Colombia avanza para garantizar la atención integral en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Con esta nueva política pública adoptada en los últimos días el país apunta a garantizar estándares de calidad, accesibilidad y seguridad en la interrupción voluntaria del embarazo.
Aunque en febrero de 2022 Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 los obstáculos para acceder a la IVE seguían vigentes, según denunciaron organizaciones feministas.
Garantizar derechos
Cerca de un año después de lograr la despenalización del aborto hasta la semana 24 Colombia avanza para garantizar que las personas puedan acceder a este derecho. Las organizaciones feministas denunciaron que, a pesar de la despenalización del aborto aprobada en 2022, los obstáculos para acceder a la IVE seguían vigentes.
La nueva resolución del ministerio de Salud apunta ofrecer atención integral en la interrupción voluntaria del embarazo a “toda persona con capacidad biológica de quedar en embarazo y atravesar el proceso de gestación, lo que abarca hombres transgénero, transmasculinidades, personas no binarias o personas intersexuales”.
Deuda pendiente
“La regulación única sobre la IVE era una deuda pendiente, que el Ministerio de Salud salda con esta Resolución”, aseguró Juliana Martínez Londoño del movimiento Causa Justa por el Aborto, conformado por más de 100 organizaciones.“Los agentes del sistema de salud deben garantizar la atención integral de la IVE en todo el territorio nacional sin discriminación y sin barreras”, escribió Martínez Londoño en su cuenta de Twitter.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones que integra Causa Justa, también celebró la nueva resolución porque "unifica la regulación para la prestación del servicio de aborto en Colombia y garantiza nuestra libertad de decidir".
La nueva resolución es de cumplimiento obligatorio por parte de la Superintendencia de Salud (encargado de vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales), secretarías de salud, empresas de medicina prepaga y entidades promotoras de salud.
Hasta febrero del año pasado el aborto sólo estaba despenalizado bajo las tres causales: salud y riesgo de la madre, malformación del feto, y violación o incesto. El Código Penal establecía condenas de hasta 54 meses de prisión para las personas que abortaran.
En el comunicado, el ministerio de Salud precisa que la nueva regulación tiene previsto consideraciones sobre la edad, nivel socioeconómico, identidad de género, etnia, entre otros "elementos que definen el enfoque para la atención integral de la salud".
