La Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá presentó una denuncia penal contra el estado jujeño por el despojo de sus tierras ancestrales. Por otro lado, cinco trabajadores del Ministerio de Educación realizaron otra denuncia penal en contra del gobierno provincial y del comisionado municipal Natividad Apaza, a quienes acusaron por amenazas y extorsión.
Las denuncias se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, en la ciudad de San Salvador de Jujuy; mientras, arriba, en el pequeño pueblo ubicado en el departamento Valle Grande, una comunera puso en juego su vida tratando de frenar el avance de la máquina retroexcavacadora de Vialidad provincial que está destruyendo sembradíos y propiedades comunales por decisión del gobierno de Gerardo Morales, que dispuso construir una escuela secundaria en el predio de la cancha comunitaria, y expropiar otro terreno para hacer ahí una nueva cancha.
Las máquinas retroexcavadoras avanzan sobre sembradíos y la casa de Pablo Cruz Moyoja, cuyo terreno le fue expropiado por el gobierno provincial para construir alli, la nueva cancha. Ayer una pobladora de Caspalá increpó al operario suplicándole que detuviera los trabajos o que directamente acabara con su vida, ya que es lo único que tiene. “Siga, si, como dice el señor, tiene orden, máteme, máteme, por favor”, clamó la mujer en medio del llanto.
La tarea de los operarios enviados por el gobierno se llevan a cabo bajo la vigilancia de miembros de la Infantería de la Policía provincial, que ocupan el pueblo desde el 18 de noviembre, cuando el comisionado trató de apropiarse de la cancha comunitaria para construir ahí el edificio de la escuela secundaria, que ya cuenta con otro terreno destinado para ese fin.
Aunque desde entonces, cuando fueron reprimidos por la policía, vienen sufriendo una violencia institucional de gran escala, los pobladores de Caspalá, de unos 300 habitantes, no cejan en su resistencia. En ese marco, ayer presentaron denuncias penales contra el gobierno de Morales y el comisionado municipal.
Las denuncias se presentaron con el patrocinio de la abogada Silvana Yáñez, que representa a la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, a los trabajadores del Ministerio de Educación y a los pobladores Pablo Cruz Moyoja y Sixto Balcarce, caspaleño que estuvo desaparecido y que el Estado no buscó y que también denunció presiones en su trabajo en el Registro Civil.
"En Caspalá no hay estado de derecho"
Los trabajadores del Colegio Secundario N° 54 de Caspalá denunciaron que fueron intimidados por el comisionado municipal Natividad Apaza y por el Ministerio de Educación advirtiéndoles que les iban a iniciar sumarios administrativos por los hechos del 17 de noviembre, el día anterior a la represión en el pueblo.
"Una de las trabajadoras de maestranza, el 18 de noviembre fue alcanzada por una bala de goma, ella estaba defendiendo a su sobrino que era detenido", relató la abogada.
El docente Roberto Farfán, que también fue notificado del inicio de un sumario en en su contra por su supuesta participación en la protesta, el día 17 estaba trabajando en Humahuaca y el 18 fue a Caspalá a dejar maíz al domicilio de su suegra, pero para cuando llegó ya la represión había pasado.
"En Caspalá se institucionalizaron las falsas denuncias, los testigos, yo ya lo había visto en el Colegio, y me defendí. Recién ahora los porteros me cuentan que a ellos les pasaba lo mismo, las amenazas, denuncias", señaló el docente, que es de extracción radical. "La Constitución, los derechos que tenemos, en Caspalá no se cumplen, no hay estado de derecho", sostuvo. "Esto es político, y el pueblo trabajó en la campaña para que ganen (quienes están en la gestión ahora) y ahora nos pisotean", agregó en referencia al oficialismo provincial y municipal.
En tanto que la maestranza Arminda Báez contó: "esa tarde salí de casa y advertí que a mi nena de 11 años le pegaron los policías con un garrote, entonces alcé una bandera frente al móvil (policial); fue ahí cuando empezaron a tirar gases y nos descompusimos todos".
"La comunidad decidió no callarse, a pesar del miedo que les impone el comisionado que tiene mucha impunidad", valoró la abogada. "Apaza, sus familiares que tienen cargos en la Comisión Municipal, denunciaron a los trabajadores amenazando e intimidando, por eso vamos a realizar contradenuncias, tenemos pruebas para defender a la comunidad", sostuvo.
La Comunidad Aborigen Pueblo Kolla de Caspalá, que preside Lucía Apaza, también denunció al estado provincial y a la comisión municipal por extorsión por la expropiación a la familia Cruz de su dominio ancestral.
La comunidad viene pidiendo diálogo al gobierno de Jujuy pero hasta ahora no logra ser escuchada por los organismos del estado, entre ellos el Ministerio de Derechos humanos y Pueblos indígenas que ha creado Morales y cuya titular es Natalia Sarapura, quien antes de la campaña de 2015 defendía a las comunidades indígenas, de la que es parte.
La Comunidad de Caspalá también presentó una denuncia en la delegación del INADI en Jujuy. "Esperamos frenar la expropiación a Cruz, y vamos a constituirnos como querella", afirmó la abogada. Ella también representa a Sixto Balcarce, encargado del Registro Civil en el pueblo, que asegura haber sufrido persecución y hostigamiento laboral.
