En las últimas semanas, diversas voces empresariales y de periodistas y políticos pro-establishment, alzaron su voz en contra de la intervención de sindicatos y organizaciones sociales en el control del cumplimiento de Precios Justos. El programa de la Secretaría de Comercio busca mantener congelados los precios de 1.900 rubros de primera necesidad en grandes cadenas de supermercados, como una forma de aliviar el bolsillo de las familias. También es un intento de moderar las remarcaciones en un contexto donde la inflación amenaza con alcanzar los tres dígitos. Sin embargo, se detectó un amplio desabastecimiento de los rubros bajo el programa, hecho que llevó a la Secretaría de Comercio a buscar aliados para lograr su cumplimiento.
Es ahí donde aparece el Sindicato de Camioneros como un aliado clave, ya que sus afiliados son quienes transportan la mercadería desde las empresas productoras hacia los centros comerciales. De esa manera, se convierten en un actor relevante para detectar quién es el responsable de la falta de suministro de los productos del programa.
La reacción empresarial contra la participación de camioneros fue muy notoria, ya que partió de un discurso paradójico en boca de quienes suelen presionar por un Estado mínimo que tercierice sus funciones en empresas proveedoras de servicios y organizaciones no gubernamentales. “El control es una función indelegable del Estado”, afirmó Daniel Funes de Rioja, el titular de la UIA y la COPAL, cámara que agrupa a las empresas productoras de alimento. En “un Estado presente, es necesario que el Estado controle” continuó Funes de Rioja, para luego agregar que “tercerizar esa función genera una mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses”.
Para hacer eco del reclamo empresarial se amontonaron los políticos que buscan su apadrinamiento como Patricia Bulrich, Horacio Rodriguez Larreta y José Luis Espert, entre otros genuflexos del establishment. El triste espectáculo de dirigentes políticos bailando al compás del interés empresarial incluyó una presentación judicial de Elisa Carrió, para que el partido judicial pueda entrar a jugar como mejor sabe, trabando las políticas públicas que benefician a las mayorías para favorecer intereses que les responden con sobres que agrandan sus fortunas.
El reclamo empresarial en contra de la tercierización de la función de control de precios del Estado no tiene base legal, ya que los sindicatos y organizaciones colaboran con los inspectores de la Secretaría de Comercio, pero son éstos los que toman sanciones y medidas para lograr el abastecimiento. Sin embargo sirve como botón de muestra de cómo priman los intereses empresariales por sobre cualquier ideología.
Así, quienes suelen pregonar un liberalismo a ultranza cuando se trata de discutir políticas impositivas o distributivas, pueden cambiar bruscamente de discurso cuando la tercierización de parte de las tareas de control de precios puede hacer que este funcione y detecte maniobras empresariales de desabastecimiento con el fin de especular stockeando mercadería en un contexto de alta inflación.
@AndresAsiain
