El Frente Darío Santillán ocupó pacíficamente el hall del ministerio de Espacios Públicos porteño, para reclamar al gobierno de la Ciudad que reincorpore a 35 trabajadoras de la economía popular que hacen tareas de recolección de basura en la Villa 21-24 de Barracas. Después de una larga negociación y ocho horas de permanencia en el interior del ministerio, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta acordó con la organización integrante de la UTEP que mantendrá los puestos de trabajo. Se trata de cooperativistas que juntan los residuos puerta a puerta, limpian los pasillos y los contenedores en el interior del barrio. Realizan este trabajo desde hace ocho años, con contratos que la Ciudad les renueva de manera anual. El conflicto se había iniciado en diciembre, cuando los funcionarios plantearon su intención de reducir el número de puestos. 

A las 9 de la mañana unas treinta trabajadoras y militantes de organizaciones sociales de la UTEP ingresaron  al hall del ministerio, ubicado en Martín García 346, mientras un grupo mayor permanecía en la calle, manifestando. La policía estacionó a dos cuadras del lugar camiones hidrantes.

“Esta es la tercera vez que venimos a manifestar al ministerio”, señaló Flavia Romero, una de las trabajadoras, en el corte.  Contó que en diciembre, cuando llegó el momento de renovar los contratos, el gobierno porteño les planteó que de los 35 puestos de trabajo, 15 no iban a continuar. 

Como trasfondo, denunciaron, hay una disputa política por el territorio: la cooperativa tiene entre sus trabajadoras a integrantes de la lista que ganó las elecciones en Junta Vecinal, que este año debe renovar cargos compitiendo contra una lista afín al Pro. 

Estos trabajos de limpieza urbana fueron creados por los propios vecinos, desde las organizaciones sociales. Los camiones de las empresas que hacen el servicio de recolección de residuos no entraban a la villa y los desperdicios se acumulaban en los pasillos. Se formaban basurales a cielo abierto allí donde había lugar, como la plaza del barrio.

En 2014 el gobierno porteño renegoció los contratos con las empresas de recolección  y las organizaciones sociales reclamaron en todas las villas de la ciudad que se empezara a hacer la recolección dentro de los barrios. Hicieron jornadas de protesta y de concientización, juntaron firmas entre los vecinos.

Así fueron creados estos puestos de trabajo de la economía popular. Los trabajadores -que en este caso son todas mujeres- se ocupan de la recolección puerta a puerta y llevan las bolsas hasta un punto del recorrido de los camiones. En el caso de la Villa 21 se formó una mesa con todas las organizaciones sociales. La cooperativa es una especie de tercerizada, en un acuerdo que tiene varios actores, no sólo a los trabajadores de la economía popular sino a la recolectora Urbaser. Las negociaciones involucraron al ministerio de Espacios Públicos, conducido por Clara Muzzio, pero también al de Desarrollo Humano, a cargo de María Migliore.

“Nosotros veníamos firmando contrato desde hace ocho años para hacer la limpieza de una zona con 35 trabajadores. Lo que nos propusieron fue que cambiemos la zona e hiciéramos la limpieza con 20. No queríamos cambiar la zona porque los vecinos conocen a la cooperativa, firmaron el petitorio para que hubiera recolección puerta a puerta, hace ocho años que las mismas personas recogen la basura” señalaron en la cooperativa. El hecho de que no hayan llegado a un acuerdo en luego de dos movilizaciones y lograran destrabar el conflicto recién con la toma, tratándose de sólo 15 puestos de trabajos reafirma la idea de que el motivo era más político que económico. 

Entre las funciones de las trabajadoras está también el descacharreo, desmalezamiento, saneamiento y la limpieza de contenedores. “Todas tareas que las empresas no han querido hacer nunca en la villa”. Su sueldo mensual es de apenas 39 mil pesos, monto que está por debajo de los que un adulto necesita en Caba para no ser indigente, según el cálculo del propio gobierno de la Ciudad,  que en diciembre estimó la canasta alimentaria individual en 52 mil pesos.  

Romero, la referente del FPDS en  la conducción de la Junta Vecinal, aseguró que vienen "soportando hace meses una persecución sistemática a comedores, talleres textiles y ahora a las compañeras y compañeros que hacen barrido y limpieza. Querían dejarnos sin trabajo para disciplinarnos y entregarle la zona a alguien que les haga campaña política".