La actividad maderera entró en la selva, explotó las especies de madera de alto valor, y el valor de esa madera financió la conversión de la tierra a la ganadería”, agrega el investigador. En ese entonces, explica, el Estado financiaba la tala de la selva.

Monitorear y registrar la deforestación como punto de partida

Desde que en 1988 el gobierno brasileño comenzó a monitorear la deforestación a través de satélites, los peores índices fueron registrados en 1995, con 29.000 kilómetros cuadrados talados en tan solo un año. La actividad ilegal no fue controlada hasta que en el 2004 los índices fueron nuevamente alarmantes: 27.000 kilómetros cuadrados de áreas taladas. Ese año también se detectó la mayor cantidad de focos de incendios desde que se los empezó a registrar.

Eso movilizó al gobierno de Lula da Silva a crear el primer gran programa de combate de la deforestación, el Plan de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia (PPCDAM). Desde ese entonces, los números de deforestación disminuyeron hasta llegar a su mínimo histórico en 2012, bajo el mandato de Dilma Rousseff. Fue también durante ese período que se registró la tasa más baja de incendios desde la implementación del plan.

Bolsonaro y el cambio de paradigma

Con el ascenso al poder de Jair Bolsonaro en 2019 el monitoreo de las actividades ilegales en la selva amazónica disminuyó de manera drástica. En 2022 se produjo la mayor tasa de incendios registrada desde 2010. “El gobierno de Bolsonaro fue el peor para el ambiente en Brasil. Durante su mandato se quemó el equivalente a 30 veces el tamaño de la ciudad de San Pablo”, destaca Leandro Ramos, director de campañas de Greenpeace Brasil..

“En los últimos años presenciamos la flexibilización de regulaciones y también represalias a servidores de agencias ambientales. Lo que vimos en Brasil en este período fue una política de destrucción de la selva y la vida”, agrega el ambientalista.