No emularon ser The Beatles cruzando una calle -por su senda peatonal- en algún rincón turístico salteño. Decidieron caminar desde la ciudad de Tartagal (cabecera del departamento San Martín) hasta la capital salteña. Partieron el viernes 13, caminando por tramos, en la medida que el sol y el calor lo permitió. Por la ruta nacional 34, el viaje de los docentes cubrió 355 kilómetros.
“Fue una osadía, una dedo-caminata”, describió Lorena Valeria Ibarra, una de las integrantes de la Agrupación de Docentes Activos. Nacida en Embarcación, es profesora de psicología y psicopedagoga. Junto a Daniel Sánchez (profesor de economía, biología, y técnico superior agrícola con orientación en forestal), Jorge Javier Oviedo (maestro bilingüe intercultural y licenciado en educación) y Raquel Moreno (profesora de geografía y ciencias políticas), arribaron a Salta capital el mediodía del lunes último. En realidad caminaron solo dos de los miembros de ADA, las mujeres apoyaron desde el vehículo y recibieron adhesiones por redes sociales.
“Queremos visibilizar la mala situación que atraviesa la educación salteña. Hace falta incrementar el presupuesto, mejorar los salarios docentes, dejar de cerrar aulas (un proceso que, denunciaron, no cesa desde 2014), y acondicionar el abastecimiento de agua potable. Quieren comenzar las clases el 27 de febrero, pero no hay personal de maestranza en las escuelas”, dijo Lorena Ibarra a Salta/12. “El año pasado en muchos colegios tampoco hubo copa de leche. Hay muchas irregularidades”.
“¿Qué hacemos para que esto cambie? ¿qué hacemos para que alguien se entere?”. Las preguntas las hizo Daniel Sánchez, que se desempeña en escuelas y colegios estatales del Tartagal profundo. “En las zonas inhóspitas nadie se entera” de la situación cotidiana en las escuelas rurales del norte salteño. “La gente que vive en los parajes nos pide a nosotros que hablemos”, explicó. “Por eso estoy aquí: quiero mostrar la realidad de nuestras escuelas y de nuestra tarea como docentes".
La agrupación elaboró un petitorio que presentaron el lunes ante el gobierno de Salta, y aclaró que no pertenecen ni militan "en ningún partido, ni pertenecemos a ningún sindicato”. Sánchez y Oviedo fueron más precisos sobre el desencanto por las representaciones. Los políticos, dijeron, son “quienes tienen (en sus manos) la posibilidad de tomar (las) decisiones para que mejoren nuestras condiciones de trabajo, que claramente son paupérrimas”. Sobre los sueldos docentes, en la carta solicitaron que los incrementos no sean escalonados y que los salarios se reajusten según la inflación para acompañar así el contínuo incremento de la canasta básica
Las demandas de ADA abarcaron diferentes ítems. Solicitaron que el gobierno de Salta y el Ministerio de Educación de Salta, a cargo de Matías Cánepa, realicen mejoras edilicias (aulas, baños, seguridad) y destinen fondos para invertir en mobiliario (bancos, sillas, gabinetes) en los establecimientos, que aumenten la cantidad y calidad de la copa de leche, se ocupen del normal abastecimiento de agua potable, y que cada escuela (rurales en particular) cuente con personal de maestranza.
“Permanentemente trabajamos en la mejora, lógicamente avazamos de a poco, porque no podemos llevar a óptimas condiciones todos los establecimientos a la misma vez”, respondió a la consulta de este medio Laura Flores, directora de Nivel Medio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta. “Priorizamos las instituciones más urgentes. Ahora tenemos la cuestión del agua (por la emergencia hídrica en el norte), vamos tomando las medidas”, agregó.
Sobre el personal de maestranza en las escuelas secundarias, discrepó con el reclamo de los docentes. “Los establecimientos sí tienen personal de maestranza”, subrayó. “Durante el receso, se organizan los turnos de acuerdo a la licencia que tiene cada personal por su antigüedad. Cada directivo de escuela, organiza para que cada miércoles los establecimientos estén abiertos. Es el día en que se revisa el estado general del establecimiento, el mobiliario, estado de los sanitarios y de las aulas”.
La ADA solicitó en su documento que se les permita “planificar las jornadas educativas siguiendo los contenidos prioritarios de cada materia”. También, que se habiliten gabinetes psicopedagógicos en cada escuela, y que “no los sobrecarguen con jornadas de Educación Sexual Integral (ESI), contenidos socioemocionales o proyectos de emprendedurismo”. Ibarra y Oviedo aclararon sobre las dos últimas demandas, que el objetivo de la Agrupación es lograr que las autoridades provinciales incrementen la “cantidad de docentes especializados para tal fin”. Caso contrario, que les reconozcan en sus ingresos esa dedicación extra puntual.
Ibarra dió más precisiones sobre los contenidos de educación socioemocional y ESI. “Para hablar con adolescentes sobre temas tan delicados hay que ser idóneo”, opinó. “Sin embargo, a todos los profesores nos dicen (por las autoridades educativas) que nos hagamos cargo de esa tarea. Es complejo”, continuó, “porque si los estudiantes vienen con hambre, ¿cómo manejamos lo socioemocional?”. Y agregó: “ahora están con el emprendedurismo, para que los adolescentes tengan su emprendimiento y vendan sus cosas. En realidad construyen un modelo de escuela-empresa, mientras se deja de lado la base (de conocimiento) que les proporcionan las disciplinas”.
Tizas, fotocopias, proyectores, aulas, cursos
Los pedidos se relacionan con una crítica profunda, dirigida a los cambios producidos en los últimos años por el modelo pedagógico aplicado. Por eso, los miembros de ADA también manifestaron la sobrecarga en sus tareas pedagógicas específicas. “En el norte faltan más recursos para llegar a un aprendizaje óptimo ideal. En la ruralidad no tenemos tizas. Nosotros las compramos con dinero de nuestro bolsillo. No nos reintegran nada”, contó Sánchez, que trabaja en el colegio secundario pluricurso con itinerancia (el 5185) de Tonono, un paraje a 35 kilómetros al noreste de Tartagal por la ruta 86. Agregó que “entregamos el material bibliográfico en fotocopias a los estudiantes. Si no cuentan con material didáctico, es imposible completar una clase donde los estudiantes puedan aprender. Las computadoras o proyectores también los compramos nosotros”.
Sobre el reclamo particular de ADA, Flores confirmó que los docentes no cuentan con un fondo especial para material didáctico imputado como parte de sus ingresos mensuales. “Se les asigna un fondo extra a las instituciones”, explicó. “Cada escuela lo invierte en función del criterio de los directivos, y en acuerdo con el equipo docente. Se entiende que los profesores tienen la necesidad de disponer de mejor material, y a veces, como ese fondo extra que se distribuye según prioridades, no se llega a satisfacer lo que ellos requieren”.
María de los Ángeles Pistán, directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la provincia, confirmó que “ningún docente tiene el reconocimiento de cartillas o gastos, nadie los tiene”, amplió el arco en referencia a los distintos niveles educativos salteños. “El Estado no lo considera”, continuó. “Nuestra dirección de jóvenes y adultos ni siquiera es parte de la provisión de computadoras, ni los docentes, ni los estudiantes. La ley de educación nacional (22.206) no nos contempla en la distribución de equipamientos informáticos de alfabetización digital. Lo que usted plantea es real y los gastos de los profesores son concretos. El rol del docente es un apostolado”, sintetizó.
Cierre de cursos en los BSPA
El continuo cierre de cursos en las escuelas del Bachillerato Salteño Para Adultos (BSPA) fue otra situación que visibilizaron los miembros de la ADA. “En (General) Mosconi el año pasado cerraron primero y segundo año”, contó Lorena Ibarra. “En 2022 también cerraron un tercer año en la escuela Luis María Pretti”, agregó. Ese establecimiento (número 5717) se encuentra al este de Tartagal y recibe a integrantes de comunidades de los pueblos Chorote y Guaraní.
Ibarra añadió que la cartera educativa salteña siempre ofrece dos argumentos sobre el cierre de cursos en el norte salteño: falta de presupuesto y baja matrícula. “Los alumnos del BSPA son madres y padres, trabajan, y por eso llegan tarde. Cuando nos visitan los supervisores, muchas veces observan que nuestros cursos están compuestos por siete u ocho estudiantes, y les parece poco”, dijo. “Nosotros los entendemos (a los estudiantes), realizamos el seguimiento de su desempeño educativo, los ayudamos y los contenemos, porque quieren aprobar sus materias. Muchas veces llegan al aula con sus hijos. En mi caso, los dejo”.
“¿No es una contradicción que el Estado cierre cursos con matrícula baja en lugares con alta vulnerabilidad social?”, consultó Salta/12 a la directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. “No se ha cerrado ningún curso. Existe el caso del establecimiento 7234 de General Mosconi. Esa escuela tiene actas de supervisión. Es cierto que hemos anunciado la posibilidad de que se cierre, se les dió tiempo suficiente (a directivos y cuerpo docente) para que trabajen sobre la escasa matrícula. Pero, en concreto, al día de hoy no hemos cerrado nada”, aclaró.
Por otro lado, explicó que en los BSPA, “la población está compuesta por trabajadores, adultos mayores, y jóvenes, muchos de ellos mamás y papás. La situación concreta del 7234 de Mosconi es que, por más que se buscó a los estudiantes, no logramos reunir una matrícula que logren cubrir el trabajo de los docentes. Es gente que en su momento dejó de estudiar porque tenía que salir a trabajar y por la carga familiar. Por cinco años (desde 2017) hay cursos que no registran más de 5 estudiantes”. De todos modos, aclaró que “hoy es ley que los ciudadanos deben terminar la secundaria. Es una ley nacional y la ley se cumple”.
Daniel Sánchez explicó el procedimiento que lleva adelante la cartera de Educación antes del cierre de cursos o aulas del nivel medio en zonas con alta vulnerabilidad social. “Se los transforma de pluricurso a multiaño. Quiere decir que antes los alumnos de una comunidad tenían un docente por cada disciplina”. “Cuando se pasa a multiaño, un solo docente enseña hasta cinco disciplinas en dos horas ¿Qué calidad de enseñanza puede tener esos niños y adolescentes?”, interpeló. “La característica de la ruralidad escolar es la población baja y el Ministerio de Educación dice que la población es baja cuando cierra cursos. Es una contradicción”.
La cartera educativa discrepó: “Los cambios en la modalidad responden a las necesidades de cada establecimiento, y además priorizamos que los estudiantes no se queden sus asistir a clases y que los docentes no pierdan su fuente laboral”, respondió Laura Flores.
Sánchez agregó que los docentes del norte profundo constantemente reciben amenazas de directivos o supervisores que les reclaman la baja matrícula de sus cursos. “No sabemos qué estabilidad laboral tenemos”, denunció. “Por más que sean pocos alumnos, tienen derecho a educación. Tampoco cualquiera educación: sino la misma que tienen el resto de los chicos de la ciudad de Salta o de otras ciudades de Argentina”.
“Las escuelas primarias y secundarias les permiten a las comunidades mantenerse en sus territorios. Cuando no están, tienen que emigrar, muchas veces hacia la ciudad”, continuó. “Si no tiene una escuela y tampoco el monte para recolectar frutos o cazar, porque todos los montes que tenían antes son fincas privadas ¿qué pretenden entonces? Pedimos un poco de consideración. De seguir así, las comunidades (por las originarias y criollas más vulnerables) están condenadas a desaparecer y en las peores condiciones”, cerró.
