El inicio del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa y hace unos días la golpiza a Alfieri Fresno, el basquetbolista de Racing Club atacado en la ciudad de Mar del Plata, ambos casos motivados por odio racial, han puesto nuevamente al racismo en el debate público. Es bueno reflexionar colectivamente de qué hablamos cuando hablamos de racismo, cuál es la relación entre las categorías de raza y clase y cómo el racismo impacta en nuestro sistema de Justicia.

El racismo suele entenderse como actitudes y comportamientos negativos hacia las personas debido a su pertenencia etnico-racial. Por ejemplo, los asesinos de Fernando gritándole “negro de mierda”. Lo que en nuestra sociedad no se llega a discernir, es que ésta es la dimensión individual o interpersonal del fenómeno del racismo. En el caso de Fernando, mucho se ha dicho también sobre el odio de clase que influyó en el ataque, entendiendo que esa expresión en nuestro país es un prejuicio clasista más que racista. Sin embargo, la noción de raza y clase están estrechamente relacionadas y se influyen mutuamente. A menudo, se considera que la raza es un factor determinante en la clase social a la que una persona pertenece, y la clase a su vez puede influir en las oportunidades y desafíos que una persona enfrenta debido a su pertenencia racial.

En la Argentina se abolió de manera formal el sistema de castas colonial, pero a pesar de la independencia y de la instauración de la república, no se alteró el orden existente en los hechos, por lo que sobre la estructura del sistema de castas se montaron luego las clases sociales, al ritmo del desarrollo del capitalismo y de la consolidación del estado argentino. La base de la escala social siguió conformada por los mismos cuerpos de la base del sistema de castas: los afrodescendientes y los pueblos originarios; los españoles y eurodescendientes permanecieron en los estratos más altos. Los feminismos negros y decoloniales nos han enseñado que la raza, el género, la clase, entre otros factores, interactúan de manera dinámica y simultánea, generando desigualdades y opresiones que se superponen y se refuerzan mutuamente.

El racismo se expresa también en otras dimensiones, más complejas y no tan visibles en su materialización cotidiana: el racismo institucional y el racismo estructural. En esta ocasión me concentraré en la dimensión institucional del racismo. El racismo institucional se refiere a las políticas, prácticas y actitudes dentro de una organización, que perpetúan la desigualdad racial a pesar de las intenciones de los individuos involucrados. El racismo institucional no necesariamente requiere la presencia de prejuicios negativos o discriminación consciente, sino que se refiere a cómo las instituciones reproducen la desigualdad racial de manera sistemática. Por ejemplo, un sistema educativo que no proporciona igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes, un mercado laboral donde las personas racializadas tienen menos oportunidades de empleo y promoción, o un sistema de justicia que tiene una tasa de encarcelamiento desproporcionadamente alta para personas no blancas.

Un ejemplo de racismo institucional, que desde algunas organizaciones antirracistas venimos sosteniendo hace años y que últimamente ha sumado consenso, es el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional que dice que el estado argentino fomentará la inmigración europea. Ese artículo se origina en el racismo individual, en los prejuicios racistas de Juan Bautista Alberdi, la mente detrás de nuestra carta magna, quien justificaba la ley de esta manera: “Poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa civilizada. Por eso he dicho en la Constitución que el gobierno debe fomentar la inmigración europea. Pero poblar no es civilizar, sino embrutecer, cuando se puebla con chinos y con indios de Asia y con negros de África”. 

Una vez que ese prejuicio se convierte en ley, forma parte de una política pública y entra en la dimensión institucional.

Cabe preguntarse cómo opera el racismo en su dimensión institucional en relación al crimen de Fernando. Hay que mirar, entonces, hacia el sistema judicial. Ibram X. Kendi, autor de "Cómo ser antirracista" dice: "Los asimilacionistas creen es el mito posracial de que hablar de raza es racismo, o de que si dejamos de identificarnos por la raza, entonces el racismo desaparecerá como por arte de magia. No se dan cuenta de que si dejamos de usar categorías raciales, no podremos identificar la desigualdad racial. Si no podemos identificar la desigualdad racial, no podremos identificar las políticas racistas. Si no podemos identificar las políticas racistas, no podremos desafiarlas. Si no podemos desafiar esas políticas racistas, entonces se alcanzará la solución final del poder racista: un mundo de injusticia que ninguno de nosotros podrá ver, aún menos resistir. Acabar con las categorías raciales es potencialmente el último paso y no el primero, en la lucha antirracista".

En Argentina no contamos con estadísticas racializadas en nuestro sistema de justicia. Sin embargo, los que hemos conocido alguna cárcel o dispositivo gubernamental de intervención para adolescentes en conflicto con la ley, podemos decir que si existieran estadísticas desagregadas racialmente, quedaría en evidencia que la mayoría de la población carcelaria de nuestro país es, actual e históricamente, de origen indígena y/o afrodescendiente. Y los administradores de la justicia seguramente sean, en su mayoría, argentinos eurodescendientes. O dicho en criollo: negros, indios y gauchos deshumanizados en las cárceles, blancos en la administración de la justicia, en el poder. En el caso de los asesinos de Fernando, por ascendencia étnico-racial y de clase, les cabría estar entre los administradores de justicia más que en el banquillo de los acusados. Pero su crimen quedó registrado por las cámaras, tan explícitamente, tan inocultable, que el sistema no pudo salvarlos del banquillo. Lo que sí pudo hacer el sistema por ellos, es aplicar una doble vara.

De esta manera los acusados por el crimen de Fernando Baez Sosa han recibido por parte del sistema judicial, un trato preferencial desde el primer momento. Un ejemplo de ello es la condición de privilegio en que se encuentran detenidos. Si bien desde lo formal aparenta ser un confinamiento regular, los números y la realidad lo desmiente. En un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de mayo del 2022, ésta reconoció que el sistema de encierro provincial se encuentra en una situación crítica, con una sobrepoblación del sistema penitenciario de la provincia, sin precedentes. Según un comunicado del CELS, la población alojada en el Servicio Penitenciario Bonaerense creció un 44 por ciento en los últimos diez años. Actualmente supera las 50 mil personas, en un sistema que tiene capacidad declarada para albergar alrededor de 25 mil personas. Es decir, la ocupación se encuentra por encima del 200 por ciento, generando un estado de hacinamiento y falta de condiciones mínimas que implican una grave violación a los derechos humanos.

En este contexto, los acusados de asesinar a sangre fría a Fernando han logrado, en todo momento, ser mantenidos al margen de esta situación. Por ejemplo, en su último destino, la Alcaidía Departamental La Plata 3, ocupan 4 celdas contiguas con capacidad de dos personas cada una, y no tienen contacto con otros detenidos. Y todo esto bajo el argumento de mantenerlos protegidos luego de denunciar acoso y maltratos por parte de los otros presos. Las preguntas que debemos hacernos son ¿acaso los ocho rugbiers de Zárate son los únicos detenidos que sufren acoso y maltratos? ¿A los demás detenidos del colapsado sistema penitenciario bonaerense también se les garantiza estas condiciones? El premio Nobel de Paz Nelson Mandela dijo alguna vez: “Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más marginados.”. Pues a los acusados del crimen de Fernando, se los ha puesto en una burbuja de privilegio entre los marginados.

Que el pedido de justicia para Fernando y todas las víctimas que el racismo se cobró y se cobra a diario, nos permita romper el silencio histórico en torno al tabú del racismo en nuestra realidad y sostener el debate público que nos merecemos.