En un operativo conjunto entre la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), agentes especializados detectaron una nueva maniobra de alquiler de cautelares. El artilugio consistió en importar mercadería con el nombre de una empresa para luego reetiquetarla en zona primaria a nombre de otra firma que poseía la cautelar, y así poder pasarla sin los controles requeridos y con acceso a dólar oficial. Las 320 toneladas incautadas tienen un valor de 550 mil dólares, aunque se estima que hay otras 17 operaciones similares realizadas por el importador, por lo que esa suma ascendería a 2,75 millones.
"Esto es una maniobra muy sencilla cuando se ve desde afuera, pero muy difícil de detectar", destacó el titular de la DGA, Guillermo Michel, durante la presentación del operativo en un depósito fiscal ubicado en el Mercado Central. A través de un cruce de información entre el organismo que dirige y la Afip, se encontró un total de siete operaciones que involucran 10.200 rollos de telas y poliéster, equivalente a 320 toneladas, por un valor de 550 mil dólares. "Nosotros tenemos un mandato claro del ministro de Economía y del administrador federal y es que los dólares los protejamos y los cuidemos para el empleo y para mantener las fuentes de trabajo, no para la especulación financiera", sostuvo.
La mercadería fue comprada en Asia y rotulada con la leyenda de la firma Harlye S.A. Tras pasar la verificación física en el ingreso a la Argentina, la empresa aportó una declaración jurada para reetiquetar las telas, ya que no cumplía con los requisistos necesarios para importar. La nueva denominación, Tela 770 SRL, corresponde a una firma que obtuvo una medida cautelar un mes antes, lo que le permitió ingresar la mercadería al país sin regulación fiscal y accediendo a divisas a valor oficial. La venta entre las empresas, según Michel, se concretó en zona primaria aduanera, por lo que se encontraba excenta de impuestos al no estar dentro del territorio argentino.
Aunque señalaron que ambas empresas están vinculadas y pertenecen al mismo grupo económico, la Aduana aun no avanzó con una denuncia penal. "Esto es una infracción al código aduanero, con lo cual la mercaderia va a queda comisada, es decir, va a quedar a disposición de la Aduana y vamos a iniciar los procedimientos de estos 7 contenedores", indicó Michel. Lo secuestrado será donado a organizaciones sociales y talleres de cooperativas como insumo de trabajo.
Además de la incautación de mercadería, la empresa enfrentará otras penalidades. Así lo indicó el titular de la Afip, Carlos Castagneto: "Van a tener multas, por la parte impositiva, intereses resarcitorios, punitorios, y también una marca para la empresa que está violando todo control", señaló. Y agregó que realizarán una fiscalización impositiva y laboral a través de Seguridad Social para evaluar la situación de la empresa con respecto a sus empleados. Castagneto destacó además el reemplazo del sistema SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) por el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), vigente desde el 17 de octubre, gracias al cual "hemos disminuido sustancialmente las maniobras de evasión impositiva y aduanera con respecto a algunas empresas".
Por su parte, el vicepresidente de la Fundación ProTejer, Marco Meloni, dijo a Página/12: "Nosotros
estamos tratando de colaborar y que esto no suceda porque nos perjudica en
nuestra producción". En esta línea, el industrial afirmó que el alquiler de cautelares es un fenómeno novedoso, que se enmarca en una larga historia de maniobras para esquivar los controles aduaneros: "Hubo épocas de sub facturaciones, otras de containers mellizos. Van mutando en función de lo que sucede en el mercado y dependiendo la situación económica. A veces les conviene sobre facturar para mandar mas dólares, otras sub facturar para pagar menos impuestos".
La fundación realiza análisis mensuales de las importaciones en todos los eslabones de la cadena productiva del rubro textil, para detectar las mejores posibilidades de desarrollo de la industria nacional. En este contexto, Meloni señala que hay un "abuso de amparos" que permiten el ingreso de hilado y tejido que también se fabrica en el país. "Las empresas tienen derecho a pedirlo, pero se exacerba el tema tomando ventaja sobre otros. Más en un contexto donde faltan dólares. El problema es cuando al conseguir la firma del juez se multiplica la mercadería que ingresa. Eso obliga al Estado a pagarlo y se le sacan dólares a todos los demás que capaz los necesitamos hasta para dar trabajo" señaló.
La Aduana se ha presentado ante el Juzgado de Feria del Contencioso Administrativo Federal para solicitar el tratamiento del caso. Además, continúa con la investigación de otras 17 destinaciones a nombre del importador, valuadas en USD 2,2 millones, por lo que se presume que el valor total de la maniobra podría ascender a USD 2,75 millones. "Somos
conscientes de que el mayor incentivo para estas maniobras es la brecha cambiaria. El ministro de Economía está tomando medidas al respecto, pero
mientras tanto mi tarea, como la del administrador federal y del ministro de Economía es
fortalecer los controles", sentenció Michel.
Informe: Diego Castro Romero
