El Ministerio Público guatemalteco inició acciones legales contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por su desempeño cuando estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala, tensando la relación entre ambos países: llamaron a consultas a sus embajadores.
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche acusa al colombiano de haber avalado de manera irregular el acuerdo de "testigo protegido" otorgado a tres funcionarios de la multinacional constructora brasileña Odebrecht en 2017, durante una investigación por pago de sobornos.
La reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, no se hizo esperar: advirtió que la relación se verá afectada si la Fiscalía del país centroamericano insiste en emprender acciones contra Velásquez, mientras que el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó a la cordura a su homólogo y dijo que no se trata de una "persecución penal".
Un investigador contra Odebrecht
Iván Velásquez, nacido en Colombia hace 67 años, fue jefe de la Cicig en Guatemala entre 2013 y 2017, cuando realizó una histórica lucha contra la corrupción en la que fueron desmanteladas decenas de estructuras ilegales que operaban dentro de instituciones gubernamentales.
El fiscal Curruchiche fue sancionado en 2022 por EE.UU. con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio, porque según el Gobierno del presidente Joe Biden, había creado casos falsos para realizar imputaciones espurias.
Desde el Foro de Davos en Suiza, el presidente Petro habló este martes de su ministro: "Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala".
Al referirse a las acusaciones contra Velásquez, Petro afirmó que "los criminales reaccionan" y dijo que en su Gobierno no permitirá que su ministro sea involucrado en acusaciones de ilícitos. "Nosotros no vamos a permitir que, asumiendo él (Velásquez) un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, con honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad".
Denuncia de persecusión
En referencia a la actuación de Velásquez al frente de la Cicig, el presidente colombiano dijo en Zúrich que "a toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó".
El presidente guatemalteco apeló a la "institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la separación de poderes".
Según el diputado opositor guatemalteco Samuel Pérez, el proceso que podría iniciarse contra el ministro colombiano es una "revancha" por su papel en la lucha contra la corrupción: "una revancha con rencor, porque las personas que ahora gobiernan fueron investigadas por corrupción". El Gobierno de EE.UU. también arremetió contra las autoridades guatemaltecas y dijo que lo hecho por el Ministerio Público debilita "el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala". Según Brian Nichols --subsecretario del Departamento de Estado para América Latina-- "nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala".
El presidente de Guatemala dobló la apuesta: "Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir".
