Ayer se vivieron horas de tensión en Campana. La planta de Carboclor que está ocupada desde hace once días por sus trabajadores amaneció rodeada de policías que tenían orden de desalojarlos. Con el paso de las horas acudieron distintos sindicatos y gremios regionales, así como diputados de izquierda y kirchneristas, que se sumaron al acampe para tratar de evitar un nuevo hecho de represión. Poco después del mediodía la policía levantó el operativo y los operarios decidieron mantener el piquete, mientras sus representantes mantenían por la tarde una reunión en el Ministerio de Trabajo, que culminó con un cuarto intermedio “con rogatoria a las partes de sostenimiento de la paz social”, y fecha de continuación para el lunes a las 14. Carboclor pertenece a la empresa estatal uruguaya Ancap, y sus trabajadores en reclamo del pago total de las indemnizaciones al denunciar que “no se cumple la ley”.

Los uniformados desistieron de avanzar en el procedimiento, incluso ante la llegada de vecinos de la zona, porque la gobernadora María Eugenia Vidal intervino para frenarlo, mientras aún están en las retinas las brutales escenas del desalojo de PepsiCo del jueves 13. Según declaró Oscar Casco, secretario gremial del sindicato de Petroquímicos, hubo dos cordones de Infantería para rodear la planta. El primero impedía el paso de los despedidos, el otro buscaba que no se acerquen trabajadores de otros gremios que buscaban dar su apoyo.

Norberto Lubo, secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas expresó que están en la planta desde que Ancap, la controlante de Carboclor, decidió cerrar y dedicarse sólo al almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria. “Estarán en su derecho pero nosotros tenemos el derecho a reclamar que nos paguen el 100 por ciento de la indemnización que nos corresponde por ley”, declaró Lubo. “Como Ancap transporta para terceros quería sacar material para Shell pero nosotros se lo impedimos, sólo lo íbamos a permitir si nos pagan las indemnizaciones. Ahí comenzó el problema porque vino la policía, luego se fueron a buscar una orden de desalojo”, agregó. Según Lubo, “somos muchos, todos trabajadores sin contar que nos acompañan nuestras familias y de otros sindicatos, de la CGT y la CTA. Si avanzaban iba a ser peor que PepsiCo”. A su lado, en el piquete, estaba Guillermo Bentancourt, dirigente del FIT y trabajador de Siderca quien expresó su repudio “a la respuesta de Cambiemos de responder con amenazas de represión a quienes defienden su derecho al trabajo”.

Carboclor, un ícono de Campana desde 1968, cerró el 30 de mayo dos plantas con el argumento de que atraviesa por una “grave situación financiera”, hecho que provocó alrededor de 150 operarios despedidos. El cierre definitivo de la planta fue confirmado por la responsable de Relaciones con el Mercado, Mariana Trentin, en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Carboclor es una de las empresas químicas afectadas por la apertura de importaciones. En la zona de Zárate ya cerraron dos plantas de Atanor (Munro y Baradero), Quipro y Lanxess.

Por la mañana el diputado Miguel Funes (FpV) había alertado: “Hacemos responsable al fiscal Alejandro Yrigoyen de lo que aquí suceda”. En el lugar, adonde había acudido junto a la concejal Sol Calle y los precandidatos a concejal Rubén Romano y Romina Carrizo, Funes mantuvo un fuerte cruce con el comisario Walter Carzola, quien pretendió desviar la atención cuando el legislador le pedía explicaciones sobre el accionar represivo ordenado para desalojar a los trabajadores de la petroquímica. “Los compañeros están peleando por llevar un plato de comida a sus hijos, por solidaridad de clase me pongo del lado de ellos”, le gritó Funes cuando el uniformado le recriminaba que él “ganaba un sueldazo como funcionario público” y que “tendría ir al Congreso a trabajar”. El diputado de La Cámpora comentaría luego que el comisario “debería estar informado de que la Cámara de Diputados está paralizada por decisión de Cambiemos”.