La embestida política y mediática contra la participación del sindicato de camioneros en los controles de precios es la primera demostración de su importancia. Si no fuera relevante, no habría tanto escándalo. Ampliar la intervención de la sociedad civil en la lucha contra los abusos empresarios abroquela a los poderes que se sienten amenazados. No les resulta indiferente, ni una cuestión secundaria, porque saben que la demanda también juega. Hay sobrados antecedentes nacionales e internacionales que lo demuestran.

Un ejemplo de estos días de la enorme trascendencia que tiene para sectores concentrados que el consumidor no sea consciente de su poder para sacudir mercados lo ofrece la industria láctea. En los principales supermercados del área metropolitana de Buenos Aires han aparecido ofertas de yogures con rebajas sustanciales, de hasta un tercio de su valor habitual. La razón es el desplome del consumo que registraron las empresas después de los fuertes aumentos de precios de los últimos tres meses, que los llevaron a formar parte de los 20 artículos que más se encarecieron de la canasta básica.

“Yogures y otros productos lácteos tienen fecha de vencimiento a los treinta días. Cuando llega el día 15 no valen más 100, valen 25. Las empresas se los quieren sacar de encima. Los rematan. En los últimos meses hubo aumentos desproporcionados que la demanda no convalidó, por eso vemos ofertas tan agresivas”, explica un especialista del área de retail, quien anticipa una desaceleración de las subas hasta que se acomoden las variables.

El caso responde a la ley de la oferta y la demanda, no a una acción coordinada de los consumidores en rechazo a una situación de abuso. ¿Pero qué pasaría si estas respuestas empezaran a tener ese sentido?

Amanda

Otro antecedente que responde parcialmente la pregunta es el de la yerba Amanda en Precios Cuidados. En este caso, por la positiva. Augusto Costa, ex secretario de Comercio Interior en 2014, cuando se tomó esa medida, lo relata en su libro “Todo precio es político”. El actual ministro de Producción bonaerense cuenta que el paquete de un kilo de esa marca era el único que formaba parte originalmente del programa, lo que desató una explosión de compras hasta provocar el desabastecimiento.

“Fue un caso emblemático. Con toda razón, la gente exigía poder adquirir la yerba del acuerdo, que era claramente más conveniente que el resto. Los faltantes, además, implicaban la ausencia de referencia en la góndola, lo que incentivaba a las otras empresas a aumentar los precios de la yerba. Con el tiempo, Amanda fue logrando incrementar su capacidad de oferta y las situaciones de desabastecimiento fueron cada vez menores”, recuerda. "En las siguientes revisiones del acuerdo fuimos incorporando otra versiones y marcas de medio y un kilo al mismo precio, que les permitieron a los consumidores disponer de mayores opciones y garantizar que el rubro yerba estuviera cubierto en las góndolas", completa.

Es un ejemplo de qué puede pasar cuando el Estado establece una alianza potente con la sociedad civil para resguardar los bolsillos populares en la puja distributiva. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner relató la experiencia en un acto en mayo del año pasado: “¿La primera hija de Augusto saben cómo se llama? Amanda. ¿Saben por qué? Por la yerba. Porque eran tales las discusiones que teníamos... Ustedes saben que la yerba es un ponderador muy fuerte en la estructura de precios al consumidor, pondera muy alto, igual que la carne, el pan, la harina, la leche”, explicó para referirse a la disputa dada con los formadores de precios.

Cuidados y Justos

“Lo que pasó con Precios Cuidados fue muy importante para demostrar qué pasa cuando la sociedad participa activamente de los controles de precios”, analiza el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada.

“La facultad de fiscalización, para labrar expedientes y sancionar incumplimientos está siempre en manos del Estado, tanto nacional, como provincial o municipal. Pero la importancia de armar un entramado con sectores organizados, como sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones de consumidores, entidades religiosas, clubes de barrio o pymes, y también con gente de a pie que se compromete y asume la tarea, es lo que marca la diferencia. Porque el Estado no puede estar en todos lados. La sociedad civil tiene que ser los ojos de la autoridad de aplicación, la que haga cumplir los acuerdos”, enfatiza.

Para eso, la decisión política que demuestre el Poder Ejecutivo es fundamental.

“La presentación de Precios Cuidados, en enero de 2014, fue en la Casa Rosada, en una conferencia de prensa que hicimos Axel (Kicillof), el jefe de Gabinete y los empresarios que formaban parte del programa”, señala Costa en su libro. “Distintas asociaciones de consumidores y organizaciones sociales y políticas se ocuparon también de hacer relevamientos en los comercios, lo que definitivamente sirvió para meterles más presión a las empresas participantes para cumplir con lo convenido. En muchos casos se dieron situaciones tensas entre los consumidores y los empleados de los supermercados, que no sabían cómo manejarse ante la queja de los clientes”, comenta.

En esa línea, Boada entiende que “la sociedad civil puede tener iniciativas propias, pero sin la orientación política desde arriba generalmente terminan siendo testimoniales”.

En relación a Precios Justos, el gobierno del Frente de Todos parece ir haciendo ajustes sobre la marcha. La convocatoria a Camioneros para participar de la fiscalización es un ejemplo. El aumento en los montos de las multas para las empresas incumplidoras -que son numerosas, entre ellas algunas de las más grandes- dispuesto este viernes va en la misma dirección. El anuncio de que el acuerdo seguirá hasta fin de año también. La Secretaría de Comercio, además, prepara acciones para elevar la participación popular en los controles del acuerdo, más allá de la promoción en medios y redes sociales de la aplicación del celular. 

Multicausal

La inflación de 94,8 por ciento de 2022 dejó en evidencia que la disparada de precios responde a múltiples causas, no solo al aprovechamiento de posiciones dominantes de empresas líderes. Sin embargo, esa también es una razón y que exista participación popular para controlar precios debe ser valorado como una herramienta destacada para combatirlo.

"En provincias donde los controles son escasos o nulos, los abusos son mayores. Lo vemos a diario en la asociación. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una veintena de intendencias que hacen un trabajo excelente de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Allí las empresas se cuidan más. Es muy notable la diferencia", ilustra Boada.

En su último informe, la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Alvarez Agis, se pregunta si la inflación de abril podrá empezar con 3, como plantea Sergio Massa en su búsqueda de bajar la espuma del índice de precios. La respuesta es la siguiente: 

"Aunque el objetivo es complejo, no es de imposible cumplimiento. Pero creemos que tienen que pasar varias cosas a la vez: no se tiene que desordenar la macroeconomía; es decir, que la política fiscal y monetaria tienen que seguir en línea con lo trazado en el acuerdo con el FMI. Se tiene que afinar la coordinación empresas-sindicatos para que los incrementos salariales se acomoden a la nueva nominalidad. Tiene que haber divisas para abastecer la demanda de importaciones. Y el contexto externo, como mínimo, tiene que mantenerse neutral para emergentes, sin presión de precios de los commodities ni flujos de capital que compliquen la estabilidad cambiaria", menciona, entre los aspectos principales.

Que los acuerdos de precios se cumplan también es un requisito, y para eso, los consumidores tienen que saber que son parte del partido. Que los controles de la sociedad civil son clave, y el Gobierno debe estimularlos mucho más.