El conflicto comenzó en 2020, cuando la municipalidad de San Nicolás inició en la reserva Aguiar, en la zona costera cercana al casco urbano, obras no permitidas en su plan de manejo, que tiene rango de ordenanza. Desde entonces el destino del humedal y la franja costera que da al río Paraná está judicializado. Pero las obras, que incluyen un puente, ensanchamiento del camino de acceso e instalaciones permanentes en la playa, continuaron. Los primeros días de enero, la Suprema Corte bonaerense ordenó la clausura del predio. En abierto desafío a la decisión judicial, el pasado sábado 17 el municipio respondió con una fiesta electrónica en la zona de la reserva. Según los ambientalistas la fiesta tuvo impacto sonoro y lumínico sobre la biósfera. Consultados por este diario, no dudaron en considerarlo "una provocación" y afirmaron que esperan una audiencia judicial convocada en La Plata para febrero. 

Fabián Maggi es el abogado de la Comisión Nicoleña por el Ambiente (CoNA), que presentó la demanda por “acción de inconstitucionalidad de competencia originaria”, hace casi tres años. Esa demanda derivó en las recientes clausuras. Sin embargo, las obras no se detuvieron. “En la reserva se superponen la municipalidad y la provincia, porque hay zonas categorizadas como 1, rojo, y 2, amarillo, según la ley provincial 14888 de protección de bosques nativos”, declaró. Literalmente, se trata de “áreas de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”. La localidad cuenta con otras zonas donde podrían realizarse desarrollos inmobiliarios sin afectar la flora y fauna, pero los terrenos con vista o acceso al río son, evidentemente, mucho más caros y rentables.

Biodiversidad

La reserva natural Rafael Aguiar, creada por ordenanza municipal en 1960, protege unas 1500 hectáreas de ambientes característicos del delta medio, lindero a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. En los sectores moldeados por las periódicas crecidas del río, se encuentran bosques ribereños, pajonales y arbustales inundables. Entre su biodiversidad, destacan las aves. Recibe habitualmente la visita de científicos, estudiantes, turistas y amantes del avistaje. Aunque es administrado por el municipio, tiene jurisdicción provincial. La ordenanza número 8235 de 2010 incorpora a la protección un plan de manejo, desarrollado conjuntamente por el Museo de Ciencias Naturales y otras instituciones conservacionistas locales.

En mayo de 2020, en plena pandemia, un derrumbe del camino impulsó a la Municipalidad de San Nicolás, que gobierna el ahora cambiemita Manuel Passaglia -hijo del dos veces intendente Ismael Passaglia-, a realizar un proyecto de puesta en valor del parque. Incluía un ensanche de la zona del camino actual. Por eso motivo "deberán removerse algunos árboles para estos trabajos, los mismos serán replantados en zonas cercanas, a fin de mantener el paisaje del parque”, según informó entonces el municipio.

La obra implicó el ensanche del camino de 15 a 20.5 metros, en dirección a las lagunas existentes en el parque. La remoción de especies de árboles nativas desencadenó una rápida respuesta por parte del grupo ambientalista “Comunidad Nicoleña por el ambiente” (CoNA), que inició como plan de lucha un acampe a la vera del arroyo Yaguarón, en el ingreso al predio. Pero las obras nunca se detuvieron -hasta llegaron a “poner en valor” las playas y hacer un puente- y el conflicto, tampoco.

Playas contaminadas

Para Maggi, lo que ocurre expone claramente las prioridades e intereses de los Passaglia. “Facilitaron el acceso a las playas y pusieron instalaciones nuevas, en vez de hacer el mantenimiento necesario en ambas plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Hoy, tanto en la norte como en la sur, hicieron un by pass para evitar la planta, que a pesar de ser casi nueva está totalmente deteriorada, y vuelcan directamente al río. La misma municipalidad que te invita a disfrutar la playa, es la que contamina el agua del río que usan los bañistas. Tenemos pruebas de laboratorio de Prefectura Naval que confirman la presencia de escherichia coli y otras bacterias en los arroyos Ramallo y Del Medio. en las lagunas Esmeralda y Negra, muy por encima de lo aceptable para aguas recreativas Hay una causa abierta por esto.”

Consultado por los motivos de esta política, Maggi sostiene que “por ahora, la recuperación del acceso a la playa tiene mucha popularidad entre la gente, que no se entera todavía de la contaminación. Con esa legitimidad, pueden avanzar sobre lo que más les importa: los negocios inmobiliarios privados”. Toda la costa del Paraná, partiendo desde Rosario, está plagada de emprendimientos privados, por lo general lujosos, desarrollados sobre tierras originalmente públicas pero enajenadas con maniobras de dudosa legitimidad: hoteles cinco estrellas, loteo y countries.

Otro Nordelta

La preocupación de Maggi es que se replique el modelo de Nordelta, del que ya hay indicios. “Del lado continental, en la zona de la costanera alta, que está formada por barrancos, varios predios han sido cerrados con muros perimetrales. Los amigo del poder compraron ahí porque sabían exactamente por dónde iba a pasar la obra pública y qué propiedades revalorizaría.”.

Muriel Engelbretch, concejala por el Frente de Todos, observa un patrón de conducta en esta gestión. “Hacen uso abusivo de la figura de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM). Lo hicieron con el autódromo, con el teatro, con el estadio único y van a aplicarlo a la reserva, que ahora rebautizaron como ecoparque. Así van enajenando el patrimonio de los nicoleños.”

El oficialismo local de Juntos por el Cambio cuenta con un bloque de 12 ediles sobre un total de 20, una mayoría tan amplia que facilita cualquier trámite legislativo. “Hace poco tuvimos una audiencia por la construcción del nuevo hospital público de zona oeste. El arquitecto pertenece al Grupo Oroño, el mayor grupo de clínicas privadas de Rosario”, ejemplifica. Y agrega: ”No tengo dudas, quieren hacer otro Nordelta”.

De la construcción de ese estadio, le quedaron al intendente dos causas que tramitan en los tribunales federales de Rosario, una por enriquecimiento ilícito y otra por malversación de fondos públicos. Hay una audiencia programada para el próximo 14 de febrero, en la que el intendente deberá presentarse a declarar.

Una cuestión que desvela a los ambientalistas es quién es el socio capitalista mayoritario. Otro miembro del bloque opositor afirma que “los Passaglia son expertos en dibujo y contabilidad creativa, pero una obra de esta envergadura no se financia reorganizando partidas municipales". 

Dice un dirigente del Frente de Todos: “Alguien más está poniendo y mucha. Eso significa que está todo vendido o al menos apalabrado. Y no cualquiera desobedece abiertamente a la Suprema Corte de la Provincia. Nunca, en más de dos años de causa judicial, se detuvieron los trabajos. Desde la costa veíamos, a lo lejos, los camiones”.

Federico Agudo es secretario de prensa y medios de la municipalidad. Consultado al respecto por Buenos Aires/12, sostuvo que "no hay ninguna clausura y las obras y el ecoparque están accesibles como siempre", a pesar de lo dispuesto en el acta 2023-01128149 del Ministerio de Ambiente. El pasado jueves, en la misma lìnea, el diario local Norte publicó un comunicado municipal informando que las playas estarán accesibles desde las 7 am y hasta las 22, horario en que se habilita el tránsito sobre el puente. 

Audiencia

El próximo 21 de febrero las partes volverán a verse las caras en una nueva audiencia en la Suprema Corte, en La Plata. Para Maggi, no está dicha la última palabra, ni jurídica ni políticamente. “Vamos a solicitar que se refuercen las medidas de control para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar”, anuncia. El abogado es conocido en la ciudad por su persistencia. Llegó a presentar un reclamo por el derecho al ambiente sano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.