El Gobierno español acordó ayer someter a un control semanal los gastos de Cataluña para asegurarse de que la región nororiental no usa dinero público para organizar su polémico referéndum sobre la independencia de resto del país que se celebrará dentro de dos meses.

Así lo informó el portavoz del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, tras el consejo de ministros en el que se acordó supeditar el traspaso de fondos a Cataluña a que diversas autoridades de la región certifiquen cada semana que no destinaron partidas al referéndum. El Gobierno regional de Carles Puigdemont viene avanzando con su plan de celebrar el 1 de octubre una consulta en la que los catalanes voten si quieren seguir siendo o no parte de España. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ve ilegal el referéndum y asegura que no se producirá. “El objetivo es impedir que la Generalitat de Cataluña pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre”, dijo Mendez de Vigo. Ese referéndum ilegal no puede ser pagado por dinero público”, insistió ayer el portavoz al anunciar la nueva medida propuesta por el Ministerio de Economía con el objetivo de que “ni un solo euro público” se destine al plan secesionista.

Una serie de altos funcionarios catalanes tendrán que enviar cada semana certificados que prueben que no iniciaron o tramitaron expedientes de gastos y pagos destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum. Si no se cumpliera esa exigencia, precisó Méndez de Vigo, “podría llegar a retirarse el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), una línea destinada al progreso y bienestar de los catalanes” de la que Cataluña recibió 67.000 millones de euros desde 2012, indicó.

Desde la Generalitat, el Gobierno catalán, criticaron con dureza la medida, consideraron que busca “extender el miedo y la amenaza” y acusaron al Gobierno de Rajoy de “discriminar a los ciudadanos del Cataluña en función de lo que votan”. “Es una medida que no va contra el Gobierno de la Generalitat, sino contra los ciudadanos de Catalunya, porque el Estado pone en riesgo los servicios básicos”, indicó el Gobierno de Puigdemont en un comunicado. “Se pone en riesgo el propio Estado español: si colapsan las finanzas de la Generalitat, también se colapsan las del Estado”.

El control de gastos acordado ayer abrió así un nuevo capítulo en el llamado “choque de trenes” al que se encaminan Madrid y Barcelona por sus posturas irreconciliables en torno al referéndum, una tensión que viene dominando la agenda política en España.

El gobierno central argumenta que lo que pretende es hacer cumplir la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló la disposición de la Ley de presupuesto catalana que incluía una partida para financiar el referéndum de secesión. 

“Estamos ante un anuncio, múltiples anuncios, de un referéndum sin: sin censo, sin papeletas, sin urnas, sin funcionarios y ahora también sin presupuestos”, añadió Méndez de Vigo. 

La decisión del gobierno fue adoptada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que fue presidida por el propio Rajoy, para quien el referéndum de Cataluña es uno de los mayores desafíos y amenazas que afronta España. 

Méndez de Vigo, quien reiteró que el Ejecutivo está dispuesto a “dialogar” con el presidente catalán, Carles Puigdemont, siempre dentro del marco de la ley. 

Puigdemont acometió recientemente una reforma de su gobierno para rodearse de dirigentes que están dispuestos a llegar hasta el final con el referéndum de secesión, conscientes de que avanzar y celebrar la consulta, algo que no está garantizado, implicará incumplir con las leyes españolas, lo que puede conllevar a asumir consecuencias penales. 

A la espera de que el gobierno catalán compre las urnas necesarias para la consulta, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, advirtió que ese paso supondría un delito de “malversación”.

Según un sondeo difundido ayer por el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (la oficina de estadísticas del Gobierno catalán), un 67,5 por ciento de catalanes participaría en la hipotética consulta. El “sí” a la independencia ganaría con un 62,4 por ciento de los votos.

Pese a ello, la misma encuesta indica que hay más catalanes en contra de la independencia (49,1 por ciento) que a favor (41,1). Muchos de ellos no votarían en un referéndum, lo que explicaría la victoria del “sí”. El apoyo a la independencia cayó así a su nivel más bajo desde el año 2012, cuando escaló la tensión independentista. La encuesta representativa del organismo oficial fue realizada a 1.500 personas en Barcelona y otras ciudades de Cataluña del 26 de junio al 11 de julio.

El pulso independentista fue creciendo en Cataluña sobre todo desde que en 2010 el Tribunal Constitucional español decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional. 

En el último lustro, las relaciones entre el Gobierno de España y el de la región fueron especialmente tensas por el desafío separatista. En una consulta convocada en 2014 y también declarada ilegal por la Justicia española votaron cerca de dos de los 7,5 millones de catalanes, en su gran mayoría a favor de la secesión.