Más de 1.000 bolsonaristas pueden ser acusados por la invasión al palacio presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal de Brasilia, una semana después de la investidura de Lula da Silva como presidente de Brasil. Un fiscal encargado del caso describió el proceso bajo condición de anonimato para AFP. Los detenidos son más de 2.000 personas aprehendidas inmediatamente después de los saqueos que habrían sido organizados por el expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro.

De esos, unos 300 fueron detenidos en el lugar de los hechos y la mayoría durante la redada a un campamento de bolsonaristas, a 8 kilómetros de las sedes de los poderes públicos, a donde habían regresado luego de participar en el asalto. Nueve días después, unos 1.400 siguen bajo custodia. Los hombres están recluidos en la cárcel Papuda en Brasilia y las mujeres en Colmeia, ambas sobrepobladas a consecuencia de esto. Cinco días después de los disturbios, Papuda albergaba a 2.139 presos, por encima de los 1.176 de su capacidad.

Colmeia tenía 1.148 detenidas, para una capacidad 1.028. Los acusados por la invasión están separados del resto de los presos. "Muchos de ellos son de otros estados, otras ciudades y van a ser transferidos fuera de Brasilia" en los próximos días para esperar el juicio, según el fiscal anónimo.

Más de 600 detenidos ya han sido liberados mientras siguen las investigaciones. La mayoría son personas mayores, mujeres embarazadas o madres con niños pequeños.

Las acusaciones 

El magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está a cargo de la investigación de los disturbios. Los detenidos enfrentan varios cargos bajo la categoría de "actos antidemocráticos". Estos incluyen asociación criminal, intento de subvertir el orden democrático, participación en un intento de golpe de Estado e incitación al crimen, según la Policía Federal.

Entre los crímenes más serios, la participación en un "golpe de Estado" prevé una posible sentencia de hasta 12 años de cárcel, según el código penal brasileño. Poco después de los hechos violentos, miembros del gobierno, incluyendo el presidente Lula da Silva, mencionaron cargos por "terrorismo", que conlleva una pena máxima de 30 años de cárcel.

Sin embargo, según la ley, el crimen de terrorismo requiere que la acción se lleve a cabo "por razones de xenofobia, discriminación o prejuicio basado en raza, color, etnia o religión", mientras que los disturbios fueron de naturaleza política. "Es posible" que finalmente no se presenten acusaciones por "terrorismo", dijo el fiscal.

Primeras audiencias 

Hasta el martes se habían realizado 1.400 audiencias. Su objetivo es confirmar que los derechos y bienestar de los detenidos están siendo respetados. Debido al enorme número de acusados, todas las audiencias se hicieron por videoconferencia. Los jueces de Brasilia fueron auxiliados por magistrados de otros distritos. La parte acusatoria también fue reforzada con personal de otras regiones. "Fue una semana de 18 horas de trabajo todos los días", dijo el fiscal.

En total, unos cien fiscales federales trabajaron en los 1.400 casos con ayuda de 400 fiscales estatales. Cientos de defensores legales públicos y privados también participaron. "En una situación normal, si fuese un crimen normal, la audiencia de custodia debería ocurrir en 24 horas y un juez debería decidir inmediatamente", explicó el funcionario. "Pero hay una jurisprudencia que dice que en situaciones excepcionales, este plazo puede ser alargado. Este es un caso absolutamente excepcional; en unos mil casos, el Estado pidió la detención preventiva de los acusados, argumentando que todavía son una amenaza para el orden público. Si es concedida, la continuidad del encarcelamiento será evaluada cada 90 días. 

En el resto de los casos, los fiscales acordaron la liberación bajo fianza de los acusados o su reclusión domiciliaria a la espera del juicio. Será finalmente el juez Mora el encargado de decidir quién seguirá en prisión a la espera del juicio, y quién no. Con las audiencias casi finalizadas, la labor de presentar cargos se traslada ahora a la oficina del procurador general Augusto Aras, nombrado por Bolsonaro.

El lunes, la Fiscalía presentó sus primeros cargos contra 39 personas sospechosas de participar en los asaltos.

El futuro de los juicios 

La gran pregunta es si habrá un gran juicio contra todos los acusados, o varios pequeños. ¿Se presentarán todos ante el Supremo Tribunal Federal o los casos serán enviados a las cortes menores? Son preguntas aún sin respuesta. Lo que se sabe es que pasará mucho tiempo, quizás años incluyendo las apelaciones, para que el proceso legal corra su curso.