La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó una autorización para obtener de manera compulsiva los datos biométricos -huella y reconocimiento facial- de un imputado por explotación sexual adolescente, para desbloquear su celular y avanzar con la investigación. La medida había sido diispuesta originalmente por el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción.

La Cámara integrada por Marina Cossio, Patricia Marcela Moltini, Mario Rodolfo Leal y Ricardo Sanjuan rechazó el pedido de la defensa y confirmó la orden judicial de extraer los datos biométricos del imputado, quien deberá proporcionar su huella dactilar y su rostro para que los investigadores accedan a su dispositivo.

La medida "no es invasiva ni implica un trato degradante o humillante en la persona del imputado", indicaron los jueces. La obtención de esos datos permitirá el peritaje del teléfono, pues "si se tratara de otra marca de celular, el análisis ya se hubiera realizado", señalaron.

"Entendemos que la medida dispuesta resulta necesaria, razonable, pertinente y útil en relación a la hipótesis delictiva investigada, toda vez que lo que intenta es el acceso al contenido del celular de quien resulta procesado por promoción y facilitación de la prostitución de menores de edad", indicaron los jueces.

Además, los camaristas advirtieron que "se debe tener en cuenta la naturaleza compleja del delito y la gran cantidad de víctimas menores involucradas, alguna de las cuales todavía no pudieron ser identificadas". 

El acceso al teléfono celular del imputado podría revelar si hay más personas involucradas, así como otros delitos que se hubieran cometido.

El caso

Según el Fiscal Federal N° 2 subrogante de Tucumán, Agustín Chit, el imputado contactó a un grupo de adolescentes por internet, para captarlas, acogerlas y explotarlas sexualmente. El hombre se habría ganado la confianza de las víctimas bajo la promesa de grandes ganancias económicas.

Entre febrero y abril de 2022, según el fiscal, el imputado concertó encuentros con las adolescentes en un hotel de la capital tucumana en el que solía alojarse cuando llegaba de Estados Unidos, donde vivía. Los hechos quedaron confirmados a través de videos registrados por cámaras de seguridad y testimonios recabados.

En julio del año pasado, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, procesó con prisión preventiva al hombre por "promover y facilitar la explotación sexual de adolescentes".

Un mes después, el fiscal Chit solicitó que el imputado aportase los datos de desbloqueo de su teléfono celular, algo a lo que el juez Poviña hizo lugar por considerarla "una medida razonable en función de los objetivos del proceso", y ordenó la obtención compulsiva de los datos biométricos del hombre. 

Sin embargo, la defensa del imputado recurrió el fallo al considerar que "vulneraba las garantías de no ser obligado a declarar contra sí mismo, debido proceso, intangibilidad de la intimidad y lesionaba la dignidad humana".

El letrado sostuvo que la pretensión de acceder a la intimidad del imputado era "irrazonable y desproporcionada, porque el juzgado ya contaba con los contenidos de los chats que intercambiaron las jóvenes involucradas con el imputado".